MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) –
El presidente de la Organización Colegial Veterinaria (OCV), Luis Alberto Calvo, ha pedido una moratoria al Real Decreto que regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios.
«Si hay que derogarla, se deroga. En cualquier caso hay que prorrogarla y hacer una moratoria. Mientras estemos en conversaciones con algunas personas de acuerdo. Aquí lo que hace falta es que sea el mejor acuerdo que repercuta en la salud pública de todos», ha señalado en el Encuentro Informativo de Europa Press ‘La veterinaria, una profesión esencial para la sociedad’.
En este sentido, ha señalado que van a seguir impulsando movilizaciones hasta conseguir un diálogo con el Gobierno y ha recordado que han convocado una movilización frente al Congreso de los Diputados el próximo 7 de mayo para visibilizar sus reivindicaciones ante todos los grupos parlamentarios. «Esperamos que vayan veterinarios, pero esperamos que asistan los que sufren el problema: la sociedad», ha señalado, en referencia a los propietarios de mascotas cuyos animales se ven afectados por la normativa.
Calvo ha recalcado el «unánime sentimiento de discriminación y el sentimiento de desacuerdo» de los veterinarios con la Ley del Medicamento y con la implementación de la plataforma PRESVET. En este sentido, ha denunciado que este Real Decreto expone a los veterinarios a sanciones de «entre 3.000 y 60.000 euros» en muchos casos por prescribir medicamentos, y, además, «potencia la creación de resistencias antimicrobianas» por marcar una normas «excesivamente encorsetadas» para hacerlo.
«Solo con cooperación y diálogo abiertos será posible asegurar que la lucha contra la resistencia a los medicamentos no comprometa la atención veterinaria y la salud de los animales», ha enfatizado.
De esta manera, ha reclamado una mayor participación de los profesionales veterinarios en el desarrollo y aplicación de esta plataforma PRESVET de recogida de datos de medicamentos veterinarios y la disminución del protocolo tan «estricto» al que se enfrentan que «obliga en muchos casos a una sobrecarga exagerada de burocrática antes de prescribir cualquier cosa».
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