MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) –
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha rastreado a más de 100 influencers que publicaban contenidos publicitarios sin identificarlo, vulnerando la normativa de protección al consumidor.
«Se han utilizado notas informativas como herramienta de disciplina preventiva. Antes de iniciar sanciones, se optó por una intervención en el Ministerio», ha asegurado este lunes el secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo en el Congreso de los Diputados.
Barragán ha recordado que hace tres años se aprobó la Ley que dotó a la Administración General del Estado de competencias sancionadoras directas en materia de consumo.
En este tiempo, según ha detallado, se han tramitado más de 500 denuncias, abierto 447 investigaciones e iniciado 50 procedimientos sancionadores.
«Más allá de las cifras, lo relevante es que por fin existe una capacidad real para actuar y garantizar que las infracciones no queden impunes. Este nuevo marco ha permitido intervenir en sectores clave, donde las prácticas abusivas eran persistentes, generalizadas y toleradas durante demasiado tiempo», ha manifestado Barragán.
Para el secretario general de Consumo y Juego, la acción sancionadora «no responde a una lógica punitiva, sino a la necesidad de restablecer la legalidad, corregir desequilibrios estructurales y proteger a quienes se encuentran en una posición de mayor vulnerabilidad».
También ha recalcado que el Gobierno ha reforzado la vigilancia frente a prácticas «que, aunque normalizadas, vulneran derechos fundamentales»: «Así ha ocurrido con actuaciones frente a la publicidad ilícita dirigida a menores, las rebajas ficticias, los cobros abusivos o la ausencia de canales de detención al cliente accesibles».
«En todos estos casos la intervención ha tenido un objetivo común, asegurar que ninguna persona queda desprotegida por su edad, por su renta o por la impotencia de no ser atendido. Pero no basta con vigilar. Cuando se vulneran los derechos de las personas consumidoras hace falta también una autoridad pública que pueda actuar con firmeza», ha aseverado Barragán.
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