SEVILLA 21 May. (EUROPA PRESS) –
El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad la contratación, a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), del servicio integral de atención y acogida a mujeres víctimas de violencia de género, menores a su cargo y personas dependientes que las acompañan por un importe de 21 millones de euros para las próximas dos anualidades.
Con esta nueva contratación, la financiación anual de este servicio crece una media del 44,4% con respecto al actual contrato y de un 70,4% en la comparativa con el del año 2018, según ha informado la Administración autonómica en una nota de prensa. La Junta de Andalucía ofrece, a través del IAM, un servicio integral de atención y acogida a mujeres víctimas de violencia de género, menores a su cargo y personas dependientes que las acompañan.
Este recurso garantiza la atención de las mujeres y sus hijos que se ven obligadas a abandonar sus hogares por la violencia de género prestando acogimiento temporal en centros residenciales en los que se procura su recuperación integral mediante una intervención multidisciplinar que incluye acciones en los ámbitos educativo, social, psicológico y jurídico. En 2024, este servicio acogió a un total de 2.268 personas, 1.279 mujeres y 989 menores.
Se trata de un sistema coordinado de recursos que garantiza la atención y acogida inmediata y urgente, proporcionando protección y seguridad en situaciones de emergencia. El servicio se sustenta en tres niveles de atención, compuestos por centros de emergencia, casas de acogida y pisos tutelados, presentes en cada una de las provincias. Hay 33 centros en toda Andalucía.
Dado el próximo vencimiento del actual contrato, se va a llevar a cabo una nueva contratación que implica un gasto de 21.006.662,46 euros. Este contrato tiene dos fuentes de financiación dentro del programa presupuestario de autofinanciada, que supone el 78,5% del total; y fondos estatales provenientes de la Conferencia Sectorial de Igualdad y del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que supone el 21,5%.
Con la nueva licitación, la financiación anual de este servicio crece una media del 44,4% con respecto al actual contrato y de un 70,4% en la comparativa con 2018. Este crecimiento obedece a la actualización de los costes salariales, los gastos por el alquiler de los inmuebles o los costes de funcionamiento, como alimentación, calzado, ropa, farmacia o seguridad, entre otros.
Asimismo, incorpora una serie de mejoras que buscan reforzar el servicio, ofrecer una prestación de calidad y garantizar la atención a las personas usuarias, tanto las mujeres como personas dependientes a su cargo.
*La principal novedad del contrato es la puesta en marcha de un servicio de traslado y acompañamiento en los recursos residenciales.
A partir de ahora, el acogimiento comienza en el momento del traslado de la víctima, menores a su cargo y enseres personales desde un punto seguro acordado hasta el recurso de acogida. Se trata de un servicio profesionalizado, especializado en la atención a las víctimas de violencia de género y adaptado a las necesidades de cada persona usuaria. También incluye los desplazamientos para el traslado de centro dentro de una misma provincia o distinta.
Mientras tanto, el servicio de acompañamiento prevé que el personal del recurso de acogida acuda con la mujer a la realización de gestiones que se consideren necesarias para garantizar una atención integral, como citación judicial, citas médicas y citas en el Servicio Andaluz de Empleo, entre otras. Este acompañamiento tendrá carácter obligatorio en los actos de comparecencia en sedes policiales y judiciales, especialmente en relación con la interposición y ampliación de denuncias, así como con la asistencia a citaciones judiciales.
Además, el nuevo contrato incorpora por primera vez los gastos extraordinarios derivados de la atención a las personas usuarias y que den respuesta a la satisfacción de sus necesidades básicas físicas, emocionales y sociales como cuidados de salud domiciliarios en los recursos de acogida, acompañamiento hospitalario, atención fisioterapéutica, adquisición de ayudas técnicas para la movilidad, gastos derivados de la obtención de documentación y regularización, entre otros.
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