La organización denuncia las «condiciones de hacinamiento» que sufren los niños menores migrantes no acompañados en Canarias
MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) –
Amnistía Internacional alerta de «niveles alarmantes» de asesinatos machistas en España en su informe anual de 2024 ‘El estado de los derechos humanos en el mundo’, publicado este martes 29 de abril, en el que también insta al Gobierno a ponerles «fin».
«Persistían unos niveles alarmantes de homicidios de mujeres principalmente a manos de su pareja o expareja en países como Alemania, Bulgaria, Croacia, España, Grecia, Italia, Montenegro, Portugal y Turquía», asegura la organización.
En este sentido, también advierte de que las mujeres migrantes, las trabajadoras sexuales y las mujeres trans «encontraban barreras sistemáticas cuando intentaban denunciar violencia sexual». «Los gobiernos deben poner fin a la impunidad de todas las formas de violencia basada en el género», recalca.
En cuanto al medioambiente, Amnistía Internacional menciona en su informe las lluvias torrenciales que en octubre causaron inundaciones y 224 muertes en España.
En esta línea, insta a los gobiernos a «acelerar el abandono progresivo del uso y la producción de combustibles fósiles mediante una transición justa y poner fin a toda financiación de combustibles fósiles». Asimismo, llama a aumentar «con carácter urgente» la financiación climática y los fondos adicionales específicos para pérdidas y daños destinados a países de ingresos bajos.
Igualmente, recalca el «fracaso» de los Estados a la hora de eliminar gradualmente el uso de combustibles fósiles. Además, expone que las negociaciones de la COP29 dieron como resultado un «cicatero acuerdo de financiación» con el que advierte de que los países de bajos ingresos «corren el peligro de quedar atrapados en un círculo vicioso de endeudamiento».
«PREOCUPA» LA POLÍTICA MIGRATORIA DE ESPAÑA
Por otro lado, Amnistía Internacional ha dicho que «preocupa» la política migratoria en España, que pide «acciones» para los migrantes. «También nos preocupa la política migratoria en España. En líneas generales las autoridades mantienen un discurso de acogida y respecto a las personas migrantes. Algo necesario en un momento de excesiva crispación y polarización, tal y como señaló la propia Fiscalía General del Estado en su memoria de 2023. Pero esos discursos deben transformarse en acciones: los más de 5.000 niños y niñas migrantes no acompañados en las Islas Canarias siguen sin estar protegidos de manera adecuada», la apuntado el director de la organización en España, Esteban Beltrán.
Además, Beltrán ha denunciado las «condiciones de hacinamiento» que sufren los niños menores migrantes no acompañados en Canarias. También ha criticado la falta de estudios individualizados de todos los niños garantizando el interés superior del menor; así como inspecciones «periódicas y adecuadas» de los centros de acogida «para combatir posibles situaciones de violencia y abusos contra ellos».
En su informe, Amnistía Internacional también destaca que «el racismo y otras formas de opresión han seguido determinando los planteamientos de muchos países en materia de asilo y migración». De hecho, explica que gobiernos de todo el mundo han adoptado «medidas extremas y violentas» para «impedir y rechazar» las llegadas irregulares, como transferir la responsabilidad sobre las personas refugiadas y migrantes a otros países, cerrar fronteras y efectuar devoluciones colectivas.
A juicio de la organización, en esta materia «los gobiernos deben adoptar políticas migratorias que aborden eficazmente la desigualdad y la exclusión».
Respecto a la discriminación racial, apunta que la elaboración de perfiles raciales y el racismo institucionalizado en ámbitos como la aplicación de la ley y la asistencia social han persistido, «lo que pone de relieve el carácter generalizado de estas injusticias».
En este sentido, expone que en Europa, Noruega y Suiza han utilizado perfiles raciales discriminatorios, mientras que, en Dinamarca, Países Bajos y Suecia, los sistemas automatizados de asistencia social han dado lugar a «prácticas discriminatorias» contra las comunidades racializadas, así como contra las mujeres y las personas con bajos ingresos.
«Los gobiernos deben poner fin a la discriminación racial incorporada a las leyes y prácticas, abordar la cuestión de la justicia restaurativa por la esclavitud y el colonialismo y cuestionar el legado de estas injusticias históricas en las formas contemporáneas de racismo y desigualdad», subraya.
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