En el centro de detención de Nanterre, al norte de París, llevan varias noches en calma, tras la ola de ataques nocturnos de principios de semana contra esta prisión y otras del país. “Se quemaron varios coches, pero en el aparcamiento. Dentro de la cárcel no solemos tener problemas más allá de los de siempre: presos que oponen resistencia o desobedecen. Estas agresiones son contra la institución penitenciaria, no contra el personal”, relata Eddy, funcionario de prisiones.
Como el resto de entrevistados en este reportaje, Eddy no da su nombre completo por temor a represalias. Lo cuenta desde la zona de descanso que tienen habilitada dentro del recinto, pero en la zona exterior, fuera del edificio donde custodian a los presos. El interior está blindado: solo pueden acceder las visitas y el resto necesita una autorización expresa del Ministerio de Justicia. Es la hora del almuerzo, así que los agentes entran y salen, la mayoría esquivos, otros más proclives a hablar.
Entre el lunes y el miércoles se registraron una docena de ataques en centros penitenciarios de la región parisina y del sur del país. La Fiscalía antiterrorista, que se encarga de la investigación, aún no ha realizado detenciones y baraja todas las opciones, pues se produce en plena represión al narcotráfico, pero también en medio del debate sobre la situación en los centros, cada vez más masificados y donde los funcionarios de prisiones denuncian sufrir amenazas cotidianas.
“Ya hemos vivido episodios parecidos antes, pero aislados, no de manera coordinada y a escala nacional. No sabemos quién está detrás, ese es el gran interrogante, aunque es verdad que la presión sobre los narcotraficantes ha aumentado en los últimos meses y eso se nota en los centros. Hay que esperar a que se detenga a los autores para resolver el enigma”, explica Wilfried Fonck, del sindicato de vigilantes de prisiones UFAP.
Con una capacidad para 1.200 presos, el de Nanterre es un centro de detención donde están las personas a la espera de juicio o condenados a penas menores. “Desde un vendedor de droga hasta alguien que no paga la pensión a sus hijos, no son los perfiles más conflictivos y las amenazas directas son raras”, dice Jérôme, otro de los vigilantes en el centro. El 45% de los presos del país están en este tipo de establecimientos penitenciarios. En las prisiones grandes “se concentran los perfiles más peligrosos, como narcotraficantes, condenados por asesinato o violadores”, relata.
Esta cárcel está a unos 10 minutos andando de la Universidad de Nanterre. Los separa una carretera en la que pasan constantemente coches de policía. Desde el martes se han reforzado las medidas de seguridad. En la región de París se atacaron otros dos centros penitenciarios, aunque la mayoría de los afectados están en el sur del país. “Son las zonas donde las bandas del crimen organizado son más fuertes”, cuenta al teléfono Rudy Mana, policía marsellés del sindicato Alliance Police y que conoce bien cómo se mueven estas bandas.
“En uno de los ataques, varios individuos abrieron fuego con un Kaláshnikov. El uso de esta arma apunta al narco y coincide con el anuncio del ministro de Justicia [Gérald Darmanin], que advirtió de que los más peligrosos entrarían en una prisión de alta seguridad. Esto supone que van a estar aislados, sin teléfono ni visitas. Gestionan su red dentro de las cárceles, así que esto es un grave problema para ellos”, explica este policía, que admite que “la lucha contra el crimen organizado está dando resultados y se han desactivado un 30% de los puntos de venta en algunas zonas por el aumento de la presencia policial”.
Fuentes del Ministerio de Justicia explican a EL PAÍS que “la investigación está en curso y no se descarta nada, aunque la región parisina y el sur son las zonas de más influencia del narcotráfico y ya hubo amenazas contra cargos penitenciarios a raíz del desmantelamiento de puntos de venta”.
Aunque al principio esta era la principal línea de investigación, la diversa naturaleza de los ataques les ha hecho centrarse en otras hipótesis: se quemaron coches, se atacó el domicilio de dos funcionarios de prisiones y se han encontrado pintadas con frases como “la cárcel mata”. En los alrededores de uno de los centros encontraron un cóctel molotov y en Telegram y TikTok había grupos donde se incitaba a llevar a cabo acciones. En algunos coches apareció la inscripción “DDPF” (derechos de los prisioneros de Francia), nunca vista antes. “Podrían ser grupos de ultraizquierda o incluso una injerencia extranjera. No sabemos quién está detrás, pero en todos los casos, buscan desestabilizar el país”, dice Fonck.
Todas las hipótesis están abiertas
El fiscal antiterrorista, Olivier Christen, aseguró el jueves que “no hay una pista prioritaria”. “Todo es posible: pueden ser grupos políticos radicalizados, el crimen organizado o una convergencia de objetivos y personas que se manipulan los unos a los otros”.
Otro de los centros atacados fue el de Fleury Merogis —en el sur de París, cerca del aeropuerto de Orly—, que alberga más de 4.500 presos (tiene capacidad para menos de 4.000) y es uno de los más grandes de Europa. Allí vigila Nadine —nombre ficticio para preservar su seguridad—, que denuncia que “las amenazas y los insultos se han convertido en algo cotidiano”. “Un ‘no’ les crea una profunda frustración, la aplicación del reglamento interno es un problema diario”.
“Los detenidos son hostiles a toda forma de autoridad. Se pasan el día defendiendo sus derechos sin importarles los de los otros. Cuando vamos a cachear a alguno porque sabemos que esconde estupefacientes, la respuesta típica es: ‘¿Por qué me registran? ¡Es inhumano, indigno, te voy a denunciar!’. Odian la ley y a los poderes judiciales, y sus abogados hacen lo posible para evadir las sanciones disciplinarias, que son las que nos permiten mantener el orden”, explica al teléfono la funcionaria de prisiones.
El hecho de que la Fiscalía antiterrorista se encargue de la investigación “ha permitido centralizar las pesquisas y tener más medios”, explican fuentes de Justicia. Se ha dado orden a los prefectos de cada región, de quienes dependen los gendarmes y la policía, para que refuercen las medidas de seguridad, “haya más controles en carreteras y se pueda registrar coches sospechosos, así como el uso de drones para poder identificarlos”, explican estas fuentes. De momento, a pesar de los esfuerzos, no se han podido realizar detenciones.
También se han puesto en marcha “patrullas digitales” para rastrear las redes sociales, pues el martes, en un canal de Telegram, ya cerrado, detectaron un grupo en el que se incitaba al vandalismo en centros penitenciarios y “donde se apuntaba directamente al ministro de Justicia”, Gérald Darmanin. Hace unas semanas, este anunció la creación de 3.000 nuevas plazas en centros prefabricados para resolver el problema de la masificación carcelaria.
Por ese motivo, no se descarta que esto pueda estar en el origen de algunos actos. En Francia hay 186 establecimientos penitenciarios, con capacidad para 62.000 presos, pero la cifra de detenidos en marzo superaba los 80.000. “Es un problema grave porque a veces no hay espacio y, cuando ingresa uno nuevo, hay que ponerle un colchón en el suelo para que duerma”, dice Jérôme, vigilante en Nanterre. Wilfried Fonck añade: “Hay una degradación de las condiciones y una falta de efectivos que hace que nos cueste gestionar, tanto la violencia entre presos, como la violencia de estos contra el personal”.
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