Pese a haber reclamado durante toda la legislatura al Gobierno una Selectividad única, o al menos común, y haber anunciado que las comunidades del PP la aplicarían ya en esta convocatoria, los territorios gobernados por los populares han vuelto a poner estos días exámenes muy distintos de Historia de España, la asignatura más simbólica de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Han sido diferentes las preguntas y el rango temporal que abarcaban, pero también el formato de los ejercicios, su extensión, el grado de opcionalidad, la carga competencial, la inclusión de fuentes históricas como mapas, pinturas o fotografías, e incluso el día y la hora en que se han celebrado los exámenes. Puestos unos al lado de otros no se observa, de hecho, según varios profesores de secundaria de Historia consultados por este periódico, un patrón que permita distinguir los exámenes de comunidades del PP de las que no lo son.
La imposibilidad de examinar a los estudiantes del mismo temario en las distintas comunidades y por tanto de poder poner las mismas preguntas fue admitido hace un año por Alberto Nuñez Feijóo. La razón es que los currículos (los contenidos) que se estudian en las 17 comunidades autónomas no solo no son idénticos, sino que abarcan periodos muy dispares. En concreto, en cuatro de las comunidades donde en 2022, cuando se aprobó la normativa autonómica, gobernaba el PP, abarcan más de 2.000 años, como Madrid, Andalucía, Castilla y León y Murcia, mientras que en la gran mayoría de territorios, siguiendo el modelo que planteó el Ministerio de Educación, se concentran en dos siglos, el XIX y XX.
El PP se comprometió, sin embargo, a poner “el mismo tipo de examen”, “en cuanto a formato, saberes básicos y criterios de corrección” en las 12 comunidades donde gobierna (en Canarias la presidencia es de Coalición Canaria, pero los populares dirigen la Consejería de Educación). Una vez conocidos la conclusión es, sin embargo, muy diferente, según coinciden cuatro docentes de secundaria de Historia de territorios gobernados por el PP que dan su opinión para este artículo a condición de que no se publiquen sus nombres. “Además de en los contenidos, hay diferencias en el formato y la distribución de la puntuación, es decir, en cuánto se dedica al tema, a las fuentes históricas o a otras cuestiones más breves”, afirma un docente de Zaragoza. “Me ha llamado la atención el modelo de Galicia. Es el más competencial, pero al mismo tiempo permite elegir en todas las opciones entre el siglo XIX o el siglo XX”, añade, además de incluir una pregunta obligatoria sobre la configuración del imperio español en el siglo XVI.
Las preguntas son diferentes incluso en aquellos territorios cuyos currículos abarcan periodos similares. Y, a pesar de que el acuerdo adoptado en otoño por la Conferencia de Rectores contemplaba que los ejercicios contendrían algunas preguntas obligatorias para todo el alumnado, Madrid y Murcia no han incluido ninguna. Es decir, que permiten elegir en todos los apartados.
El examen de Murcia incluye fotografías, ilustraciones, mapas e imágenes de documentos históricos, pero como mero acompañamiento, y el examen puede completarse sin analizar ninguna de dichas fuentes históricas. En el extremo contrario, el de Aragón plantea relacionar dos fuentes históricas de distintos siglos. Una fotografía de Tejero, pistola en mano, durante el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, y un grabado de 1874 en el que aparecen las fuerzas del general Pavía desalojando el hemiciclo de las Cortes.
Reyes Católicos y fosas franquistas
El examen de Valencia, cuyo currículo de segundo de Bachillerato está centrado en el periodo contemporáneo, está volcado casi íntegramente en el siglo XIX, y más en concreto en la I República y los acontecimientos inmediatamente anteriores y posteriores. Castilla y León, Murcia y Madrid incluyen preguntas de los Reyes Católicos, aunque son optativas. El ejercicio de Baleares contiene un fragmento de la ley autonómica para la recuperación de personas desaparecidas durante la guerra civil, conocida como Ley de fosas, aprobada en 2016 y que Vox está intentando que derogue el Ejecutivo balear del PP. El examen de Extremadura contiene una pregunta que los docentes consultados consideran “sorprendentemente fácil”, como la A,4: “Ordena cronológicamente, del más antiguo hasta el más reciente, estos cuatro personajes o procesos: a) Clara Campoamor; b) Casa de la Contratación; c) Juan Prim; d) Abderramán III”. Y el de Castilla y León, otra, que también pide ordenar cronológicamente “los siguientes términos históricos”: “Felipe González, Felipe V, Taifas, y Sagasta”.
Si se tapan los membretes de las universidades, comenta un docente, resulta improbable que alguien distinga si un examen corresponde a una comunidad gobernada por el PP o por otro partido. Los más competenciales son uno de un territorio del PP, Galicia, y el otro de una comunidad gobernada por el PSOE, Castilla-La Mancha. En este último los estudiantes deben, por ejemplo, “realizar una composición histórica utilizando y referenciando las fuentes históricas e historiográficas asociadas” y “elaborar una conclusión razonada” en base a dos documentos que aparecen sobre una escueta nota al pie: una cartilla de racionamiento de la España franquista, y una tabla con el progresivo incremento de las remesas que los emigrantes españoles enviaban al país entre 1954 y 1973.
El examen de Navarra, presidida también por los socialistas, resulta, en cambio, especialmente clásico, destaca un profesor: “Está estructurado con 6 puntos para las preguntas de contenido teórico y cuatro para los de fuentes históricas”.
La fuerza de la universidad
Al PP, que concentra la mayor parte del poder autonómico, le ha pasado lo mismo que al Gobierno durante la reforma educativa. Inicialmente, el Ministerio de Educación trató de transformar la Selectividad en una prueba muy distinta, llamada de madurez, que más que medir contenidos compartimentados por asignaturas evaluara, en la fase obligatoria, competencias y habilidades de forma más amplia e interrelacionada. La idea chocó, sin embargo, con el criterio de las universidades, que son, en la práctica, las que dirigen las comisiones autonómicas que redactan los exámenes. Los rectores pusieron reparos a los cambios, tanto a los de fondo ―prueba de madurez―, como de forma ―ampliación de la duración de los ejercicios de 90 a 105 minutos―, y el Gobierno acabó retirándolos. Y esta vez, las universidades, a través de las comisiones autonómicas, han acabado de descafeinar la PAU común anunciada en sus territorios por el PP.
Los cambios educativos tienden a ser, en todo caso, lentos. A mediados de mayo las universidades acordaron, de cara a la prueba de 2026, seguir avanzando en la armonización de los exámenes entre los distintos territorios, así como aumentar el porcentaje de preguntas con carácter competencial de los exámenes. En esta edición ha quedado limitado a un mínimo del 25%, mientras que el año que viene, según el acuerdo de la CRUE, dicho nivel deberá ser muy superior; del 70% en el caso de Lengua castellana y literatura, por ejemplo, y del “80% al 100%” en Historia del arte. Esa es, de todas formas, la teoría. La práctica la acabarán decidiendo las comisiones autonómicas.
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