Lima (EFE).- La publicación del reglamento de la ley que permite que se hereden los permisos temporales otorgados a la minería informal en Perú ha generado gran polémica, en medio de la crisis de seguridad que afronta el país andino por los delitos cometidos por bandas del crimen organizado vinculadas con esta actividad ilícita.
Este domingo, el Gobierno publicó el Reglamento de la Ley 32213, que amplía el plazo del proceso de formalización minera y establece nuevas disposiciones sobre el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
Sin embargo, medios locales alertaron de inmediato que en el reglamento se indica que, en caso de fallecimiento del titular de una inscripción en el Reinfo, esta puede transferirse por sucesión.
Además, permite que mineros informales inscritos en una concesión puedan trasladarse «por única vez» a otra concesión minera distinta a la declarada originalmente.
Congreso cita a ministro por aclaraciones
Tras conocerse estas disposiciones, la congresista Diana González, del partido derechista Avanza País, pidió al presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, Paúl Gutiérrez, que cite con urgencia al ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, para que explique «los alcances del reglamento».
«Permitir esta sucesión abre el camino a sectores que respaldan la minería ilegal disfrazada de informalidad», declaró González a la revista Rumbo Minero.
En respuesta, Montero solicitó asistir este martes a la comisión parlamentaria para informar acerca de las disposiciones que, según indicó, «requieren ser aclaradas para tranquilidad de la ciudadana», según señaló en un oficio publicado este lunes por medios locales.
En medio de la polémica, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales pidió eliminar la posible «herencia» del Reinfo y aseguró que no fue consultada por el ministerio para la elaboración de ese reglamento, a pesar de que tiene competencia directa en la fiscalización y supervisión del proceso de formalización minera.
Por su parte, el congresista Wilson Soto, del partido centrista Acción Popular, aseguró que la disposición es «inaceptable» y que el Ejecutivo se ha excedido en su reglamentación al «convertir la informalidad en un derecho familiar».
Un registro temporal creado en 2016
El Reinfo se creó en 2016 con carácter temporal, como uno de los mecanismos estatales para intentar reducir la informalidad minera, al establecer los requisitos para que los artesanales e informales puedan regularizar su situación legal.
A finales de 2024, el Congreso peruano aprobó una nueva ampliación por seis meses de este registro, una medida que fue criticada por expertos que consideraron que perpetúa la impunidad con la que operan los informales.
Datos del Ministerio de Energía y Minas, indican que solo el 4 % de los 85.000 mineros que buscan formalizar sus actividades son titulares de las concesiones en las que operan.
Ante la cercana finalización del plazo de ampliación del Reinfo, en junio próximo, los congresistas han planteado elaborar una nueva ‘Ley de la pequeña minería y minería artesanal’, conocida como ley MAPE, que será debatida en los siguientes días, aunque también ha sido cuestionada por supuestamente dar legitimidad a las actividades informales e ilegales en la minería.
El debate se incrementó desde que hace dos semanas fueron asesinados 13 trabajadores mineros en la provincia norteña de Pataz, que ha sido declarada en estado de emergencia para combatir a las organizaciones criminales que actúan aliadas con la minería informal en la zona.
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