Europa está viviendo uno de los cambios más profundos de su historia reciente: una reconfiguración de su modelo energético y económico para afrontar la crisis climática. Este proceso, impulsado por el Pacto Verde Europeo y reforzado con los objetivos climáticos para 2030, no será solo tecnológico o ambiental, será, sobre todo, social. Porque de nada servirá descarbonizar la economía si ese avance deja atrás a millones de personas.
Una de las medidas más significativas y potencialmente controvertidas del paquete Objetivo 55 es la extensión del mercado de derechos de emisión de la Unión Europea (ETS) a sectores como el transporte por carretera y los edificios, a través de lo que se conoce como ETS2. A partir de 2027, este nuevo régimen aplicará un coste por cada tonelada de dióxido de carbono emitida en estos sectores, lo que se traducirá en un incremento del precio de los combustibles fósiles utilizados para calefacción (como el gasóleo o el gas natural) y para el transporte privado particular y profesional.
Esta medida es esencial para cumplir con los objetivos climáticos, ya que los sectores afectados representan más del 50% de las emisiones de dióxido de carbono en España, y hasta ahora quedaban fuera del sistema de pago de emisiones. Pero también implica un riesgo evidente de agravar la desigualdad, afectando más duramente a quienes menos recursos tienen para adaptarse: personas que viven en viviendas mal aisladas dependientes aún de los combustibles fósiles, en zonas sin alternativas de transporte público o que dependen de vehículos antiguos y muy contaminantes para su movilidad cotidiana o para el desempeño de su actividad profesional.
Para contrarrestar estos efectos, la Unión Europea ha creado el Fondo Social para el Clima (FSC), una herramienta cuyo objetivo es garantizar que la transición energética sea equitativa, justa y no deje a nadie atrás. Dotado con 65.000 millones de euros entre 2026 y 2032, el fondo se nutrirá de los ingresos del propio ETS2.
A España le corresponde el 10,52% del total europeo, lo que se traduce en unos 6.800 millones de euros procedentes del fondo europeo, que deberán complementarse con al menos un 25% adicional de fondos nacionales. En total,el FSC en España alcanzará los 9.000 millones de euros durante ese período. Una cifra muy significativa, que puede y debe emplearse para apoyar de forma directa a los hogares vulnerables, usuarios vulnerables del transporte y microempresas que se verán más afectadas por la subida del coste de los combustibles fósiles.
Los fondos podrán destinarse a actuaciones estructurales como la rehabilitación energética de viviendas, la electrificación del transporte por carretera y la mejora de la movilidad sostenible, el acceso a energías renovables o la sustitución de sistemas de calefacción contaminantes por bombas de calor, entre otros. De forma complementaria y temporal, también se permitirán ayudas directas a la renta, pensadas para aliviar el impacto inmediato del aumento de precios hasta que las soluciones estructurales estén disponibles.
Pero para poder utilizar esos fondos, los Estados miembros deben presentar en los próximos meses un Plan Social para el Clima (PSC) que detalle qué medidas van a implementar, cómo van a garantizar que lleguen a quienes más lo necesitan, cómo evitarán efectos regresivos y cómo se coordinarán con otros programas existentes. El plan debe estar aprobado por la Comisión Europea antes de finales de 2025, para que las ayudas puedan ponerse en marcha a partir de 2026.
España parte de una situación especialmente delicada. Somos uno de los países con mayor porcentaje de población en riesgo de pobreza energética en Europa. Muchos hogares destinan una parte desproporcionada de su renta a calefacción, viven en edificios ineficientes o no tienen acceso a alternativas limpias de movilidad. A esto se suma la precariedad energética y de transporte en zonas rurales y periurbanas, donde el coche privado es a menudo la única opción para acceder a servicios básicos o al empleo.
En este contexto, el Fondo Social para el Clima no es un simple fondo de ayuda, sino una herramienta estratégica para corregir desigualdades estructurales, reforzar la resiliencia social y acelerar la transición ecológica desde la base. Si se gestiona bien, puede mejorar la calidad de vida de millones de personas, reducir la pobreza energética y la pobreza en el transporte, reforzar la salud pública y crear empleo local ligado a la rehabilitación, las energías limpias o el transporte sostenible.
Pero si se gestiona mal —si se retrasa, si se convierte en un plan burocrático, si no se escucha a los afectados— puede convertirse en una oportunidad perdida o, peor aún, en una fuente de frustración social. La experiencia de países donde los costes de la transición se han percibido como injustos —basta recordar el movimiento de los chalecos amarillos en Francia— nos enseña que el apoyo social al Pacto Verde Europeo depende, en gran parte, de que haya participación real (amplia, temprana y efectiva) y justicia climática.
Por eso, desde la Alianza por un Plan Social para el Clima justo para usuarios y microempresas vulnerables del transporte y la Alianza por la Rehabilitación de Viviendas sin dejar a nadie atrás, estamos impulsando un proceso de debate abierto, transparente y participativo sobre cómo debería diseñarse el Plan Social pen España.
La primera gran cita, el próximo 26 de mayo, reunirá a representantes gubernamentales de tres ministerios, portavoces de grupos parlamentarios del Congreso y representantes de la sociedad civil. Todo ello en un debate abierto a la ciudadanía, porque de nada sirve unir voces expertas si estas no escuchan las demandas sociales de la población. Necesitamos que de este encuentro salgan las primeras bases sólidas para un Plan Social por el Clima que no deje a nadie atrás.
Aún estamos a tiempo. España puede ser un ejemplo de cómo usar el FondoSocial para el Clima no solo para mitigar los efectos sociales de la descarbonización, sino para convertir la justicia climática en motor de transformación. Pero para ello hace falta ambición, coordinación entre administraciones, transparencia, seguimiento y participación real. Y, sobre todo, una visión clara: la transición no será justa si no se hace con las personas, para las personas y desde las personas.
Fuente: Noticia original
