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El pasado 28 de febrero, el arzobispo de Pamplona y Tudela, Florencio Roselló, oficializó el cambio de rumbo de la Iglesia navarra ante los casos de pederastia al confirmar que la diócesis iba a indemnizar económicamente a las víctimas que hubieran sido reconocidas oficialmente por el Gobierno foral y que hubieran solicitado este tipo de reparación. Dichas indemnizaciones van a salir de los fondos de la Iglesia, pero con un matiz: los casos de abusos por sacerdotes “los reparará el Arzobispado” y, en los casos de congregaciones religiosas, “tendrán que repararlo ellos”. En cualquier caso, el Arzobispado se comprometía a mediar entre denunciantes y congregaciones. Con los Salesianos, no ha hecho falta. La congregación ha pagado ya la primera indemnización económica a una víctima navarra ―no ha trascendido la cuantía― y dirime ahora la cantidad a abonar a otro denunciante, con quien ya se ha comprometido a hacerlo.
Los dos han declinado hablar públicamente, pero en su lugar lo ha hecho Marcos Leyún (Pamplona, 76 años), presidente de AVIPIREN (Asociación de Víctimas de Pederastia en Instituciones Religiosas de Navarra). Satisfecho por estos pasos, Leyún ha destacado la labor “ejemplar” del portavoz de Salesianos y ha incidido en que el dinero no ha sido nunca una prioridad para los denunciantes, que han demandado fundamentalmente “verdad, justicia y reparación”.
Por ahora, son 14 los trámites que se están gestionando a través del Arzobispado navarro y que se refieren a cinco casos de pederastia en el seno del Colegio Diocesano del Puy de Estella y otros nueve correspondientes a otras congregaciones como Maristas, los Reparadores de Puente La Reina, Jesuitas y Escolapios.
“A gente externa puede parecerles que nosotros solo queremos dinero y es lo último que queremos, pero no debemos tener la menor vergüenza en aceptar indemnizaciones”. Así de claro se ha pronunciado Leyún al contar que la denunciante navarra ha recibido esta reparación económica, si bien ha aclarado que el primer objetivo de las víctimas “fue luchar contra la pederastia, sensibilizar a la sociedad y hacer que aquellos reductos donde se podían producir estos casos fuesen controlados”.
El presidente de la asociación ha destacado la labor de Salesianos, que se puso en contacto directamente con las víctimas para analizar sus denuncias. “Han tenido desde siempre una actitud ejemplar y magnífica con respecto a sus víctimas, mientras que con los demás no ha habido ni un paso. Ningún otro centro religioso se ha dirigido por ahora a los demás”, ha confirmado.
Leyún, que estuvo presente en la entrevista de la denunciante con la organización católica, recuerda que “fue una entrevista larga, exhaustiva”, que transcurrió en un clima de “respeto a la dignidad de la persona muy grande. Le dijo que, si alguna pregunta no quería contestar, que simplemente dijera no y, además, le avisó de que si en algún momento necesitaba hacer un receso o la emoción le embargaba, pues que podían parar sin ningún problema”.
Ese respeto se mantuvo, cuenta, durante las preguntas más duras, las referentes al lugar donde sufrió los abusos y a su agresor: “Llegó un momento en que las preguntas eran tan precisas para situar cómo habían sido los abusos, que yo le tuve que decir, ‘oye, mira, me parece que estás entrando casi en un terreno morboso’. Me dijo que sí y que si ella no las quería contestar, que no pasaba nada, pero que él necesitaba demostrar a su congregación que las acusaciones eran absolutamente ciertas”. Más allá de la indemnización económica, la denunciante también recibirá la ayuda psicológica que precise.
La cuantía de la indemnización se ha marcado desde la dirección nacional de la congregación y es la primera en concederse en Navarra. No será la última. El Arzobispado de Pamplona y Tudela ya ha comunicado que abonará las indemnizaciones precisas, pero al igual que el resto de las diócesis españolas, está esperando a conocer el dictamen de la Comisión Asesora de Reparación Integral, creada el 25 de septiembre de 2024. Hasta que no se pronuncie la comisión, apuntan desde la entidad, no habrá indemnizaciones para quienes sufrieron los abusos en el entorno de la diócesis o del Colegio Diocesano del Puy.
Los criterios para fijar dichas indemnizaciones no están claros y las peticiones de los denunciantes varían. Es una cuestión incómoda, reconoce Leyún. “Hay personas que creen que les ha destruido la vida y que por eso necesitan una cantidad de dinero enorme. Hay gente que incluso ha renunciado a lo que le han ofrecido porque demanda más”. Por ello, insiste en que “la fijación de indemnizaciones se debe hacer de una manera objetiva, que para eso hay peritos psicológicos forenses capaces de analizar las consecuencias que esos abusos han tenido en las personas y fijar qué dinero correspondería según esas afecciones”.
Añade otra cuestión: “Hay a quienes no les importa que no sea la iglesia la que les pague, lo que quieren es cobrar y les da lo mismo, por ejemplo, que pague el Estado. Una cosa a la que nosotros nos hemos opuesto permanentemente. Aún se habla de una comisión Estado-Iglesia para pagar a las víctimas, pero el Estado no es responsable civil subsidiario y la Iglesia tiene suficiente poder económico y capacidad como para pagar a todas las víctimas que ha generado. A todas”.
Leyún reconoce que ha existido un cambio de rumbo con el papado de Francisco y se muestra esperanzado con la elección de León XIV: “Esperamos que siga en la misma política que había marcado Francisco y que tenga menos oposición por parte de la curia de la que tuvo el Papa Bergoglio”. Sin embargo, evita hablar de optimismo: “Puede ser una palabra excesiva. Yo, como decía el difunto José Múgica, soy biológicamente optimista, pero analíticamente, no. No soy tampoco pesimista, pero creo que es una situación esperanzadora que hace cinco años, cuando empezamos, no lo era”.
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