España ha reclamado este martes ante el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) que Israel garantice la llegada de ayuda humanitaria a Gaza. La máxima instancia judicial de Naciones Unidas ha abierto esta semana las audiencias destinadas a evaluar la obligación de Israel —como Estado ocupante— de asegurar las necesidades básicas de la población de la Franja. España, que ha pedido intervenir en el caso junto con cerca de 40 países, ha subrayado que “la seguridad debe ser proporcional a la humanidad”. La Asamblea General de la ONU solicitó en diciembre pasado al TIJ que emitiera, con la máxima urgencia, una opinión consultiva al respecto.
Israel es miembro de Naciones Unidas desde 1949 y ocupa el territorio palestino desde 1967. En ambos casos tiene obligaciones respecto a la Carta de la ONU, su tratado fundacional, “y como poder ocupante debe asegurarse de que las necesidades de la población palestina estén cubiertas”, ha defendido Consuelo Femenía, embajadora española en Países Bajos. La diplomática ha añadido que Israel “no puede impedir de manera unilateral que las organizaciones humanitarias lleven a cabo sus actividades”. Asimismo, ha señalado que las leyes aprobadas en 2024 por el Parlamento israelí para evitar que ejerzan su labor organismos como la agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA), “chocan con lo estipulado por la ONU”. Naciones Unidas ha declarado su “responsabilidad permanente sobre la situación de Palestina” y, si Israel no coopera, “tiene que aceptar la ayuda humanitaria de otros países”, ha subrayado.
Un día antes —el lunes, al inicio de las sesiones—, los representantes de Palestina ante el TIJ acusaron a Israel de violar el derecho internacional. El delegado palestino, Ammar Hijazi, señaló que el Gobierno del primer ministro, Benjamín Netanyahu, utilizaba este tipo de ayuda como “arma de guerra”, mientras la población “se enfrenta a la hambruna”.
En nombre de la misma delegación, el abogado Paul Reichler aseguró a su vez que “ocho décadas después de los juicios de Núremberg [celebrados tras la Segunda Guerra Mundial], Israel está matando deliberadamente a más de dos millones de palestinos en Gaza para lograr sus supuestos objetivos bélicos”, en referencia al total de la población de la Franja, que ronda los 2,3 millones.
Desde el inicio de la guerra, hace ahora 18 meses, Israel ha ido estrechando el bloqueo de la ayuda humanitaria, lo que ha provocado escasez de alimentos, agua potable, combustible y medicamentos. El Gobierno cortó el pasado 2 de marzo por completo todos los suministros y las reservas están casi agotadas. El Ejecutivo israelí sostiene que no permitirá la entrada de ayuda hasta que Hamás —al que acusa de quedarse con esos bienes— libere a todos los rehenes.
Israel no comparece ante el TIJ y ha remitido por escrito al tribunal su repulsa al caso. En unas declaraciones efectuadas el lunes en Jerusalén, Gideon Saar, ministro israelí de Asuntos Exteriores, aseveró: “Están abusando una vez más del tribunal para intentar obligar a Israel a cooperar con una organización infestada de terroristas de Hamás”. Se refería con ello a UNRWA, ya que la ONU indicó en agosto pasado que nueve de sus empleados podrían haber estado involucrados en el ataque de Hamás de octubre de 2023. Fueron despedidos.
Los dictámenes consultivos del TIJ no son vinculantes y dependen de si los Estados deciden aplicarlas, pero puede influir en el abordaje jurídico a escala internacional de lo que está pasando en Gaza.
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