SEVILLA 22 May. (EUROPA PRESS) –
La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha destacado este martes en el Pleno del Parlamento andaluz que se han practicado «más de 141.000 verificaciones administrativas» con las que no solo han diagnosticado el parque público, sino que «también han recuperado viviendas y abierto procedimientos de regularización».
Entre los datos en su intervención, seguida por Europa Press, Díaz ha subrayado que han «reducido la tasa de ocupación ilegal del 13% en 2022 al 9,4% en la actualidad» y han gestionado «más de 2.800 procedimientos de ocupación, 1.300 expedientes de desahucio y recuperado 4.538 viviendas para quienes más lo necesitan».
La consejera ha criticado la legislación estatal, argumentando que «no favorece absolutamente nada el trabajo» de las comunidades autónomas y «da inseguridad jurídica al propietario». En este sentido, ha explicado que han creado «el sistema andaluz de lucha contra la ocupación» y establecido «un protocolo de verificación pionero» en colaboración con ayuntamientos.
Finalmente, Díaz ha reafirmado el compromiso de su gobierno, asegurando que «la actuación de la Agencia de Vivienda se centra principalmente en que esa recuperación de viviendas llegue a las personas que realmente están ocupando legalmente los registros de demandantes de vivienda».
Por su parte, el diputado de Vox, Alejandro Hernández, ha denunciado la ocupación de más de 4.500 viviendas públicas en Andalucía, lo que representa aproximadamente «una de cada diez viviendas de alquiler social». «Estos datos hacen que los más necesitados no puedan acceder a una vivienda digna mientras se premia a los que utilizan la fuerza y la extorsión», ha manifestado.
Hernández ha señalado que la ocupación ha descendido un 3% respecto a 2022, cuando había 6.300 viviendas ocupadas, y ha cuestionado las cifras oficiales. «Creemos que esas cifras son inferiores a las reales», ha asegurado, añadiendo que existe un problema adicional de «inquiocupación con morosidad y permanencia ilegítima».
El diputado ha criticado duramente la gestión de la Junta de Andalucía, preguntando directamente a la consejera «qué se está haciendo para acabar con este problema». «No compartimos su optimismo y creemos que la gestión deja muchísimo que desear», ha concluido, cuestionando la utilidad de construir nuevas viviendas si no se garantiza la legalidad de las existentes.
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