MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) –
Una jueza federal del estado de Maryland ha ordenado este jueves a la Administración Trump que facilite el retorno de un migrante venezolano de 20 años deportado el mes pasado a una prisión de El Salvador en el marco de las políticas de expulsiones masivas impulsadas por el magnate republicano.
La jueza del distrito de Maryland Stephanie Gallagher ha dictaminado que el migrante venezolano no debía haber sido deportado por las autoridades estadounidenses el pasado 16 de marzo debido a que tenía pendiente un caso judicial sobre su derecho al asilo.
La Justicia estadounidense determinó en virtud del caso que el joven, identificado en los documentos judiciales como Cristian, no podía ser expulsado del país hasta que se resolviese su solicitud, incluida dentro de una demanda colectiva presentada en 2019.
«Este tribunal ordena que faciliten el regreso de Cristian para que pueda terminar con el proceso al que tenía derecho según el acuerdo», ha detallado Gallagher en su fallo, quien ha otorgado protección al resto de los integrantes de la demanda colectiva, según ha recogido la cadena NBC News.
Esto se produce después de que la Justicia ordenara repatriar a Kilmar Abrego García, otro migrante deportado a mediados del pasado mes de marzo por un «error administrativo» pese que a un juez le otorgó en 2019 el estatus de protección temporal tras huir de su tierra natal, El Salvador, por la violencia de las pandillas.
Tanto la jueza federal de distrito Paula Xinis como el Tribunal Supremo han dictaminado que Ábrego García, acusado de formar parte de la organización criminal MS-13, la Mara Salvatrucha, fue detenido «sin base legal» y deportado a El Salvador «sin más proceso o justificación legal».
Organizaciones de derechos civiles han cuestionado la falta de garantías o directamente la legalidad de estas deportaciones, especialmente después de que un juez federal ordenara su paralización por considerar inadecuada la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley de finales del siglo XVIII que otorga poderes especiales al presidente y fue concebida para contextos de conflicto.
Los deportados desde Estados Unidos son internados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una cárcel de máxima seguridad ubicada en Tecoluca, en El Salvador, impulsada por el presidente salvadoreño Nayib Bukele.
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