Keir Starmer ha decidido endurecer aún más las normas de inmigración del Reino Unido, apenas dos semanas después de que la derecha populista de Nigel Farage vapuleara a laboristas y conservadores en las elecciones locales de Inglaterra, a lomos de un discurso xenófobo y nacionalista. Pero el primer ministro, como en ocasiones anteriores, ha querido presentar un giro tan drástico, que mimetiza el discurso de sus rivales políticos, como la “correcta” política de izquierdas, necesaria para “enderezar el caos” dejado en el país por los anteriores gobiernos conservadores, “que perdieron el control de las fronteras”. Entre las principales medidas están la de aumentar cinco a diez años el tiempo de estancia para adquirir la residencia permanente en el Reino Unido, incrementar el nivel de formación mínimo de los extranjeros cualificados que pueden ser contratados y un mayor control de los visados para estudiantes.
“Lo hago porque creo que es lo correcto, y porque es algo en lo que creo. Creo que necesitamos reducir significativamente la inmigración”, ha asegurado Starmer en defensa de sus nuevas medidas, imprescindibles, según él, para que Gran Bretaña no se acabe convirtiendo en “una isla de forasteros”.
Starmer se ha apropiado de la idea impulsada previamente por los gobiernos tories de Boris Johnson o Rishi Sunak, según la cual la restricción de las condiciones para obtener un visado de trabajo acabará forzando a las empresas británicas, acostumbradas durante años a una mano de obra no cualificada extranjera que era barata, a formar y contratar trabajadores nacionales. El primer ministro británico, que llegó a Downing Street con la promesa del crecimiento económico, se niega a vincular el mayor número de inmigrantes con una mayor actividad económica.
Desde junio de 2023 a junio de 2024, según los últimos datos publicados por la Oficina Nacional de Estadística, el número de personas que entraron en el Reino Unido fue de 728.000. Un año antes, la cifra rozó el millón: 906.000. Prácticamente el cuádruple que la media registrada cinco años antes. La inmensa mayoría de ellos procedían de países ajenos a la UE. El Brexit frenó en seco la llegada de ciudadanos comunitarios a suelo británico, pero no impidió en absoluto (más bien aceleró) el aumento de la inmigración.
“El daño que esto ha hecho a nuestro país es incalculable. Los servicios públicos y la vivienda pública han sido sometidos a demasiada presión. Nuestra economía se ha visto distorsionada por incentivos perversos para importar trabajadores en vez de invertir en nuestras propias habilidades. En sectores como la ingeniería, las becas de aprendizaje se han reducido a la mitad y los visados de trabajo se han duplicado”, ha señalado Starmer.
El Gobierno laborista no quiere caer en la trampa en la que cayeron sus predecesores, al poner números concretos al objetivo de reducción de inmigrantes. Starmer se vería atado de ese modo a la cifra, si resultase muy elevada, o tachado de poco ambicioso si fuese muy baja.
En cualquier caso, el primer ministro británico se ha comprometido a que la cifra neta de inmigrantes vaya reduciéndose, año a año, hasta el final de su primer mandato, previsiblemente en 2029.
Y ha querido reafirmar esa voluntad con la promesa de un mayor endurecimiento, si lo considera necesario: “Si necesitamos ir más lejos, si es necesario hacer más para aliviar la presión en la vivienda o los servicios públicos, háganme caso, lo haremos”, ha enfatizado.
Diez años para la residencia
Una de las principales medidas anunciadas por el Gobierno británico será la de duplicar, de cinco a diez años, el tiempo necesario para que un inmigrante pueda adquirir su residencia permanente o la nacionalidad.
“Durante mucho tiempo se ha sostenido el principio de que la residencia o la ciudadanía en el Reino Unido es un privilegio, y no un derecho. Estamos creando un [nuevo] sistema que beneficiará a las personas que respeten las normas y hagan una contribución al Reino Unido, mientras tomará medidas contra los que no lo hacen”, afirma el documento oficial de trabajo, el llamado white paper, en el que el Gobierno de Starmer detalla sus nuevas normas de inmigración.
De este modo, se abre la puerta a mantener el plazo reducido de cinco años para aquellas personas que “realicen contribuciones reales y duraderas a la economía y la sociedad” británicas, como el pago en tiempo y forma de sus impuestos, la participación en tareas de voluntariado o el desempeño de trabajos altamente cualificados en sectores clave.
El Ministerio del Interior británico, encargado de elaborar las nuevas propuestas, se ha querido centrar especialmente en tres áreas: el mercado laboral, el ámbito universitario y el sector de la atención social y la dependencia (donde más mano de obra extranjera cualificada se ha incorporado en los últimos años).
El grado de formación de los trabajadores extranjeros cualificados que hoy pueden ser contratados por las empresas británicas aumentará. Se exigirá de todos ellos el graduado escolar. También subirá el salario mínimo anual de estos contratados, que actualmente era de casi 30.000 euros para el nivel más bajo.
El nuevo plan corta de raíz la concesión de nuevos visados de trabajo para el sector de la dependencia, aunque abre un periodo de transición hasta 2028 para extender los visados actualmente concedidos.
Finalmente, las nuevas medidas prometen un control más exhaustivo de los visados para estudiantes. El Gobierno de Starmer ha comprado la idea de que las universidades, que necesitan de las matrículas de estudiantes extranjeros —el triple de caras que las de los nacionales— para su financiación, son muy poco rigurosas a la hora de seleccionar a los recién llegados. Muchos abandonan sus estudios, pero permanecen en el país, o aprovechan al periodo de trabajo que permite el visado, una vez graduados, para incorporarse a actividades laborales que nada tienen que ver con los estudios finalizados.
Finalmente, el Gobierno de Starmer también se apropia de ideas ensayadas ya por anteriores ejecutivos conservadores, como exigir un mayor nivel de inglés a los recién llegados y endurecer aún más los criterios de reagrupación familiar de los inmigrantes.
“Creo que el Partido Laborista tiene como uno de sus principios fundamentales la idea de que la inmigración debe ser controlada y selectiva. Debemos poder elegir a quién queremos, y atraer a los mejores talentos a nuestro país, de un modo justo”, ha defendido Starmer, consciente de que el miedo instalado entre sus diputados después de la reciente victoria del populismo de Farage y su partido Reform UK en las elecciones locales hará que pocos protesten ante una deriva más autoritaria en política migratoria.
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