El ministro de Cultura de España, Ernest Urtasun, acudirá a la manifestación del Orgullo en Budapest, prevista para el 28 de junio. “Hoy, he expresado mi apoyo a activistas de Hungría ante la prohibición del Orgullo de Budapest. Allí estaremos”, publicó este jueves en su cuenta de la red social Bluesky. Urtasun, de Sumar, ha confirmado este viernes el anuncio. La concentración que menciona aún no está convocada. Tampoco, asegurada su realización: el Gobierno ultraconservador húngaro de Viktor Orbán modificó en marzo una ley para poder prohibir la marcha.
El Parlamento húngaro, el 18 de marzo de este año, legalizó la posibilidad de restringir la libertad de reunión apoyándose en una norma de supuesta “protección de la infancia”, aprobada en 2021 y que prohíbe la representación pública ante menores de “la divergencia de la identidad de género correspondiente al sexo de nacimiento, el cambio de sexo o la homosexualidad”. Un argumento que quieren aplicar para vetar el Orgullo.
Tras la aprobación de la ley húngara, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió a Europa que no tolere la prohibición del Orgullo. “Europa no debe permitirlo”, escribió en redes sociales en español y en inglés. La prohibición a la manifestación aún no se ha hecho efectiva, pues se aplicaría después de que los convocantes pidan permiso para organizar el acto. En abril, el Parlamento Europeo avisó de que el veto húngaro, como ya había recordado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), atenta contra los derechos a “la no discriminación, la libertad de expresión y la libertad de reunión”.
“Estamos viviendo un ataque sin precedentes a los derechos humanos. Y lo más preocupante es que está ocurriendo en el corazón de Europa”, lamenta el diputado socialista Víctor Gutiérrez, que también asegura que va a acudir a Budapest el 28 de junio. “España debe jugar un papel fundamental en la defensa de los derechos del colectivo”, afirma el además secretario LGTBI+ en la Ejecutiva Federal del PSOE.
Gutiérrez ha mantenido conversaciones con varios europarlamentarios para que se unan a la comitiva. Y pide “una respuesta unánime y multitudinaria a este nuevo atropello al colectivo LGTBIQ+ por parte de Orbán”: “Llenaremos las calles de Budapest como muestra de solidaridad con la comunidad LGTBIQ+ del país y alzaremos la voz para pedir libertad, justicia y dignidad, y que se respeten los derechos humanos”.
Por su parte, el Congreso de Países Bajos ha pedido que una delegación gubernamental acuda al Orgullo de Budapest. Los diputados neerlandeses quieren evidenciar que la norma aprobada por el Ejecutivo de Orbán contraviene los valores de libertad, Estado de derecho y democracia que cimentan la Unión Europea. La moción, aprobada en La Haya este jueves, cuenta con el apoyo de tres de los cuatro partidos de la coalición de derecha y extrema derecha que ostenta el poder. Han votado en contra los ultras del Partido por la Libertad (PVV), liderados por el radical Geert Wilders.
“La Comisión Europea no está reaccionando”, lamenta Eszter Polgári, abogada y responsable jurídica de Háttér Society, la principal organización LGBTI+ de Hungría. “Está esperando a los Estados miembros”, agrega. Visita Madrid, acompañada de la ONG Reclaim, en una misión para denunciar los ataques al colectivo en el país centroeuropeo. “Lo que pase en Hungría afecta a toda Europa”, afirma.
Hace cinco años, Hungría comenzó a importar las leyes en contra de las personas LGTBI+ introducidas por Vladímir Putin en Rusia a partir de 2013. Se convirtió en el primer país de la UE en seguir esa senda. Le han seguido Bulgaria, Rumania y Eslovaquia. Todas las legislaciones contra las personas LGTBI+ aprobadas disfrazan la represión de derechos como medidas que supuestamente buscan proteger a la infancia.
Así, la norma húngara “contra los delincuentes pedófilos”, además de equiparar pedofilia con homosexualidad, prohíbe mostrar información sobre la realidad LGTBI+ a los menores. Es decir, que no pueden aparecer referencias en medios de comunicación, libros, escuelas, anuncios de publicidad, series… En 2023, 16 Estados miembros, el Parlamento Europeo y la Comisión se unieron para llevar esta ley ante el Tribunal de Justicia de la UE. El 19 de noviembre de 2024 se celebró la audiencia del caso, “la mayor batalla judicial en materia de derechos humanos en la historia de la UE”, resumen desde Reclaim. La sentencia se espera para otoño de 2025.
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