Aunque la medida se circunscribe al asesino, en la práctica impediría que medios de comunicación o editoriales publiquen nada al respecto
MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) –
El Ministerio de Igualdad estudia una reforma del Código Penal para prohibir a asesinos de violencia vicaria difundir información de su caso a medios de comunicación o editoriales, tras la polémica surgida por el libro ‘El odio’, de Luisgé Martín, sobre José Bretón, asesino de Ruth y José, los hijos de Ruth Ortiz.
Así lo han puesto de manifiesto fuentes ministeriales, que han asegurado también que están analizando si incluir esta medida en un paquete específico o en uno más amplio sobre violencia vicaria. Si bien, han añadido que esta modificación dependerá del transcurso de las negociaciones actuales con los grupos parlamentarios sobre las medidas a aterrizar del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
En concreto, el departamento que dirige Ana Redondo está valorando introducir una pena accesoria en este sentido en los artículos 39 y 48 del Código Penal -en los que se recogen ya las penas de prohibición de residencia en el entorno de la víctima, aproximación y/o comunicación con la víctima o la privación de la patria potestad y el posible control telemático de estas medidas-.
El objetivo de esta modificación es impedir al asesino comunicar cualquier información a terceros que tenga que ver con la cuestión que le ha llevado a estar en la situación de pena de libertad, cuando el efecto sea la revictimización de la víctima.
Según han precisado a Europa Press fuentes del Ministerio de Igualdad, si se logra que el cambio se introduzca en el Código Penal, la pena se impondría al penado y solo podría ir dirigida al agresor. No obstante, una editorial o medio de comunicación no podría publicar nada al no tener el contenido, ya que el delincuente tendría prohibido trasladárselo como tal, según estas fuentes.
La medida que estudia el departamento que dirige Ana Redondo surge tras la polémica suscitada por el libro ‘El odio’, con las confesiones de Bretón sobre los asesinatos cometidos en Córdoba en 2011, que en principio iba a publicar el pasado 26 de marzo la editorial Anagrama.
Sin embargo, la madre de Ruth y José, Ruth Ortiz, inició trámites legales para evitar la publicación de la obra. Concretamente, a través del Servicio de Atención a Víctimas de Andalucía (SAVA), presentó un escrito a Fiscalía de «solicitud de ayuda, auxilio y amparo» en el que señalaba que considera ilegal la publicación en base a la Ley de Protección Civil del Derecho al Honor, la Intimidad Personal y Familiar y la Propia Imagen, además de la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia.
A pesar de que los tribunales avalaron la publicación del libro, Anagrama decidió extinguir el 16 de abril el contrato para su publicación y distribución. «Tras la finalización de la relación contractual, todos los derechos de la obra, cedidos en su día a la editorial, vuelven a ser propiedad del autor», informó la editorial en un comunicado en redes sociales.
En todo caso, el autor, Luisgé Martín, mantiene su intención de publicar el libro y cree que Anagrama ha sentido «miedo» ante la «presión social». En este sentido, entiende que «no hay una censura directa» a través de decreto, pero que sí la ha habido «a través de los bastidores».
Además, Martín defendió en una entrevista en ‘La noche en 24 horas’ de TVE, recogida por Europa Press, que en su libro no se le da voz a Bretón, que «se le confronta», y que en todo caso «no sale bien parado». También calificaba como «muy grave» que no se haya podido publicar el libro y que tanta personas hayan vertido críticas sin haberlo leído, creando «un estado de opinión en el que no hay debate posible». «Forma parte casi de sociedades prefascistas», sentenció.
REDONDO: «NO SE PUEDE DAR VOZ A LOS VIOLENTOS»
Por el contrario, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, señaló en marzo en un vídeo-comunicado difundido por su departamento que «no se puede dar en ningún caso voz a los asesinos, voz a los violentos, voz a quien ha asesinado a sus propios hijos para hacer el mayor daño posible a la madre, a la mujer».
También expuso tras extinguir Anagrama el contrato que, a su juicio, la editorial «ha sido permeable a la reacción social». Además, la titular de la cartera de Igualdad celebró que esta decisión no se haya tomado «por criterios mercantilistas» sino «de empatía» con las víctimas.
«Celebramos desde el Ministerio y yo celebro personalmente la decisión de Anagrama de renunciar definitivamente a la publicación de ‘El Odio’. Creo que la editorial ha sido permeable a la reacción social y a la petición de la propia víctima que lógicamente no quería con esta publicación ser revictimizada y celebro desde luego que la decisión se haya tomado no por criterios económicos ni mercantilistas sino en base a criterios sociales de empatía y de protección de las víctimas», indicó Redondo en declaraciones a Europa Press.
¿QUÉ OPINAN LOS GRUPOS POLÍTICOS?
Hasta ahora, entre los grupos políticos, el que se ha mostrado más a favor de una prohibición de este tipo ha sido Vox, que es el único partido que no ha suscrito la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Su portavoz, Pepa Millán, defendió, preguntada por Europa Press, que su partido está «a favor» de que quienes cometan esos crímenes atroces «se pudran en la cárcel». «Por supuesto que no tengan el privilegio de ver la luz del sol y muchísimo menos de sacar ningún libro», subrayó.
En línea inversa se manifestaron desde Podemos, aunque con matices. El portavoz de los morados en el Congreso, Javier Sánchez, defendió que «todos los libros pueden ser publicados», pero precisó que «otra cuestión es la cuestión moral y ética».
Otras fuerzas políticas no se han alineado tan claramente sobre la prohibición o no de publicar el libro y se han limitado a tildar el debate como «complejo». Es el caso de los socios del Gobierno, Sumar. Concretamente, la portavoz de Compromís, Águeda Mico, señaló que era un tema «súper delicado». «Hay dos derechos fundamentales que se tienen que preservar», especificó.
Mismo argumento señaló el diputado Jorge Pueyo Sanz, de Sumar: «Estamos ante un conflicto de dos derechos, que es la libertad de expresión por un lado, y por otro lado la defensa de las víctimas». Aína Vidal, de En Comú Podem, lo definió también como un debate «tremendamente complejo».
Desde el PP, su portavoz, Miguel Tellado, se limitó a respetar las decisiones judiciales y mostrar su cariño y respaldo a la madre tras conocerse que un juzgado de Barcelona avalaba la publicación de la obra. «El conocimiento de esta noticia ciertamente conmueve y lo único que podemos trasladar es todo nuestro cariño a la madre de esos niños y a toda su familia. Eso es lo que a uno le produce el conocimiento de esa decisión judicial», dijo.
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