Caracas (EFE).- El Gobierno de Venezuela extendió por dos semanas más la medida de reducción de la jornada laboral en las instituciones públicas del país para, dijo, mitigar los efectos de la crisis climática que han afectado los embalses que producen electricidad en la región andina.
La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, anunció la extensión de la medida por lo que los organismos públicos mantendrán su horario de 08.00 hora local (12.00 GMT) hasta las 12.30 hora local (16.30 GMT), según reseñó el Ministerio de Energía Eléctrica en una nota de prensa.
Igualmente, se mantendrá la medida de 1×1, «que consiste en un día laborable por un día no laborable».
Durante el día laborable, prosiguió, los trabajadores públicos «complementarán su horario especial apoyando el fortalecimiento de las salas de autogobierno comunal, cumpliendo labores inherentes a la consolidación de los circuitos comunales como órganos fundamentales del poder popular».
Llamado a ajustar uso de energía
Rodríguez también exhortó al resto de los venezolanos a tomar medidas como ajustar la temperatura de los aires acondicionados, aprovechar la luz natural y desconectar aquellos equipos que no se están usando.
El Ministerio de Energía Eléctrica anunció el pasado 23 de marzo, en un comunicado, la reducción de la jornada laboral en los entes públicos por un lapso de seis semanas, por la sequía que ha afectado el nivel de agua de los embalses que generan energía eléctrica en la región andina.
El 30 de agosto de 2024, Venezuela vivió el apagón más largo desde marzo de 2019 -cuando la nación petrolera pasó varios días a oscuras-, tras sufrir un fallo eléctrico que cortó la energía en Caracas y en los 23 estados del país por el que el Gobierno responsabilizó, como en otras ocasiones, a la oposición mayoritaria.
El país sufre a diario fallas en el suministro de energía eléctrica, sobre todo en regiones alejadas de Caracas, de las que el Gobierno responsabiliza reiteradamente al antichavismo, pese a que militares vigilan las instalaciones de la industria, mientras que la oposición y expertos denuncian mala gestión, falta de mantenimiento y corrupción.
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