Los Gobiernos autónomos de Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana ―todos gobernados por el PP― se han opuesto frontalmente a las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura que el Ministerio de Transición Ecológica dio a conocer el pasado martes, por entender que comprometerán el caudal de agua que esas regiones están recibiendo actualmente con las consiguientes pérdidas económicas para su agricultura. Los regantes afectados también han pedido al Gobierno que reconsidere la propuesta de reducción de las derivaciones hasta en un 40% de cara a 2027.
El Miteco dio a conocer el informe elaborado por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex) sobre la actualización de la regla de explotación para dar cumplimiento a los caudales ecológicos previstos en el Plan Hidrológico del Tajo, que requiere una modificación gradual de las especificaciones técnicas de esa regla para cada escalón previsto de incremento de los caudales ecológicos. De acuerdo con el análisis, que según el ministerio, “parte de los parámetros legales y de demandas a fecha de hoy”, se prevé un endurecimiento de los umbrales para autorizar trasvases. Entre ellos: el incremento de los requisitos para autorizar el máximo de agua trasvasada (60 hectómetros cúbicos), que solo se permitiría cuando “las existencias conjuntas en los embalses de Entrepeñas (Cuenca) y Buendía (Guadalajara) pasen a ser de 1.600 hectómetros cúbicos”, para declararlos en nivel 1 y 2. En la actualidad ese umbral se sitúa en los 1.300 y 600 hectómetros cúbicos, respectivamente. También se plantea que los embalses entren en nivel 3 ―“situaciones hidrológicas excepcionales” que impiden ceder caudal― cuando acumulen 530 hectómetros, un límite que hasta ahora estaba fijado en 400.
Los consejeros competentes en Agricultura y Agua de Andalucía, Murcia y Valencia, Ramón Fernández-Pacheco, Sara Rubira y Miguel Barrachina, se han reunido este viernes por la mañana para instar al Gobierno central a que no apruebe las nuevas reglas al considerar que se trata de una reforma “insolidaria, ideológica y realizada de manera unilateral”.
El consejero andaluz ha advertido que, de aprobarse, a partir de 2027, “Almería recibirá 7,5 hectómetros menos, lo que supone prácticamente la mitad de los recursos hídricos que tenía hasta ahora”, para llamar la atención sobre cómo ese trasvase había garantizado el desarrollo de esa provincia, así como de toda la Región de Murcia y de Alicante.
Precisamente, el presidente de esta última comunidad, el popular Carlos Mazón, arremetió ayer contra los nuevos criterios del Miteco al entender que suponen “un ataque directo” a la forma de vida de Valencia.
“Estamos asistiendo probablemente a uno de los mayores ataques que el Gobierno de Pedro Sánchez ha propinado a la Comunitat Valenciana, Murcia y Almería”, aseguró desde Nueva York, donde se encuentra de viaje oficial. En similares términos se pronunció su homólogo murciano, Fernando López Miras (PP), que también instó a los diputados socialistas a “dejar de lado los intereses partidistas”, frente a un “recorte” que considera que es del 50% del trasvase y cuyos efectos “van mucho más allá de los agricultores y regantes”.
Si, por un lado, Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana han mostrado su rechazo frontal a las nuevas reglas de explotación que ha presentado el Miteco, Castilla-La Mancha se ha mostrado muy satisfecha con la nueva propuesta. “Lo más relevante no es la propuestas que hace el Ministerio, ni siquiera que hayamos ganado cinco sentencias y que estemos exigiendo el cumplimiento de las directivas europeas, sino que la propuesta que se hace, por una vez, no esconde la realidad técnica”, dijo esta semana su presidente, Emiliano García-Page para quien, las nuevas modificaciones evidencian el “enorme fracaso” del trasvase. El barón socialista también dejó claro que “si la red de desaladoras estuviera a pleno rendimiento, haría innecesario el trasvase”.
El Miteco aseguró el martes que explicaría todos los detalles del informe y los pasos posteriores tanto a los usuarios como a las comunidades autónomas. Andalucía, Murcia y Valencia ya han pedido una reunión con la ministra Sara Aagesen. En todo caso, las nuevas reglas deben someterse a un proceso de información pública y contar con el informe del Consejo Nacional del Agua con carácter previo a su aprobación.
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