En el municipio de Llano del Beal (Cartagena, Murcia) los residuos mineros se mueven al ritmo del viento y del agua. Son los desechos inservibles y tóxicos de décadas de explotación en la sierra minera de Cartagena-La Unión, que se depositaron capa a capa hasta formar enormes montañas similares a pirámides aztecas, algunas de hasta 40 metros de altura, que ocasionaron un gran impacto medioambiental. Las partículas, muchas de ellas de metales pesados, se respiran, se posan en la piel e incluso llegan al mar Menor por escorrentía. El Ministerio para la Transición Ecológica ha iniciado una actuación para sellar 59 depósitos. Desde la plataforma de Afectados por los Metales Pesados lo agradecen, pero habrían preferido que se llevaran de allí los residuos con los que conviven.
María Medina, responsable de las obras en Llano del Beal, señala que retirar los desechos es “totalmente imposible” por el coste-beneficio. “Habría que trasladarlos a un vertedero de peligrosos y manejarlos adecuadamente, así que sería lo mismo que vamos a hacer aquí con el sellado, pero llevando el problema a otro lugar”, explica mientras camina por la ribera de la rambla de Mendoza, una de las vías por donde llegan los residuos al mar Menor cuando lleva agua.
La Confederación Hidrográfica del Segura ha edificado unos diques en el cauce para frenar su avance.
El sellado se complementa con la restauración hidrológico-forestal de un entorno pésimo para que crezca la vegetación. La base es un cóctel de restos de minerales, metales pesados y sustancias que se generan por reacciones químicas. Tal es la maraña que los técnicos que trabajan allí hablan de ella como de “la fiesta de la tabla periódica”.
Los vestigios de la actividad minera aparecen por todas partes en el entorno de Llano del Beal: terreras, escombreras, pozos, construcciones medio derruidas… Las explotaciones en esta sierra vienen de antiguo, de los cartagineses y romanos. La actividad se reactivó en el siglo XIX para luego decaer y regresar en los cincuenta con las explotaciones a cielo abierto. De allí se ha sacado plata, plomo, cobre, zinc, manganeso, hierro… Hasta que en 1991 cesó la actividad de forma definitiva, Portmán (la empresa que explotaba la zona) se marchó, indemnizó a los trabajadores y ahí se quedó todo. Sin que los vecinos fueran conscientes de su toxicidad.
Juan Ortuño, presidente de la Plataforma de Afectados por los Metales Pesados, se recuerda jugando con un cubo y una pala en la balsa Jenny ―un depósito de residuos mineros de unos 27 metros de altura situada a tan solo 40 metros de las casas del pueblo―, porque “era como arena de playa” y tirándose por la pendiente “con un plástico”. Ahora, con 45 años y el conocimiento acumulado, no se le ocurriría dejar a sus hijos hacer algo semejante. De Jenny solo queda un terreno vallado, los estériles de la mina se trasladaron a otro lugar, pero continúan existiendo problemas de contaminación.
Capas y capas de desechos
El ministerio ha comenzado con los terrenos de alrededor de El Llano, el depósito conocido como Descargador y otro llamado Brunita. En total, 76 hectáreas en las que va a invertir 46,8 millones de euros. Es la zona de influencia del mar Menor, en la que el ministerio puede actuar porque fue declarada de interés general por el Gobierno en 2021 tras los desastres ecológicos ocurridos en la laguna que se saldaron con impresionantes mortandades de peces.
En las inmediaciones de Llano del Beal “el depósito mayor tiene un par de metros de altura”. Nada que ver con el Descargador I, de unos 40 metros, que se alza a modo de pirámide escalonada tras una verja de malla para impedir el paso. “Son capas y capas de residuos, a lo que se añade que eligieron una ladera en vez de una vaguada como se hacía normalmente, y eso provoca que tenga un montón de caras”, describe María Medina.
A ello se suma la humedad que conserva en su interior porque los restos que se tiraban eran fangos (estériles mineros mezclados con agua), que con el tiempo se han solidificado. “Es como una tarta de 400.000 metros cúbicos, con una estructura muy inestable y en muchos sitios casi vertical, de donde pueden salir lixiviados ―líquidos que circulan entre los residuos, sobre todo en los vertederos― en cualquier lugar”.
Los planes son mover el terreno y lograr pendientes muy suaves, además de crear una matriz de pilotes de grava para estabilizarlo. Por último, se sellará con un material impermeabilizante con el fin de evitar que siga entrando agua. “Vamos a hacer una tarta más bajita y extendida para que no tenga ese riesgo de deslizamiento”, describe Medina. Las vistas del mar Menor son magníficas desde el Descargador I, donde ya han comenzado las obras.
Pedro Martos, gerente de la Fundación Sierra Minera, creada en 1998 para impulsar la recuperación patrimonial y medioambiental del entorno, explica que en toda la sierra existen 89 depósitos. “El ministerio solo actúa en las que afectan al mar Menor, pero está la otra vertiente, la del mar Mediterráneo, y es competencia de la Comunidad Autónoma, que en 2015 puso en marcha un plan para recuperación de suelos afectados que no ha terminado de cuajar”, añade. Por ese motivo, reclama que “se actúe en la otra cuenca de la misma forma que aquí”.
El ministerio no va a intervenir, sin embargo, en las cortas ―inmensos agujeros de minas a cielo abierto― porque los residuos que puedan quedar allí no llegan al mar Menor y el ámbito de actuación ministerial se justifica por el mal estado de la laguna.
Una de ellas, la mina la Sultana, se encuentra a unos 200 metros de Llano del Beal y “lo único que se ha hecho es poner ese montículo de tierra para evitar que los niños se acerquen y se puedan caer”, advierte a pie de la corta Martos.
“Todo eso es la mina, se iba haciendo por bancadas, había voladuras diarias y las casas del pueblo temblaban”, describe mientras observa el inmenso hoyo. “Se realizó un informe ambiental y se tendría que haber restaurado después del cierre, pero ahí está abandonada”, añade. Las advertencias se completan con carteles de “Prohibido el paso, peligro minados”, que se desparraman por toda la sierra.
Los vecinos del entorno han mantenido varias reuniones con Tragsa, la empresa encargada de los trabajos y sienten que “la disposición es buena”, pero les acompaña el miedo de años de luchar para librarse de los metales pesados.
En el pueblo no existía ninguna preocupación hasta que el geógrafo y edafólogo José Matías Peñas les advirtió de que los suelos contenían cantidades altas de metales pesados. “Nuestros padres y abuelos eran de aquí y aparte de que no se sabía, el pueblo vivía de eso”, comenta Rosa Lardí, que tenía niños en edad escolar en aquel momento. “Los niños jugaban en el patio del colegio donde salían sales de los minerales, y tras un estudio hecho en 2016 y 2017 y se acabó hormigonando el patio, no era lo que queríamos, pero sí lo más rápido”, concreta.
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