Contempla medidas en ámbitos sanitario, jurídico, educativo y social, campañas de sensibilización y protocolos de actuación coordinados
MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) –
La Mesa del Congreso de los Diputados ha admitido a trámite una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), propulsada por la Asociación por el Bienestar de la Tercera Edad (ABTE) ‘Candelaria’ de Granada, que tiene como objetivo la aprobación de una Ley que garantice los derechos, la dignidad y la seguridad de las personas mayores, «estableciendo un marco legal específico para la prevención, detección, atención y erradicación de cualquier forma de maltrato hacia este colectivo».
«Las razones que nos impulsaron a presentar esta iniciativa ante el Congreso es solucionar un problema que está patente en nuestra sociedad. Es cierto que se ha legislado en beneficio de nuestras personas mayores, pero no se ha terminado de hacer el camino. Nosotros, como asociación que vela y asiste al mayor en todo, estamos detectando esta problemática, que es silente en la mayoría de los casos, que se detecta de una manera indirecta y que se produce dada la vulnerabilidad de este colectivo por cuanto la población es cada vez más longeva», esgrimen en un comunicado.
Los promotores de la ILP, a la que ha tenido acceso Europa Press, persiguen a través de una Ley específica erradicar estar problemática y que este asunto «de vital importancia» se trate como un Pacto de Estado entre todos los partidos que incida en los ámbitos de sensibilización y prevención; mejora de la respuesta institucional; perfeccionamiento de la asistencia, ayuda y protección a las víctimas; impulso a la formación de los distintos agentes; seguimiento estadístico; recomendaciones a las administraciones públicas y otras instituciones; visualización y atención de otras formas de violencia contra el mayor; y compromiso económico y seguimiento del pacto.
LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS
La Iniciativa Legislativa Popular para una Ley de Protección Integral contra el Maltrato a las Personas Mayores surge ante la creciente preocupación por las múltiples formas de abuso que sufre este colectivo, especialmente en entornos familiares e institucionales. La exposición de motivos señala que el envejecimiento de la población, unido a la falta de un marco legal específico, ha convertido a las personas mayores en un grupo especialmente vulnerable.
Así, la asociación recuerda que el maltrato –físico, psicológico, económico, social o por negligencia– constituye una violación grave de los derechos humanos, como reconocen organismos internacionales como la ONU, y requiere «una respuesta normativa sólida, transversal y específica para garantizar su dignidad, salud y bienestar».
Aunque en España existen normas que ofrecen cierta protección –como la Constitución, el Código Penal o la Ley de Dependencia–, los impulsores de la iniciativa legislativa aseguran que «resultan» insuficientes para abordar el problema de manera integral.
Los objetivos concretos son establecer un marco jurídico integral que garantice la protección efectiva de las personas mayores frente a cualquier forma de maltrato; asegurar el pleno ejercicio de sus derechos, en conformidad con los principios y normativas internacionales en materia de derechos humanos; fomentar la coordinación entre instituciones públicas, entidades privadas y la sociedad civil para desarrollar políticas eficaces de prevención, atención y reparación; fortalecer los sistemas de detección, denuncia y apoyo a las víctimas, asegurando mecanismos accesibles y adaptados a sus necesidades; y promover programas de sensibilización dirigidos a erradicar estereotipos y prevenir situaciones de abuso y discriminación.
La ley sería aplicable en todo el territorio nacional y garantizará la protección de todas las personas mayores de 65 años que sean víctimas de cualquier forma de maltrato, que se definirá como «cualquier acción u omisión que cause daño físico, psicológico, patrimonial o social a una persona mayor, vulnerando su dignidad, derechos o bienestar».
Además, se implementarán campañas públicas de sensibilización para promover el respeto, la protección y el cuidado de las personas mayores. Y los profesionales que trabajen con este colectivo recibirían formación específica y continua para identificar, prevenir y actuar ante situaciones de maltrato.
La ley permitirá también establecer protocolos de actuación obligatorios en centros sanitarios, residencias y servicios sociales para la detección temprana del maltrato, garantizando su notificación inmediata a las autoridades competentes. Y se garantizará asistencia jurídica, psicológica y social gratuita para las víctimas de maltrato.
La ILP también contempla además un régimen sancionador, con multas económicas, clausura temporal de los establecimientos responsables y suspensión de licencias de actividad, en función de la gravedad de la infracción cometida.
Por último, se insta al Gobierno para que, en el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, apruebe el reglamento que desarrolle todos los aspectos de la norma.
NUEVE MESES PARA RECOGER 500.000 FIRMAS
Una vez admitida a trámite en la Mesa del Congreso, la Comisión Promotora de la iniciativa deberá recoger al menos medio millón de firmas en un plazo de nueve meses, que podría ser prorrogado por tres meses. Las firmas deberán ser revisadas por la Junta Electoral Central para confirmar su validación.
La ABTE ‘Candelaria’, que recalca su carácter apartidista, invita a todos los sectores implicados a sumarse a este proceso participativo, que «busca construir una sociedad más justa, respetuosa y solidaria con las personas mayores». Como primer paso para lograrlo, los promotores de la ILP acudirán a las puertas del Congreso de los Diputados el próximo martes, 10 de junio, a las 12 horas, donde ofrecerán todos los detalles de la misma a los medios de comunicación.
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