MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) –
La Federación Empresarial de la Dependencia (FED) ha reclamado al ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que «retire de inmediato cualquier intento de regulación unilateral sobre los menús en centros residenciales» y abra un proceso de diálogo con las organizaciones representativas del sector.
«La alimentación en las residencias no puede convertirse en un campo de batalla ideológico. Es una cuestión profesional, técnica y humana. Y solo podrá abordarse con rigor si se cuenta con quienes conocen el terreno y lo trabajan cada día», subraya la FED en un comunicado.
Según asegura, «esta medida, comunicada sin ningún tipo de consulta previa ni reunión con el sector, supone un nuevo ejemplo de la política de imposición que desde hace tiempo viene practicando el Gobierno en materia de dependencia».
A su juicio, el Ministerio opta por «una solución ideológica, centralizada y alejada de la realidad» diaria de los centros de mayores.
Frente a ello, defienden que «la atención debe estar centrada en la persona» que «significa respetar sus gustos, creencias, cultura alimentaria, condiciones médicas y, por supuesto, sus derechos».
Además, desde la FED observan «con preocupación la creación de una alarma ficticia e injustificada en torno a los menús en las residencias» que, según aseguran «no se corresponde con la realidad del trabajo que se realiza cada día en los centros».
«Los menús actuales no solo cumplen con los estándares nutricionales establecidos, sino que también se ajustan a las preferencias y necesidades individuales de los residentes», afirman.
Por otra parte, consideran que decisiones como la restricción del uso de determinados productos como los congelados «evidencian un gran desconocimiento técnico».
«Los productos congelados no solo mantienen sus propiedades nutricionales, sino que, además, permiten una gestión más eficiente de los recursos, fomentan un consumo más racional, más seguro y reducen significativamente el desperdicio alimentario», aseguran.
Por todo ello, creen que la imposición de menús estandarizados no solo es una medida «injusta y técnicamente discutible», sino que «puede poner en serio riesgo la viabilidad económica de muchos centros».
«Cada residencia cuenta con estructuras de gestión, presupuestos y recursos distintos, y cualquier obligación normativa que no esté acompañada de financiación adicional solo contribuye a agravar la ya frágil sostenibilidad del sistema», advierte la FED.
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