Keir Starmer siempre ha dicho que no tiene tiempo para discusiones ideológicas. Se maneja con el espíritu práctico del abogado y fiscal que fue durante años. Cuando está cada vez más maduro un primer acuerdo entre el Reino Unido y la UE, que persigue abarcar asuntos tan ambiciosos como la defensa, la pesca, los controles aduaneros y la movilidad de los jóvenes entre el continente y la isla, ha sido el ministro Nick Thomas-Symonds, encargado de las relaciones con Bruselas, quien más claro ha dejado que el nuevo Gobierno laborista no se siente atado por los debates existenciales del Brexit que consumieron el país durante años.
“Es lo más razonable y pragmático. Queremos que haya más dinero en los bolsillos de la clase trabajadora, así como proporcionar al Reino Unido mayor seguridad y estabilidad a largo plazo”, aseguró esta semana Thomas-Symonds en una tribuna en el diario The Guardian, en la que defendía el pacto entre ambos bloques que se prepara para la primera cumbre bilateral, el 19 de mayo en Londres. “No nos dejaremos limitar por los debates y argumentos del pasado (…) Esto no va de ideología o de regresar a las divisiones de hace unos años, sino de aplicar un pragmatismo sin escrúpulos, y aquello que resulte mejor para el interés nacional”, añadió el ministro.
Sus palabras precedían al encuentro bilateral de este jueves, en Downing Street, entre el primer ministro británico y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que viajó hasta Londres para participar en la Cumbre de Seguridad Energética. Los dos líderes utilizaron la reunión para dar un impulso político a la tarea de las delegaciones técnicas, que llevan meses trabajando. “Ambos están de acuerdo en que se ha realizado un buen progreso. Han pedido a sus respectivos equipos que sigan impulsando una labor tan importante en las próximas semanas, con el propósito de presentar un paquete de propuestas tan ambicioso como sea posible en la próxima cumbre Reino Unido-Unión Europea del mes que viene”, aseguró un portavoz del primer ministro.
El nudo gordiano de los jóvenes
Londres y Bruselas quieren cerrar en mayo cuatro acuerdos. El más articulado y casi listo para su aprobación es el de defensa y seguridad. La guerra de Ucrania ha provocado un intenso acercamiento entre el Reino Unido y la UE, y el club comunitario parece dispuesto finalmente a acceder a que las compañías británicas puedan tener acceso, previo pago de una cuota de financiación, a los más de 175.000 millones de euros del SAFE (Security Action for Europe, Acción de Seguridad para Europa) que la UE quiere destinar a rearmarse.
Junto al pacto en defensa, los equipos trabajan en un nuevo acuerdo pesquero y en la relajación de los controles sanitarios y fitosanitarios de los productos que el Reino Unido exporta al continente o a Irlanda del Norte, a cambio de un alineamiento británico con la normativa de la UE.
Pero el nudo gordiano que el Gobierno de Starmer sabe que debe desatar si quiere reiniciar con buen pie sus relaciones con la Unión Europea, es el Esquema de Movilidad Juvenil. Se trata de un plan propuesto por Bruselas, e impulsado insistentemente por gobiernos como el alemán, con el que se pretende recuperar el intercambio de jóvenes entre la isla y el continente con la intención de trabajar, estudiar o viajar, pero sobre todo para revitalizar unos vínculos que fortalecieron durante años el espíritu europeo. “Para poder extender las oportunidades culturales, educativas y económicas a los jóvenes del Reino Unido” han explicado en una carta dirigida al Gobierno un grupo de más de 70 diputados y lores que reclaman ese acuerdo con la UE.
Starmer tiene pavor a la idea de que la propuesta sea vista como un regreso a la libertad de movimientos de personas de la Unión Europea, a la que Londres renunció con el Brexit. La inmigración, que no cesa de aumentar, es percibida por el Gobierno laborista como la excusa para un fortalecimiento de los partidos populistas. La ministra del Interior, Yvette Cooper, ha sido la miembro del Ejecutivo más opuesta a un esquema que incrementaría las cifras de recién llegados al país.
Por eso se trabaja en alguna fórmula que limite el tiempo o el número de jóvenes que podrían acogerse a un esquema que nunca, insisten los expertos, se diseñó para recuperar la libertad de movimiento de la UE. Se trata de un programa de visados para personas de entre 18 y 30 años, similar al que tanto el Reino Unido como la UE tienen ya con países terceros. “El esquema de movilidad juvenil requiere de un visado y solo permite estancias temporales para trabajar, estudiar o viajar, pero bajo unas condiciones específicas y restringidas, sin poder acumular derechos de residencia ni libertad absoluta de movimiento”, explican los profesores de la Universidad de Warwick, Kirsty Warner y Husein Kasim, en un texto para la organización UK in a Changing Europe.
El Gobierno británico trabaja con varias ideas sobre la mesa, que incluirían la posibilidad de excluir a los jóvenes que se acogieran al programa de la contabilidad oficial de inmigrantes; la equiparación de la cifra de llegadas a la de salidas (un ciudadano de la UE por cada británico) o un límite estricto de tiempo de estancia, de uno a cuatro años.
Pero si el esquema contempla finalmente derechos de acceso a la sanidad pública y matrículas universitarias con idéntico coste al que hoy pagan los británicos (actualmente un estudiante de la UE debe pagar hasta tres veces más), se reabrirá definitivamente la puerta a un intercambio cultural, humano y económico que muchas empresas, instituciones y ciudadanos británicos echan de menos.
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