MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) –
Magistrados de Violencia sobre la Mujer han vuelto a avisar al Gobierno del «colapso inminente» en estos, tras la creación de 92 nuevas plazas para reforzar estas secciones.
Así, en un comunicado titulado ‘Del 8 de marzo al 4 de junio: de la advertencia al desastre anunciado’, recuerdan que el 8 de marzo alertaron de las «nefastas consecuencias» que podían derivarse de la ampliación de la competencia de los juzgados de violencia sobre la mujer.
«Advertimos que esto suponía una sobrecarga del 20% en Juzgados ya saturados sin medios suficientes ni refuerzos; señalamos que la entrada en vigor de esa nueva competencia sería el 3 de octubre de 2025, tres meses antes de que los Tribunales de Instancia estuvieran operativos, y alertamos de que esta ‘reforma a coste cero’ vulneraba los compromisos del Convenio de Estambul y ponía en riesgo la atención integral que merecen las víctimas», apuntan.
Para los magistrados, las plazas prometidas «no son ni mucho menos ese 50% que se anunció». En este sentido, han explicado que «son muchos» los partidos judiciales donde nada se crea, mientras que, en otros, se crea una plaza, «a cambio de agrupar partidos judiciales». Así, han indicado que en Madrid se crean tres plazas y en Barcelona, Málaga y Sevilla una, mientras en Valencia ninguna.
En cuanto a estas plazas, aseguran que «llegarán tarde o, en muchos casos, ni siquiera estarán disponibles si no se constituyen los Tribunales de Instancia».
En esta línea, explica que el real decreto dispone que, si llegada la fecha indicada -con carácter general, el 31 de diciembre de 2025-, «no estuviera constituida la Oficina Judicial en alguno de esos Tribunales de Instancia, la efectividad de la creación o transformación de plazas del Tribunal de Instancia en que concurra esa circunstancia, así como la efectividad de la agrupación de partidos judiciales que le corresponda, se diferirá hasta la fecha de efectiva constitución de la Oficina Judicial».
Igualmente, recalcan en el documento que «se está legalizando un modelo que rompe con la atención especializada y deja a las víctimas sin protección real».
También consideran que la respuesta que se dará a las víctimas será «más lenta, menos cercana, y mucho más estandarizada», lo «contrario» a lo que pretende el Ejecutivo.
Finalmente, exponen que el 3 de octubre de 2025, fecha de la entrada en vigor de las nuevas competencias, se convertirá en una «fecha negra». A juicio de los magistrados, será «el inicio del colapso judicial en violencia de género», el «fin» de estos juzgados y el «desmantelamiento» de la Ley de medidas de protección integral en materia de violencia de género.
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