Miami (EFE).- Un tribunal federal de apelaciones se negó este viernes a autorizar la implementación en Florida de la ley SB 4-C, que convierte en un crimen estatal la migración irregular en Florida y que simboliza que el estado tiene una de las políticas más agresivas contra los inmigrantes indocumentados, según informó la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).
Un panel del Undécimo Tribunal de Apelaciones de EE.UU. denegó por unanimidad la solicitud del fiscal de Florida James Uthmeier, para suspender el fallo de un tribunal inferior que mantiene bloqueada la controvertida medida desde el mes pasado.
El fallo inicial contra la SB 4-C, impulsada por el gobierno de Ron DeSantis, señala que la ley es probablemente inconstitucional, por lo que detuvo su implementación mientras continúa el proceso legal.
Los alcances de la ley
La ley permite el arresto y encarcelamiento de personas que hubieran ingresado al país sin inspección, incluso si habían regularizado su estatus migratorio y no habían cometido ningún otro delito.
Además, obliga a mantenerlas en prisión preventiva sin considerar sus circunstancias particulares. Organizaciones defensoras de derechos de los inmigrantes sostuvieron que esta ley no solo era cruel, sino que también violaba la ley federal y los derechos constitucionales básicos.
La demanda contra la ley aprobada en febrero pasado se presentó presentada en nombre de la Coalición de Inmigrantes de Florida, la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida y varias personas afectadas en nombre de todos los afectados por la ley.
La decisión del tribunal de apelaciones
Bacardi Jackson, directora ejecutiva de la ACLU de Florida, dijo en un comunicado que la decisión del tribunal de apelaciones “ no es solo una victoria legal, sino un rotundo rechazo a la crueldad disfrazada de política”.
“Los legisladores de Florida intentaron usar el miedo como ley y la discriminación racial como forma de gobierno. La SB 4-C fue un flagrante abuso de poder diseñado para castigar a los inmigrantes y dividir a nuestras comunidades”, agregó la abogada.
Por su parte, Cody Wofsy, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, dijo que la decisión del Undécimo Circuito “se suma” a otros tribunales en Florida, Texas y Oklahoma, entre otros estados que han analizado estas leyes antiinmigrantes y las han bloqueado
El abogado agregó que es hora de que los estados entiendan el mensaje: “las leyes estatales de inmigración son inconstitucionales”.
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