MADRID, 15 May. (EUROPA PRESS) –
La caza, captura y comercio ilegal de aves se ha reducido en un 50-74% desde 2020 en España, según un informe de BirdLife International y EuroNatur que destaca que España es uno de los pocos países estudiados que ha logrado avances notables en este tema. El estudio, titulado The Killing 3.0, evalúa el progreso de 46 países frente al Plan Estratégico de Roma (2020-2030) adoptado en el marco del Convenio sobre Especies Migratorias (CMS/PNUMA), que busca reducir al 50% la caza, captura y comercio ilegal de aves para 2030.
Del total de 46 países, el 83% no están en camino de cumplir esa meta de reducción; el 19% han empeorado sus cifras desde 2020, especialmente en Egipto, Siria, Chipre y Libia y solo ocho países (17%) muestran avances significativos o mantienen niveles muy bajos de caza, captura y comercio ilegal de aves, entre ellos España.
SEO/BirdLife, ONG bajo el paraguas de BirdLife International y organización coatura del Estudio, ha destacado que en España se prohibió de manera definitiva la caza de fringílidos para enjaular y concursos de canto en 2018, lo que redujo las capturas ilegales en cientos de miles especímenes anuales. A su vez, también ha puesto en valor las medidas implantadas en la lucha contra el envenenamiento de fauna y ha indicado que desde 2010 se viene registrando una reducción continuada de los episodios de mortalidad por este método masivo y no selectivo.
Asimismo, incide en que se han puesto en marcha proyectos innovadores que han contribuido a impulsar la adopción de medidas contra la caza y captura ilegal de aves como los coordinados por SEO/BirdLife, LIFE Veneno y LIFE Guardianes de la Naturaleza que han fortalecido la colaboración entre ONG, agentes de la autoridad y administraciones públicas.
La ONG ha celebrado la creación y formación de unidades especializadas de medioambiente en los diferentes cuerpos policiales y la Fiscalía General del Estado, así como la labor de detección y forense de los Centros de Recuperación de Fauna. Según SEO/BirdLife, todo esto ha permitido la mejora en la detección, investigación y judicialización de los delitos contra la fauna, lo que ha dado lugar a una reducción de la impunidad con «claro efecto disuasorio».
A pesar de ello, ha recalcado que España debe mantener los medios y esfuerzos realizados para que los índices registrados se mantengan y ha incidido en que, además, persisten algunos retos que ponen en riesgo los resultados obtenidos. Así, ha apuntado que la caza de especies en declive como la tórtola común o la codorniz está suponiendo la pérdida anual de «miles de ejemplares de aves que deberían estar catalogadas como amenazadas».
Además, se están tratando de recuperar y legalizar algunas prácticas de caza ilegal prohibidas como el Parany (caza con pegamento) en Valencia o la captura de fringílidos asociada al silvestrismo. Por esta parte, destaca que algunas modalidades de caza, captura y comercio ilegal de aves como la destrucción de nidos de especies migratorias necesita aún de un amplio trabajo de sensibilización y compromiso de los distintos actores públicos y privados para garantizar la conservación de especies con pérdidas significativas de población como golondrinas, aviones comunes o vencejos.
Asimismo, también ha advertido que la implicación de las CCAA no es «homogéno» y que se detectan «carencias» en el destino de recursos para la formación y especialización de los servicios encargados de la lucha contra las infracciones ambientales o de los centros de recuperación de fauna.
Por último, la ONG ha denunciado que España sigue siendo un nodo para el tráfico ilegal de rapaces hacia Oriente Medio y de entrada en Europa de aves exóticas desde Latinoamérica, lo que se une al comercio ‘online’. «Esto implica la necesidad de impulsar y dotar de medios suficientes el Plan de Acción Español contra el Tráfico Ilegal y el Furtivismo Internacional de Especies Silvestres (Plan TIFIES) coordinado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demogrático (MITECO)», ha advertido.
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