La Administración de Donald Trump continuó este martes con su ofensiva ideológica para doblegar a la Universidad de Harvard al anunciar que recortará 450 millones de dólares adicionales (unos 400 millones de euros) de subvenciones provenientes de ocho agencias federales. La decisión llega casi un mes después de la congelación de 2.200 millones de dólares de fondos adoptada por el Gobierno estadounidense.
“La Universidad de Harvard ha fracasado repetidamente a la hora de afrontar la discriminación racial generalizada y el acoso antisemita en su campus”, dice un comunicado firmado por el Grupo de Trabajo Conjunto para Combatir el Antisemitismo, fuerza de choque de Trump para intervenir en la vida de las principales universidades liberales, al menos siete, del país.
El texto denuncia “una realidad terrible” en Harvard, “antaño símbolo de prestigio académico”: [la de los] estudiantes judíos sometidos a insultos generalizados, agresiones físicas e intimidación, sin que su dirección haga nada significativo al respecto”.
Trump acompañó el recorte de los 2.200 millones anunciado el pasado 15 de abril con la amenaza de suspender la exención de impuestos en vista de que la institución ha venido rechazando, a diferencia de Columbia, las demandas de su Administración para combatir un supuesto antisemitismo en el campus . “¡Recuerden: el estatus libre de impuestos depende totalmente de que se actúe para el interés público!”, escribió el presidente estadounidense en un mensaje en Truth, su red social.
En una carta enviada a las autoridades de Harvard la Administración de Trump había exigido que esta recortara la capacidad de estudiantes y miembros del claustro de intervenir en los asuntos de la universidad y que propiciara la denuncia inmediata a las autoridades federales de los estudiantes extranjeros que cometieran infracciones de conducta. También ordenaba la contratación de supervisores para garantizar que cada departamento académico tuviera “diversidad de puntos de vista”.
Expresamente, se indicaba la eliminación de las llamadas iniciativas DEI (siglas en inglés de diversidad, equidad e inclusión) y el señalamiento de estudiantes internacionales “que apoyan el terrorismo y el antisemitismo”. Esos requisitos se parecen a los que planteó a Columbia en marzo. La diferencia es que la universidad neoyorquina los aceptó, y además se plegó a contratar a un supervisor externo del Departamento de Estudios de Oriente Próximo, en el que se incluye el Centro de Estudios Palestinos.
Alan Garber, rector de Harvard, respondió a esas exigencias con un mensaje a la comunidad universitaria que advertía de que “ningún Gobierno, independientemente del partido que esté en el poder, debe dictar lo que las universidades privadas pueden enseñar, a quién pueden admitir y contratar, y qué áreas de estudio e investigación pueden llevar a cabo”.
“Aunque algunas de las demandas esbozadas por el Gobierno están dirigidas a combatir el antisemitismo, la mayoría representan una regulación gubernamental directa de las condiciones intelectuales en Harvard”, continuaba el escrito de Garber.
Los abogados de la universidad han impugnado en los tribunales la congelación de los fondos públicos. El juez ha citado a las partes para la presentación de sus argumentos orales a finales de julio, por lo que todo indica que el dinero seguirá congelado hasta entonces.
Además de ver su financiación amenazada, Harvard se enfrenta a otras investigaciones de la Administración de Trump, que acusa a la universidad de posibles violaciones de los derechos civiles en su manejo de las protestas propalestinas el curso pasado y de presunta discriminación por parte de la prestigiosa revista Harvard Law Review. Según la esa acusación, la publicación estudiantil escoge los autores contenidos atendiendo a motivaciones woke, verdadera obsesión del conservadurismo estadounidense.
Este lunes, Garber envió una nueva carta, esta vez a la secretaria de Educación, Linda McMahon. En ella, escribe: “Buscamos a los mejores profesores, investigadores y académicos en nuestras escuelas. No tenemos cuotas, ni basadas en raza, etnia ni en ninguna otra característica. No empleamos criterios ideológicos. No utilizamos declaraciones de diversidad, equidad e inclusión en nuestras decisiones de contratación”.
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