El colegio concertado Nuestra Señora de Loreto de Valencia, regentado por la Fundación Educativa Santo Domingo, está sometiendo a una “vigilancia no explícita” a cinco alumnos que continúan estudiando en el centro educativo, tras ser acusados de cometer, presuntamente, una agresión sexual en grupo, cuando tenían entre 13 y 14 años, a un compañero de 13 durante un viaje escolar en marzo de 2023 a Benalmádena (Málaga). La víctima (y posteriormente sus hermanos) abandonaron el centro, que no se ha personado en la causa, a los tres meses de los hechos denunciados.
La Fiscalía de Menores de Valencia ha acusado a uno de los supuestos implicados, según avanzó el periódico Las Provincias. Dos son inimputables al tener 13 años ―no pueden ser investigados los menores de 14― cuando sucedieron las agresiones denunciadas a partir del testimonio del menor. El caso está pendiente de un recurso ante la Audiencia Provincial porque “la acusación particular quiere acusar a dos menores más”, según han señalado fuentes de la fiscalía a este periódico.
La directora del colegio religioso, que tiene 1.300 alumnos en Valencia, María Dolores Esteban, y la directora general de la Fundación Educativa Santo Domingo-FESD, Julia Moreno Rojo, han comparecido este lunes ante los medios de comunicación para dar explicaciones. Ante la pregunta de si los cinco supuestos agresores han sido expulsados o apartados del centro, han respondido que el colegio actuó en cuanto tuvo conocimiento de los hechos en junio de 2023 a través del informe de un psicólogo externo que había atendido al adolescente, muy afectado, y ya había dado parte al juzgado.
A partir de ahí, ambas han señalado que aplicaron la normativa de la Generalitat valenciana y las actuaciones han estado “supervisadas por la Inspección” de Educación. “Estos alumnos tienen un seguimiento por parte del tutor, de profesores y del departamento de orientación y no se ha detectado ninguna incidencia en dos años, ni cualquier conducta preocupante”, ha indicado María Dolores Esteban, directora del centro.
Esteban y Moreno han incidido en que cuando tengan una “resolución firme” por parte de las instancias judiciales adoptarán “todas las medidas”. “Los papás en junio no nos había dicho la causa, solo que el niño no se encontraba bien”, ha apuntado Moreno. Se enteraron al poco por el informe del psicólogo. El centro consideró que su “aportación”, puesto que no tenían “ni siquiera noticia de los hechos, no iba a ser relevante”, por eso decidió no personarse en la causa, porque ya estaba comunicada a las autoridades y la Inspección así lo ratificó, ha añadido.
La directora del centro ha negado que hubiera nada “destacable” que hubiera hecho pensar que la víctima sufría acoso escolar previo por parte de los compañeros. También ha rechazado que la anterior dirección de la asociación de madres y padres de alumnos hubiera dimitido por la gestión del caso.
Ambas representantes han reiterado que el centro no ha ocultado información y que se dio a conocer la denuncia desde el principio a los padres de las clases de segundo de ESO (ahora cursan cuarto) afectados.
No obstante, la familiar de una alumna, compañera en clase de algunos de los supuestos agresores, lamentaba esta tarde, a las puertas del colegio, “la falta de transparencia” de la dirección y que no se hubieran tomado medidas para evitar que los estudiantes denunciados compartieran aula con el resto.
Tras el regreso del viaje, la víctima convivió entre marzo y junio en el colegio con sus presuntos agresores, porque no se tenía conocimiento de los hechos denunciados, han señalado las responsables educativas. El año pasado, los alumnos de las clases afectadas no tuvieron viaje con pernoctaciones fuera de casa. Este curso hay programado uno y la directora ha dicho desconocer si los alumnos acusados se han apuntado. En este tipo de salidas, con estudiantes que comparten habitaciones e instalaciones, “no existe el riesgo cero”, a pesar de que la ratio de profesores supera lo exigido por la norma, según ha aseverado Moreno.
“No hay un reconocimiento expreso de los hechos” por parte de los menores y “hay un ejercicio de su derecho de defensa en el procedimiento judicial. Los padres de los alumnos están defendiendo lo que creen que son los derechos de sus hijos de la mejor forma que pueden y saben”, ha agregado.
En su declaración institucional previa, la directora de la fundación, que cuenta con 38 centros en España, ha reiterado la “condena más rotunda a todo tipo de abusos y violencia que afecten a menores” y ha mostrado su “solidaridad y tristeza al pensar que algo así ha podido pasar en una actividad organizada” por el centro. También ha expresado “nuestra solidaridad con las familias de los victimarios y el respeto a la presunción de inocencia, máxime en este caso, donde todos los implicados son menores y, por tanto, gozan de una mayor protección por su vulnerabilidad”.
Por su parte, la Consejería de Educación de la Comunidad Valenciana procedió, a petición de la familia, a cambiar de centro al menor que presuntamente fue agredido sexualmente. La víctima fue acompañada en la adaptación al nuevo centro, así como sus hermanos posteriormente, según ha manifestado a Europa Press fuentes de la administración educativa. Desde la consejería han explicado que la Inspección Educativa activó en su día la unidad especializada de orientación en el ámbito de convivencia y conducta, que “acompañó y asesoró tanto al centro como a la familia del menor”.
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