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Malta es el mejor país de Europa para ser LGTBIQ+, según el último Mapa Arcoíris europeo, que la ILGA (la Asociación internacional LGTBI+) elabora anualmente y que publicó hace unos días. En general, en los mapas y estudios de esta organización, Europa es el continente donde más se respetan los derechos del colectivo. A Malta le siguen Bélgica, Islandia, y Dinamarca. España ocupa el quinto puesto: ha bajado uno con respecto al año pasado, pero subido cinco si se compara con 2022.
Para elaborar su clasificación, ILGA-Europa examina 49 países aplicando criterios de igualdad y no discriminación; familia; delitos de odio y discurso de odio; reconocimiento legal de género; integridad de las personas intersex; espacio en la sociedad civil, y asilo.
Malta, a pesar de exhibir posturas muy conservadoras con respecto a derechos de las mujeres, como el aborto, vetado en casi todas las circunstancias, lidera porque destaca en los criterios mencionados. Por otro lado, España cae un puesto el mismo año que se han presentado iniciativas para recortar derechos LGTBIQ+ consolidados, como ha ocurrido en Valencia o en Madrid, donde el Partido Popular controla tanto el Gobierno autonómico como el municipal. Rusia ―en la última posición del ranking― lidera entre los países que más atentan contra estos principios, mientras dentro de la UE, se vulneran notablemente en Rumania, Polonia, Bulgaria y Hungría.
En Budapest, el Gobierno del ultraconservador Viktor Orbán ha abierto la puerta a vetar la manifestación del Orgullo, prevista para el 28 de junio, convirtiéndose en la primera democracia en hacerlo. La ley que aprobaron permite también el uso de programas de reconocimiento facial para identificar a las personas que acudan al evento. “Prohibirlo ha sido una idea recurrente de la extrema derecha. Ocurre en Hungría, pero puede ocurrir en otro Estado: la narrativa es exactamente la misma en Eslovaquia o Bulgaria”, avisa Eszter Polgári, abogada y responsable jurídica de Háttér Society, la principal organización LGBTI+ de Hungría.
Hace cinco años, el Gobierno húngaro comenzó a importar las leyes en contra de las personas LGTBI+, que, desde 2013, Vladímir Putin había ido introduciendo en Rusia. Hungría se convirtió en el primer país de la UE en recorrer esa senda. “Al principio, todo era relativamente tranquilo”, apunta Polgári.
El Gobierno ultraconservador húngaro comenzó borrando de los programas universitarios los estudios de género, en 2018, y multando a Coca Cola, en 2019, por un anuncio en el que aparecía una pareja homosexual. Ha terminado abriendo la puerta a vetar el Orgullo. “En Hungría tenemos una fuerte influencia rusa, que es muy clara en el partido del Gobierno, Fidesz. Parece que ahora buscan ser campeones en tomar medidas contra las personas LGTBIQ+ en nombre de la protección de los niños”, detalla la activista.
Todas las legislaciones contra las personas LGTBI+ defendidas por partidos de extrema derecha en Europa ―y en el resto del mundo― disfrazan sus intentos de recortar derechos como medidas que supuestamente buscan proteger a la sociedad (ya sea a la infancia, a las mujeres, un supuesto orden moral…). “Hay una instrumentalización de los menores, que son utilizados como moneda de cambio para justificar el odio”, denuncia Paula Iglesias, presidenta de la Federación Estatal LGTBI+ (Felgtbi+). “La educación en diversidad desde edades muy tempranas no hace un llamamiento a formar parte del colectivo, sino a respetar las personas y disminuir el sufrimiento”, añade.
Para la ILGA, la prohibición del Orgullo en Hungría no es un incidente aislado: “Se trata de una reacción global coordinada dirigida a eliminar los derechos de las personas LGTBI+, cínicamente presentada como una defensa de la tradición o la estabilidad, pero diseñada para afianzar la discriminación y reprimir la disidencia”.
Así, el veto de Hungría se suma al fallo del Tribunal Supremo del Reino Unido que restringe el reconocimiento legal de las personas trans (lo que le ha valido la caída de seis puestos en la lista de ILGA, el segundo mayor descenso tras Hungría y Georgia); al proyecto de Ley 1660 del Gobierno de Italia, que amenaza la libertad de reunión (como ya ocurre en 14 de los países analizados en el ranking); a la prohibición en Georgia de todas las formas de representación y reunión LGBTI+, o a normativas similares en Rumania, Eslovaquia o Bulgaria.
“Son ejemplos de que los derechos humanos de las personas LGBTI+ están siendo desmantelados sistemáticamente bajo el pretexto de preservar el orden público”, detallan desde la organización. Unas medidas que acaban en “restricciones generalizadas de las libertades fundamentales, incluidos los derechos a protestar y a la disidencia política”, alertan.
A pesar de los ataques del Gobierno de Hungría a la comunidad LGTBIQ+, en el país “la visibilidad está aumentando”, cuenta la activista Polgàri. “Alrededor de la mitad de la población de Hungría ya conoce a alguien del colectivo. Es un aumento significativo con respecto a años anteriores. La visibilidad está aumentando porque la gente está molesta y quiere luchar, incluso personas que no forman parte de la comunidad”, añade.
“Cada vez más personas se dan cuenta de que no se trata únicamente de un ataque contra las personas LGTBI+, sino de un ataque a la democracia y a los valores europeos”, resume la abogada búlgara Denitsa Lyubenova. Esta mujer es también una de las fundadoras de Deystvie, organización que defiende los derechos del colectivo en Bulgaria. “Siembran el odio, fomentan la división y acaban restringiendo derechos”, remarca y se une a Polgàri en la demanda de “una postura europea común” antes estas situaciones.
Ambas mujeres, acompañadas de la ONG Reclaim, visitaron la semana pasada España en una misión diplomática queer en busca de apoyo. Han conseguido algunos: el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de Sumar, y el diputado socialista Víctor Gutiérrez han confirmado que irán a Budapest el 28 de junio.
Además, desde Bruselas, el martes, una veintena de Estados miembros, entre ellos España, Alemania, Francia o Países Bajos, realizaron una declaración conjunta mostrando “preocupación” y “alarma” por el veto de Hungría al Orgullo y sus implicaciones en la libertad de expresión, el derecho a reunirse o a la privacidad. A la vez, desde la oficina de Ursula von der Leyen han recomendado al equipo de comisarios que eviten asistir al Orgullo de Budapest para no “provocar” al gobierno de Orbán, ha publicado Euractiv.
“Hay una necesidad urgente de defender y avanzar los derechos humanos de las personas LGTBI+ en un contexto de grave erosión democrática”, afirma desde la ejecutiva de ILGA-Europa, A. Chaber, su máximo responsable. “Si no se enfrentan, estas tácticas corren el riesgo de extenderse aún más, socavando un marco que ha tardado décadas en construirse. El momento de contraatacar es ahora. Los líderes políticos deben convertir sus palabras en acciones. Es hora de que las personas se levanten, hagan oír sus voces y exijan cuentas a nuestros gobiernos antes de que sea demasiado tarde”.
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