Europa se dispone ya a revisar el acuerdo de asociación que regula la relación entre Israel y la UE para evaluar si el Gobierno de Benjamín Netanyahu cumple los estándares de derechos humanos que exige ese marco bilateral. El proceso, anunciado por la alta representante para la Política Exterior, Kaja Kallas, no debería demorarse. Ante la crudeza de los hechos en Gaza, a los que este miércoles se sumó un insólito ataque con disparos de fuerzas israelíes a una delegación de diplomáticos europeos y otros países en Cisjordania, varios países (Francia, España y Bélgica, además del Reino Unido desde fuera de la UE) piden ir más allá en las medidas. Entre ellos no figura Alemania, partidaria incluso de mantener tal como está el acuerdo de asociación con Israel.
Más allá de las imágenes de devastación y catástrofe humanitaria que llegan cada día desde la franja de Gaza, sobre todo desde que Israel rompió en marzo el alto el fuego y bloqueó la entrada de ayuda internacional, una buena parte del análisis ya está hecho: poco antes de dejar el cargo, el predecesor de Kallas, el español Josep Borrell, presentó a los Veintisiete un exhaustivo informe en el que documentaba cómo Israel no había respondido “de manera suficiente” a las inquietudes europeas sobre “posibles violaciones” del derecho humanitario internacional en Gaza.
Corría noviembre de 2024 y muy pocos en la UE, salvo España, Irlanda y el propio Borrell, parecían considerar —o se atrevían a decirlo en voz alta— que la actuación israelí en la Franja en respuesta al terrible ataque terrorista de Hamás el 7 de octubre de 2023 (cuya gravedad ningún país europeo ha cuestionado nunca) ameritaba revisar el acuerdo que, desde 2000, encuadra las relaciones entre el Estado judío y la Unión. Y que constituye una de las pocas palancas de presión que Bruselas tiene ante el Ejecutivo de Netanyahu, ya que la UE es el mayor socio comercial de Israel al suministrar un 32% del total de mercancías de Israel con el mundo en 2024, según datos de la Comisión Europea.
Mucho menos se atrevían los países en ese momento a apoyar un paso tan contundente como el que propuso Borrell: suspender el diálogo político con Israel. La iniciativa fue rechazada de inmediato por países como Austria o Alemania, alérgicos, por su pasado nazi, a formular cualquier crítica que pueda valerle una acusación de antisemita. Pero también muchos otros Estados manifestaron su temor a forzar una votación que mostrara la profunda división que este conflicto provoca en los Veintisiete, que hasta ahora solo han dado respuestas unificadas bastante tímidas, pese a que el informe de Borrell ya advertía en noviembre de que había un “riesgo de empeoramiento de la catástrofe humanitaria en Gaza”.
Seis meses más tarde, y con esa profecía más que cumplida, esos pudores parecen diluirse. No solo es que la estonia Kallas —de la que el Gobierno de Netanyahu esperaba que emprendiera una senda diferente a la del incómodo Borrell— se haya abierto a analizar si Israel cumple los derechos humanos. Es que lo hace instada por una “enorme mayoría” de Estados miembros, 17 de 27, entre ellos aliados sólidos de Israel como Austria o Polonia. Las cifras dan la vuelta. Aunque sea ya tarde para muchos palestinos.
Condena unánime
“Cuando España e Irlanda pidieron la revisión del Acuerdo de Asociación [en una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en febrero de 2024, que la alemana ignoró], había 28.000 muertos. Ahora son más de 50.000. Ha hecho falta ese aumento para que algunos digan que ya no pueden cerrar los ojos”, lamenta Borrell. Con todo —apunta en conversación telefónica—, será difícil que ahora Bruselas no dé una respuesta que ha eludido durante más de un año pese a los contundentes informes internos —firmados por el entonces representante especial de la UE para derechos humanos, Olof Skoog, hoy vice secretario general del Servicio de Acción Exterior que dirige Kallas— que ya se presentaron meses atrás. Y a los que ahora se unen las cada vez más numerosas denuncias internacionales —incluso de los países que siguen siendo reticentes a actuar contra Israel— por unas acciones “intolerables” que están recibiendo una condena unánime, incluso de los países amigos.
“El Gobierno austriaco está totalmente comprometido con la seguridad de Israel (…) Pero la población civil no tiene que pagar el precio del terror de Hamás: el derecho internacional debe ser respetado bajo todas las circunstancias”, le dijo el canciller austriaco, Christian Stocker, a Netanyahu, después de que su ministra de Exteriores, Beate Meinl-Reisinger, diera la sorpresa sumándose en Bruselas a la iniciativa de Países Bajos —otro de los antiguos casi incondicionales de Israel— a pedir la revisión del acuerdo de asociación, usando argumentos similares a los del Gobierno de Pedro Sánchez 15 meses antes.
