Washington (EFE).- Defensores de los derechos de los inmigrantes en EE.UU. presentaron una demanda en contra del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) por negarse a informar sobre la forma en que recopila, almacena y utiliza las pruebas de ADN tomadas a inmigrantes.
El Centro de Privacidad y Tecnología de la Universidad de Georgetown, el Centro Amica para los Derechos de los Inmigrantes y Americans for Immigrant Justice informaron este martes sobre la querella legal presentada en una corte federal del Distrito de Columbia.
La organizaciones señalaron en un comunicado que la demanda fue presentada porque el DHS no ha contestado una solicitud que le hicieron bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA) sobre el uso de estas muestras, que recopila de forma masiva desde 2020.
Los defensores de los inmigrantes advirtieron de que la toma de muestras de ADN de extranjeros ha incrementado a un ritmo sin precedentes de más del 5.000 % en la base de datos del FBI, conocida como CODIS.
En 2024 las tres organizaciones presentaron una solicitud conjunta para saber cómo la agencia recopila, almacena y utiliza datos de ADN de inmigrantes, información que la agencia divulga poco o nada al público, pero no han recibido respuesta alguna.
La controversia sobre la recolección de ADN de inmigrantes
Stevie Glaberson, director de Investigación y Defensa del Centro de Privacidad, dijo en un comunicado que el DHS está recolectando muestras de personas que no enfrentan acusaciones de delitos y operando sin ninguna de las restricciones que «se supone deben existir» para que el gobierno obligue a alguien a proporcionar su información personal más confidencial.
«Los estadounidenses merecen conocer los detalles de este programa y la falta de transparencia del departamento es inaceptable», agregó.
«El programa de recolección de ADN del DHS es solo una pieza de una redada masiva que recopila información sobre todos nosotros no solo para impulsar la deportación -aunque lo hace-, sino principalmente para intimidar y silenciar a quienes se oponen a él», valoró Emily Tucker, directora ejecutiva del Centro de Privacidad y Tecnología de la Facultad de Derecho de Georgetown.
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