MADRID 30 May. (EUROPA PRESS) –
La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha anunciado que trabaja, en colaboración con un grupo de expertos, en la elaboración de una ‘Guía Práctica para la protección de los derechos de las personas con discapacidad en el proceso penal’.
Así lo ha puesto de manifiesto durante su intervención en el acto de entrega de los XVII premios anuales del Foro Justicia y Discapacidad. En el evento, ha animado a los operadores jurídicos y las instituciones que trabajan en defensa de los derechos de las personas con discapacidad a «seguir cambiando la mentalidad social» con el objetivo de lograr un mundo sin barreras para ellas.
En este sentido, Perelló ha señalado que «la garantía de valores esenciales como el respeto, la igualdad y la no discriminación» es una tarea que atañe «a todo el conjunto social» y que «necesita de la complicidad de cada persona y de cada institución», desde las distintas responsabilidades que corresponden a cada una.
Igualmente, Perelló ha dicho que al Poder Judicial le corresponde la labor de tutela y de protección de todas las personas con algún tipo de discapacidad que necesitan acudir a la Justicia. Por ello, ha añadido que «el papel de los jueces es esencial a la hora de facilitar el acceso a la Justicia de estos ciudadanos cuando exigen que sus derechos y libertades sean reales y efectivos».
Además, ha destacado el trabajo que, desde su creación en 2003, lleva a cabo el Foro Justicia y Discapacidad para la eliminación de los obstáculos que condicionan el acceso a la Justicia en condiciones de igualdad de este colectivo.
También ha añadido que la organización de los premios del Foro refleja la relevancia que para todos tiene el «compromiso social» con esta causa. Así, ha agregado que con ellos se promueve «una mayor toma de conciencia dando visibilidad no solo a los retos, sino también a los progresivos avances en favor de los cuatro millones de personas con discapacidad que hay en España, de los cuales casi el 60 por ciento son mujeres».
Por su parte, la vocal del CGPJ y presidenta del Foro Justicia y Discapacidad, Isabel Revuelta, ha expresado su agradecimiento a quienes dedican su tiempo «a mejorar la vida de los demás y luchan, generosamente, por los derechos de las personas con discapacidad». Además, ha destacado los avances legislativos alcanzados en esta materia en la última década.
«Pero no podemos caer en la autocomplacencia», ha advertido, para añadir que el reconocimiento de un derecho por la norma jurídica «debe ir acompañado de las medidas necesarias para su aplicación efectiva, implementando los medios personales y materiales precisos».
En esta línea, la vocal ha señalado que las instituciones deben seguir avanzando «para conseguir en la práctica el acceso a la Justicia en condiciones de igualdad».
EL EXFUTBOLISTA UNZUÉ, UNO DE LOS PREMIADOS
En su XVII edición, el Foro Justicia y Discapacidad ha reconocido al exfutbolista Juan Carlos Unzué, diagnosticado de ELA, «por su labor para concienciar a la sociedad de la importancia de contar con una ley que regule la atención integral a las personas con enfermedades neurodegenerativas».
También ha galardonado al jurista Miguel Ángel Cabra de Luna «por su contribución a la ratificación por España del Convenio de la ONU sobre esta materia y a la promulgación de la Ley 8/21 de reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica».
Además, han sido premiados la Fundación PRODE, dedicada a la integración social de las personas con discapacidad a través del empleo; y el Hogar Don Orione, que proporciona a las personas con discapacidad intelectual los apoyos necesarios para vivir de forma autónoma y desarrollar un proyecto de vida propio.
Junto el CGPJ, forman parte del Foro el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y el de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030; la Fiscalía General del Estado; el Consejo General de la Abogacía Española; el Consejo General de Procuradores de España; el Consejo General del Notariado (Fundación Aequitas); el Colegio de Registradores de la Propiedad Mercantil y de Bienes Muebles de España; el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales; el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI); Plena Inclusión y la Fundación ONCE.
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