Destaca sus políticas para garantizar a los menores el derecho a la salud y la educación «independientemente de su situación legal»
MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) –
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Diego Martínez Belío, ha encabezado este miércoles la delegación española en el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ha defendido ante 114 países, la política social del Gobierno en áreas como igualdad, lucha contra las violencias machistas y sexuales, así como la protección de los menores migrantes.
El EPU es un control periódico que realiza la ONU para velar por el cumplimiento en los distintos Estados de los compromisos internacionales adquiridos en materia de Derechos Humanos. España, que se sometió a prueba por primera vez en 2010, recibirá un informe el próximo 2 de mayo con la conclusiones de su segunda evaluación y las recomendaciones que debe poner en marcha al respecto que redactarán Islandia, Macedonia del Norte y Sudán.
Un total de 114 países han tomado la palabra y se han interesado por asuntos diversos como la igualdad de genero, la violencia machista, los derechos de la personas con discapacidad y los derechos de los menores migrantes por los que ha preguntado, entre otros, el representante de Marruecos.
Acompañado por representantes de los ministerios de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, de Interior, Inclusión y Migraciones, Derechos Sociales, Igualdad, Sanidad, Educación y Vivienda, Martínez Belío fue el encargado de abrir la sesión en un discurso estructurado en torno a las recomendaciones recibidas en 2020 relativas, entre otras cuestiones, a la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención y protección de las víctimas de violencia sexual.
En este sentido, ha aludido a la reforma del Código penal para endurecer las penas por este tipo de delitos y la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para mejorar la atención y protección de las víctimas durante procesos judiciales, así como la Estrategia para combatir las violencia machistas.
Asimismo, a lo largo de la sesión se han destacado otras leyes que se han puesto en marcha desde el año 2020 como la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual de 2022, la Ley de Eficiencia en Justicia de 2025, que amplía funciones a las acciones de violencia contra las mujeres, y «en línea con las recomendaciones recibidas de numerosos países, los anteproyectos de Ley contra la Trata y Explotación, aprobado en 2024».
En cuanto a la política migratoria, uno de los aspectos por los que se ha interesado la mayoría de los países intervinientes, el representante español ha mencionado la apertura de nuevos centros de acogida ante el incremento de llegadas a las costas españolas. Asimismo, los representantes de España pusieron en valor el sistema de atención humanitaria y de acogida de protección internacional que cuenta con cerca de 65.000 plazas, así como la creación de 17 nuevos centros de estancia temporal.
Respecto a los menores migrantes no acompañados, el representante de España ha explicado a las delegaciones internacionales presentes el procedimiento nacional que consiste en derivar a estos migrantes al servicio de protección de menores correspondiente. «El criterio español es primar siempre el interés superior del menor, siendo los organismos de infancia los encargados de su atención», ha argumentado.
En cuanto a los menores acompañados, y en respuesta al delegado de Marruecos que ha animado a continuar con los esfuerzos para garantizar que los niños migrantes tengan acceso a su derecho a la educación y a la salud, el representante español ha hecho alusión a «actuaciones de apoyo al derecho a la salud y la educación» de los menores, «independientemente de su situación legal, al considerar derechos humanos consagrados en España».
Se ha aludido además en la sesión, que se prolongó durante más de tres horas, a la Reforma del Reglamento de Extranjería que entra en vigor el 20 de mayo con el objetivo «principal de ampliar y reforzar las vías de acceso a una autorización de residencia, a la vez que persigue incorporar en sectores necesitados de mano de obra a personas de terceros países».
Otro de los aspectos por los que se han interesado los países asistentes es por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia dependiente del Ministerio de Inclusión, desde el que se monitorizan los discursos de odio en redes sociales con motivación racista, xenófoba, islamófoba, antisemita y antigitana.
DISCAPACIDAD
En cuanto a discapacidad, el portavoz de Derechos Sociales de la delegación española ha hecho mención a la reforma del artículo 49 de la Constitución que incluye «una referencia específica a las mujeres y niñas con discapacidad introduciéndose una modificación en el Código Penal para la erradicación de la esterilización forzosa o no consentida de personas incapacitadas judicialmente».
En cuanto a la educación, España ha aludido a las recomendaciones de países como Togo, Ucrania, Armenia, el Congo, Irán, Malta o Eslovenia, sobre la escolarización del alumnado en situación de vulnerabilidad socioeducativa y ha asegurado que la legislación española insta «a las administraciones educativas autonómicas a garantizar la escolarización de todos los niños cuyas condiciones sociales o personales supongan una desigualdad inicial en el acceso y permanencia a la educación». Se han destacado, asimismo, las últimas reformas que han permitido reducir los índices de abandono escolar.
SALUD Y VIVIENDA
En materia de salud, se ha hecho mención a las recomendaciones formuladas por Luxemburgo, Dinamarca y Uruguay sobre el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo asegurando su prestación en la sanidad pública, así como el reconocimiento de la universalidad del sistema nacional de salud para que extiende el derecho a la protección de la salud y la atención sanitaria en las mismas condiciones para los solicitantes de protección internacional, solicitantes y beneficiarios de protección temporal, víctimas de trata de seres humanos o explotación sexual, así como a personas extranjeras.
El acceso a la vivienda ha sido otro de los temas abordados en la sesión, sobre el que han destacado la ley aprobada recientemente, a la vez que han aludido a un «impulso sin precedentes de la inversión y apoyo a las actuaciones de rehabilitación de viviendas, así como a la construcción de vivienda social». En este sentido, han cifrado en más de 4.400 millones de euros la inversión en los últimos cuatro años «que han permitido iniciar más de 20.000 viviendas sociales asequibles».
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