Nueva York (EFE).- El presidente Donald Trump hizo este domingo una férrea defensa de las criticadas políticas que puso en marcha en su segundo mandato en la Casa Blanca, entre éstas la de deportaciones masivas de inmigrantes sin estatus legal, sin que se cumpla con el debido proceso de ley como establece la Constitución de Estados Unidos.
En una entrevista con «Meet the Press» de la cadena NBC, realizada en su residencia de Mar-a-Lago en Florida y emitida este domingo, Trump se distanció de las críticas de violación a los derechos de los detenidos al señalar que no está involucrado «en la legalidad ni en la ilegalidad» porque el asunto está en manos del Departamento de Justicia.
«Tengo abogados que se encargan de eso, y por eso tengo un excelente Departamento de Justicia», afirmó y recordó que él no es abogado al ser cuestionado por la afirmación de su secretario de Estado, Marco Rubio, de que toda persona en este país tiene derecho al debido proceso, según declaró en el mismo programa de televisión.
El presidente contestó que de adherirse a ello implicaría que tendrían que realizar una gran cantidad de juicios que retrasarían las deportaciones, que fue una de sus principales promesas de campaña.
«Tendríamos que tener un millón, dos millones o tres millones de juicios. Tenemos miles de personas, algunos asesinos, otros traficantes de drogas y algunas de las peores personas del mundo y más peligrosas de la Tierra, y fui elegido para sacarlos de aquí, y los tribunales me impiden hacerlo», reiteró Trump, que ha justificado esas deportaciones alegando que estos inmigrantes tienen récord criminal, pero muchos lo han rechazado.
Las deportaciones masivas del Gobierno Trump
Las deportaciones rápidas han llevado a muchos inmigrantes a la cárcel de máxima seguridad en El Salvador, incluso del ciudadano Kilmar Ábrego García, a quien un tribunal ordenó que lo regresaran a EE.UU., lo que aún no ha ocurrido.
A Trump se le preguntó si como presidente debía respetar la Constitución de EE.UU, a lo que contestó con un «no lo sé» y nuevamente refirió el tema a su Departamento de Justicia, al frente del cual nombró a Pam Bondi.
«No lo sé, debo responder diciendo, repito, que tengo abogados brillantes que trabajan para mí y que obviamente van a seguir lo que dictamine la Corte Suprema», insistió el líder republicano, que ha basado sus deportaciones rápidas al invocar la antigua Ley de Enemigos Extranjeros, para expulsar del país a presuntos pandilleros venezolanos del Tren de Aragua y a otros inmigrantes alegando que han cometido delitos.
En este tema migratorio también indicó que no dejará sin efecto la emergencia que decretó en la frontera sur del país poco después de jurar al cargo el pasado 20 de enero, aunque insistió que la emergencia ahora es expulsar a inmigrantes indocumentados.
«La gran emergencia en este momento es que tenemos miles de personas que queremos sacar, y tenemos algunos jueces que quieren que todos vayan a los tribunales», sostuvo y afirmó que «no, no, no» levantará su decreto de emergencia en el cruce fronterizo entre EEUU y México. «Tenemos una emergencia masiva en general», afirmó.
La defensa de los aranceles
También defendió su criticada política de aranceles, que ha estado marcando las operaciones de la Bolsa, creado conflicto con socios comerciales y preocupación entre los estadounidenses, a quienes dijo que se trata de un proceso de transición y que todo estará bien.
Aseguró que el país estaría «bien» en caso de una recesión de corto plazo en camino a lo que él predice que, a largo plazo, será una economía vigorosa cuando sus políticas surtan pleno efecto.
Pero también les recomendó a los estadounidenses a ser austeros porque «no necesitan tener 30 muñecas. Pueden tener tres. No necesitan tener 250 lápices. Pueden tener cinco», afirmó.
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