Junts quiere suprimir la prohibición de difundir ubicación de controles, el PP quiere un reglamento y PSOE y Sumar, no adelantar con nieve
MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) –
ERC ha incorporado una enmienda a la proposición de Ley sobre la reducción de la tasa máxima de alcohol en la conducción y la prohibición de la difusión de la ubicación de controles en redes sociales para introducir la jubilación anticipada para conductores profesionales.
En una enmienda a la que ha tenido acceso Europa Press, el socio de investidura propone una disposición adicional para que el Gobierno dicte un Real Decreto en el plazo de tres meses que regule el régimen específico sobre coeficientes reductores de jubilación que recogerá, adecuándose al colectivo, las previsiones generales contenidas en el Real Decreto 1559/1986, de 28 de junio, por el que se reduce la edad de jubilación del personal de vuelo de trabajos aéreos.
«Es indispensable tener en cuenta que la naturaleza de la actividad de los conductores profesionales posee un factor intrínseco de penosidad, debido a las largas jornadas que pasan frente al volante. Asimismo, no se puede olvidar que existe una correlación entre edad y peligrosidad de la actividad dentro del sector de los conductores profesionales. Siendo la edad promedio de jubilación de los conductores profesionales de 65 años, es indispensable garantizar condiciones laborales dignas con el fin de limitar cualquier tipo de riesgo de siniestralidad y asegurar la calidad y seguridad del servicio de transporte de viajeros», argumenta.
Asimismo, Junts per Catalunya propone añadir un artículo por el que las empresas dedicadas al transporte de viajeros por carretera podrán someter al personal móvil a reconocimientos médicos obligatorios iniciales y anuales periódicos, incluyendo pruebas de drogas, alcohol y test psicológicos. Los independentistas justifican la medida por la protección de la seguridad pública y la jurisprudencia sobre la prevención de riesgos laborales.
El Grupo Popular propone la supresión de varios artículos argumentando que la regulación de la tasa máxima de alcohol debe hacerse reglamentariamente, no por ley, e introduce enmiendas técnicas para precisar la redacción y asegurar el respeto a derechos fundamentales como «el secreto de las comunicaciones previsto en el artículo 18.3 de la Constitución».
Por otro lado, Junts solicita la supresión del artículo que prohíbe la difusión por cualquier medio, público o privado, de todo dato o información relativa a la ubicación de controles policiales de alcohol y drogas, así como de cualquier otro establecido por razones de seguridad vial. A si juicio, la prohibición es «genérica» y «poco concreta», que «choca con los derechos a la libertad de expresión y comunicación», y debería «ser abordada en una Ley más propia, como es la de Seguridad Ciudadana».
En cambio, Podemos propone añadir la prohibición expresa de difundir por cualquier medio «de comunicación, red social, canal digital, aplicación u otro canal» la ubicación de controles de alcohol y drogas, y hace responsable de la infracción a «la persona física que difunda el contenido, aunque se sirva para ello de plataformas o servicios de la sociedad de la información, o se trate de redifusiones con origen en otros datos o informaciones de terceros».
Los de Carles Puigdemont también abogan por plantea modificar el Código Penal para rebajar los umbrales de velocidad a partir de los cuales se considera delito, endureciendo así las penas para quienes superen en 30 km/h el límite en vías urbanas y 50 km/h en interurbanas, frente a los 60 y 80 km/h actuales. «Mantener los umbrales actuales del artículo 379 resulta obsoleto y va en contra de las evidencias científicas y los estándares internacionales de seguridad vial», justifica.
MULTAS DE ACUERDO A LA RENTA
Desde SUMAR, propone modificar el artículo 81 de la Ley de Tráfico para establecer que se aumentarán siempre las sanciones de acuerdo con la capacidad económica del infractor, incremento que se realizará de manera ponderada de la siguiente forma: En un 150% para los infractores sancionados cuyos ingresos brutos anuales se sitúen entre los 70.000 y los 85.000 euros; en un 300% entre los infractores sancionados cuyos ingresos brutos anuales entre los 85.000 y los 100.000 euros; y en un 500% para los infractores sancionados cuyos ingresos brutos anuales superiores a los 100.000 euros.
Respecto a la circulación en situaciones especiales, PSOE y Sumar añade normas para la circulación en autopistas y autovías en condiciones de nieve, prohibiendo adelantar, obligando a circular por el carril derecho, pudiendo utilizar su contiguo en tramos con tres o más carriles por sentido, dejando libres el resto de carriles de la izquierda para la circulación de vehículos de emergencia y quitanieves.
PSOE y Sumar proponen agravar la sanción por estacionar en plazas reservadas para personas con discapacidad. «Es necesario para ello modificar la calificación que en la Ley de Seguridad Vial se hace de la infracción, que pasaría de ser grave a muy grave. La multa en ese caso sería de 500 euros, que podría reducirse a 250 euros por pronto pago, estimándose que sí sería disuasoria de estas conductas tan reprobables e insolidarias», defienden los socios de Gobierno.
Por otra parte, Podemos introduce en el texto disposiciones adicionales para permitir la sustitución parcial de sanciones económicas por medidas educativas o comunitarias en casos de infracción «sin reincidencia ni daños a terceros»; y para que el Gobierno elaborare un informe anual sobre el impacto socioeconómico de las sanciones administrativas impuestas en materia de tráfico con datos desagregados por niveles de renta, edad, género, nacionalidad y territorio.
La formación morada también quiere incorporar contenidos formativos específicos sobre la prevención del consumo de alcohol y drogas al volante en los itinerarios de formación del sistema educativo, en la enseñanza de las escuelas de conducción y en los cursos de recuperación del permiso de conducir. «Estas acciones formativas serán de carácter obligatorio en los niveles y fases que se determinen reglamentariamente, e incluirán un enfoque de salud pública, reducción de riesgos y sensibilización social, especialmente dirigidas a la población joven y a las personas trabajadoras del sector del transporte», detalla.
Podemos apuesta por que el Gobierno promueva que los ingresos obtenidos por sanciones administrativas por conducción bajo los efectos del alcohol se destinen «prioritariamente» a financiar programas de prevención, atención a víctimas y seguridad vial, «con especial atención a los territorios donde se haya producido la infracción y a las zonas con mayor siniestralidad» y que se evalúe el impacto de la norma al año de su entrada en vigor.
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