MADRID 23 May. (EUROPA PRESS) –
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha pedido que «la justicia haga su curso» y ha expresado «todo» su «apoyo y solidaridad» con las familias de las 7.291 personas que, según ha asegurado, fallecieron en las residencias de Madrid entre marzo y abril de 2020, al comienzo de la pandemia de la covid-19, después de que el Juzgado de Instrucción 3 de Madrid haya citado a declarar como investigados a dos altos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo.
Así se ha pronunciado Díaz en declaraciones a los medios, en el marco de una jornada sobre ‘Juventud – Precariedad. Los derechos laborales de las personas trabajadoras jóvenes’, que se ha celebrado este viernes en el Espacio Fundae, en Madrid, y en el que también ha participado la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.
«Bueno, siempre les digo lo mismo, que la justicia haga su curso. Lo que sí que quiero recordar es que los protocolos de la vergüenza supusieron que 7.291 personas en Madrid fallecieran, y es una vergüenza. El procedimiento judicial, saben que nunca entro a debate sobre esto y por tanto que siga su curso. Pero eso sí, los protocolos de la vergüenza de la Comunidad de Madrid supusieron que 7.291 personas fallecieran. Por tanto, todo el apoyo y la solidaridad con las familias de esas personas. Me acuerdo muy bien de aquellos días», ha indicado.
El Juzgado de Instrucción 3 de Madrid ha citado a declarar como investigados este lunes 26 de mayo a las 12.30 horas a dos altos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid –Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo–, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a Europa Press.
Mur era director general de coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid en marzo de 2020 y fue el encargado de firmar los protocolos de no derivación hospitalaria en residencias de mayores durante la primera ola del covid-19. Peromingo, por su parte, era el geriatra que tomaba las decisiones sobre 47 residencias en el área del Hospital de Móstoles y, en mayo de 2020, sustituyó a Mur en el cargo de director general cuando este fue cesado.
Se reabre así a petición de la Fiscalía Provincial de Madrid una causa que había sido archivada provisionalmente casi tres años antes, según ha informado la asociación 7.291 Verdad y Justicia en un comunicado.
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