La epidemia de problemas de salud mental que vive España desde la crisis sanitaria de la covid tiene un reflejo claro en el mundo del trabajo: desde 2020, las bajas laborales por este motivo han crecido un 72%, hasta las 643.681 en 2024, según datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social. La mayoría de estos trastornos son cuadros leves de ansiedad y depresión, según un artículo que analiza las estadísticas, publicado en abril en la revista especializada Prevencionar.
José Manuel Vicente, director de la Cátedra Internacional de Medicina Evaluadora, Pericial y Laboral de la Universidad Católica San Antonio de Murcia y uno de los autores del artículo, subraya que las bajas por salud mental son solo una pequeña parte del enorme incremento de las incapacidades temporales, que han pasado de 4,7 millones en 2020 a 8,7 millones en 2024, un aumento del 85,1%.
En opinión de Vicente, las bajas están impulsadas sobre todo por el descontrol por problemas en la gestión ―“por burocratización, por el colapso de la seguridad social, y por la falta de control en tiempo y forma, que impide actuar sobre las desviaciones en la incidencia y duración de las bajas, y evitar el abuso y el fraude”― y por la desmotivación laboral, debida a las malas condiciones de trabajo, su deficiente organización, la deshumanización en los entornos laborales, los bajos salarios…
La salud mental supone algo menos del 10% de las incapacidades, pero son las terceras más largas (108 días de media), tras los tumores o los procesos cardiovasculares, y la segunda causa que supera el año, por detrás de los trastornos musculoesqueléticos. Las más afectadas (58%) son mujeres, sobre todo entre los 36 y 45 años, con los sectores de la sanidad y la educación como los más impactados.
Las bajas laborales se tramitan en su inmensa mayoría en Atención Primaria y muchos de estos trastornos de ansiedad y depresión son también tratados íntegramente por los médicos de familia. Verónica Olmo, coordinadora del Grupo de Trabajo de Salud Mental de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) explica que son procesos que se suelen alargar: “Los fármacos que se suelen recetar tardan dos o tres semanas en hacer efecto. Y después de eso hacemos una supervisión, porque suelen continuar, ya que subyacen problemas de la vida cotidiana ―económicos, familiares, laborales― que no se solucionan durante la baja. Pero llega un momento que no tiene mucho sentido alargarlas [cuando se tratan de depresión y ansiedad leve, o trastornos adaptativos] porque lo recomendable es volver a la actividad cotidiana”.
Olmo cree que las bajas en estos casos son un arma de doble filo: “Estás muy mal y necesitas parar, pero el hecho de estar 24 horas dándole vueltas a la cabeza no es bueno”. El problema es que, a menudo, estos trastornos están causados por el propio trabajo. “En estos casos, hablo con los pacientes y les planteo que si no tienen ningún tipo de satisfacción, ni económica, ni personal, ni profesional, igual tienen que plantearse dejarlo. O aceptas lo que tienes, te adaptas con tus más y tus menos, y vives con ello, o tienes que cambiar”, continúa.
El reconocimiento de estas bajas como contingencias laborales son mínimas, según Mariano Sanz, secretario confederal de Salud Laboral de Comisiones Obreras, y tampoco existe una adecuada prevención en los centros de trabajo. El sindicato pide que la ley establezca de manera más precisa los riesgos psicosociales para controlar las causas que puedan estar detrás o incrementar problemas de salud mental. “Algunas empresas ya lo hacen, y creemos que debería ser obligatoria para todas, igual que se hace con la seguridad en el trabajo, con métodos estandarizados y parámetros que puedan determinar los principales problemas relacionales, que pueden venir dados por la tecnología, por estilos de mando, por ritmos de trabajo”, señala.
Sanz alerta de que las tecnologías que se usan en muchos centros, que cada vez monitorizan más la actividad de los trabajadores, dónde están, a qué dedican su atención, pueden estar ocasionando parte de estos problemas de salud mental. “Estamos viendo que los nuevos puestos de trabajo quizás tienen menos riesgos físicos, pero más psicológicos”, razona.
La precariedad también tiene un destacado papel: el 80% de las bajas por salud mental se producen en este contexto, y es frecuente que en los diagnósticos se identifiquen consumo de tóxicos. El 61% de los trabajadores afirma estar desmotivado y el 45% tener excesiva presión en el trabajo, señala otro artículo de Prevencionar.
Sanidad y educación
En los sectores más afectados, Sanidad y Educación, llevan tiempo reclamando medidas. El Programa de Atención Integral al Médico Enfermo refleja que una cuarta parte de los facultativos que solicitan ayuda lo hacen por problemas de salud mental, sobre todo por trastornos adaptativos. La cifra coincide con la de un estudio del Instituto de Salud Carlos III publicado en 2024, que mostraba que un 24% de los médicos sufren el síndrome de burnout, un trastorno derivado del estrés crónico en el trabajo.
El estudio cita estrategias para combatirlo, como “cambios en los patrones laborales (tomar más descansos, evitar trabajo fuera del horario laboral, conciliación del trabajo con la vida personal), desarrollo de herramientas de gestión emocional (técnicas de gestión del tiempo, de resolución de conflictos, de relajación, de autoconocimiento, apoyo psicoterapéutico, etc.), obtención de soporte social (por parte de compañeros y familia), diversificación del trabajo (realización de tareas docentes y administrativas) e implicación en actividades fuera del trabajo (aficiones y otros intereses personales)”.
En la educación, Teresa Hernández, coordinadora del servicio del defensor del Profesor del sindicato sectorial ANPE, explica que el aumento de bajas tras la pandemia es multifactorial. Pero incide en dos realidades: el aumento de la burocracia con motivo de la implementación de la última reforma educativa y una mayor diversidad en las aulas, con alumnos que a menudo proceden de otras culturas, que no conocen el idioma, a los que hay que prestar una atención especial para la cual no hay suficientes medios.
También hay una retroalimentación de los problemas de salud mental de la sociedad que se multiplican en las aulas. “El acoso escolar, las ideaciones suicidas de los adolescentes, los problemas de adaptación… la administración los resuelve estableciendo protocolos, que suponen rellenar un montón de anexos antes de tratar al alumno afectado, lo que supone un aumento de la carga burocrática, que se suma a las necesidades de apoyo y refuerzo para atender todas las dificultades particulares de los alumnos”, señala Hernández, que se queja de que no hay suficientes docentes para todas estas tareas.
Las bajas por salud mental, más allá de cómo se manifiesten y de las peculiaridades de cada sector, son un reflejo de un problema que no para de crecer en la sociedad y para el que no bastan medicamentos ni intervenciones médicas. Es, al menos, la perspectiva del Ministerio de Sanidad, que el mes pasado aprobó, junto a las comunidades autónomas, un plan nacional que propone un modelo menos apoyado en fármacos y más centrado en la atención comunitaria y la integración de la salud mental en la sanidad general.
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