El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente informativo para investigar los potenciales aumentos de precio de los servicios de Vehículos de Transportes con Conductor (VTC) durante el apagón que dejó sin electricidad a toda la península ibérica este lunes. La decisión fue tomada a raíz de las denuncias realizadas por usuarios residentes en comunidades autónomas en las que se había declarado el estado de emergencia u otro tipo de emergencia de protección civil, contexto en el que la normativa vigente prohíbe este tipo de prácticas a las empresas con sistemas de precios dinámicos.
Tras el paso de la dana que azotó la Comunidad Valenciana en octubre del año pasado, el Gobierno de España aprobó una modificación específica para que empresas como Uber, Bolt o Cabify no puedan aumentar sus tarifas en contextos extremos de urgencia, riesgo o necesidad de los usuarios en los que suele haber un crecimiento de la demanda. El objetivo, que las compañías sean más “transparentes y accesibles” y que no se aprovechen de situaciones extremas como las ocurridas en Valencia en octubre, o en gran parte de España el pasado lunes.
Los precios, según han explicado desde el ministerio, deben mantenerse estables durante todo el tiempo en el que se mantenga una declaración de alerta. Por ello, en las comunidades autónomas donde se declaró la emergencia nacional durante el apagón —Madrid, Andalucía, Extremadura, Murcia, La Rioja, Galicia, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana—, aquellas empresas que hayan aumentado las tarifas pueden ser sancionadas con multas de hasta 100.000 euros o seis veces el beneficio obtenido en el viaje.
El modelo de precios dinámicos es una estrategia que aplican muchas compañías de transporte privado, pero que también utilizan plataformas como Glovo, Booking o Amazon. En el caso de los VTC, la oferta y la demanda es muy sensible a los episodios metereológicos y el comportamiento del tráfico. Es por ello que, el 14 de marzo, el ministro Pablo Bustinduy anunció que Consumo regularía los algoritmos utilizados para la modificación de precios.
La regulación, que ampliaría el decreto que se aprobó el pasado noviembre —un mes después de la dana de Valencia—, exigirá que se ofrezca información clara a los usuarios sobre los parámetros establecidos por la empresa para determinar el precio que se les muestra. Además, prohibirá que el precio del viaje se fije por razones discriminatorias, como, por ejemplo, que la persona usuaria tenga una discapacidad, o por su perfil racial.
Fuente: Noticia original