Held my first phone call with Israeli Prime Minister @netanyahu. The Strategic Partnership between Austria and Israel has developed well in the last years. The Austrian government is fully committed to Israel’s security and to the fight against all forms of antisemitism.
Hamas’… pic.twitter.com/PEjh9NOxtY— Christian Stocker (@_CStocker) May 20, 2025
“Les puedo asegurar que todos los Estados manifestaron serias preocupaciones sobre la crisis humanitaria en Gaza”, dijo en el Parlamento Europeo este miércoles el ministro de Asuntos Europeos de Polonia, Adam Szlapka, cuyo país ostenta este semestre la presidencia rotatoria del Consejo de la UE y que es otro de los grandes países que han dado un giro de 180 grados en la materia.
Pero a pesar del nuevo desafío israelí, que provocó nuevas protestas internacionales después de que soldados israelíes dispararan el miércoles contra un convoy diplomático en Cisjordania -“Si tratan así a nuestros diplomáticos, imagínense cómo tratan a los palestinos”, comentó el eurodiputado irlandés Barry Andrews-, no están todos. Y faltan países clave, como Italia. O Alemania.
Pese a que también ha dejado claro que le preocupa la situación humanitaria, Berlín sigue evitando poner en duda la relación de la UE con Israel, con el argumento de que hay que mantener los canales de comunicación para abordar las posibles discrepancias sobre la guerra en Gaza. “Estamos convencidos de que hay que responder a estas cuestiones en diálogo con el Gobierno israelí”, justifica un portavoz de Exteriores. “El acuerdo de asociación es, por este motivo, un foro importante para discutir las cuestiones críticas”, informa Marc Bassets desde Berlín.
El canciller alemán, Friedrich Merz, no figuraba entre los firmantes de la carta en la que el presidente francés, Emmanuel Macron, y los primeros ministros británico y canadiense, Keir Starmer y Mark Carney, amenazaron con sanciones a Israel si no detenía la nueva ofensiva militar y levantaba las restricciones a la ayuda humanitaria. Londres ya ha dado el primer paso, anunciando su decisión de suspender las actuales negociaciones respecto a un futuro acuerdo comercial con Israel.
A diferencia del Reino Unido, Francia, aliada histórica de Israel y con fuertes vínculos con la comunidad judía —aunque también ha apoyado revisar el acuerdo— no especificó en qué consistirían esas medidas. Pero podrían incluir sanciones dirigidas a individuos o entidades responsables de violaciones del derecho internacional humanitario. Además, Macron planea reconocer oficialmente al Estado de Palestina en junio, durante una conferencia internacional en Nueva York copresidida con Arabia Saudí y en la que Bélgica también dará previsiblemente ese paso que ya dieron, hace un año, España, Irlanda, Eslovenia y Noruega, informa Daniel Verdú desde París.
Pese a la creciente presión internacional, no está claro cuándo llegará el veredicto de Bruselas sobre Israel ni en qué redundará. Cualquier acción que se proponga tras la revisión requerirá el visto bueno de la Comisión y de los Estados si se trata de una decisión política (y que requiere una unanimidad aún lejana).
Mientras, crece el grupo de quienes piden acciones más rotundas. En Bruselas, el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, reclamó a la UE “ir más allá de las palabras y emprender acciones, entre las que podría haber la suspensión del acuerdo o sanciones” que no especificó. También Bélgica pidió la ampliación de sanciones europeas contra los colonos violentos, funcionarios de Hamás y los dirigentes políticos y militares de ambos bandos en respuesta a los abusos cometidos, según medios nacionales. Los intentos de ampliar las sanciones a colonos extremistas en Cisjordania o incluso a algún ministro israelí, como propuso también Suecia, han fracasado por ahora ante la oposición férrea de al menos un Estado miembro, Hungría, según fuentes diplomáticas.
Pese a ello, Bruselas bulle cada vez más de indignación ante las acciones israelíes. En un acalorado debate en el Parlamento Europeo, varios grupos políticos, sobre todo de izquierda, reclamaron acciones inmediatas. “Basta de eufemismos. La revisión no basta. Suspendamos el acuerdo de asociación. Impongamos un embargo total de armas a Israel. Prohibamos el comercio con los asentamientos ilegales. Y establezcamos sanciones individuales a los altos cargos del Gobierno de Netanyahu”, resumió la presidenta de los socialistas y demócratas, Iratxe García.
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