Los seis rectores de las universidades públicas de Madrid (Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Carlos III y Rey Juan Carlos) han roto su silencio de seis meses para denunciar este martes en un acto conjunto sus problemas para competir debido al estrangulamiento financiero que viven, el avance de privadas ―pronto habrá la decimocuarta― y la pérdida de relevancia social de la universidad. Les escuchaba el consejero de Educación, Emilio Viciana, que ha acudido al acto escoltado por los consejeros de Vivienda, Cultura y Educación, muestra de que la Comunidad quiere tender puentes con ellos; y también ha asistido el secretario general de Universidades, Francisco García. A ambas administraciones, central y autonómica, los rectores les han pedido un pacto de Estado.
Desde que el pasado diciembre consiguieron que el Ejecutivo regional aumentase el presupuesto un 4,2% (en vez del 0,9% previsto), los rectores han rebajado la tensión con la Administración y han negociado con la Comunidad sin hacer ruido, un hecho criticado por una parte importante de la comunidad universitaria. Durante años cada rector trató de salvarse de la asfixia económica negociando por su lado, hasta que concluyeron que solo la unión podía hacer la fuerza y en 2023 comenzaron a tejer una estrategia común. La primera puesta en escena fue el 17 de abril de 2024 en el mismo sitio que este martes, el Círculo de Bellas Artes de Madrid, y convocados en el marco de Desayunos Alcalá, de la Universidad de Alcalá.
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que fue antes ministro de Educación y rector de la Autónoma, ha sido el primero en tomar la palabra. “No estoy legitimado para hablar por algo que un día conocí”, ha advertido humilde. En ningún momento ha citado a la Comunidad de Madrid, pero con elegancia e ironía ha reprochado al Ejecutivo regional la asfixia económica y la intención anunciada por Ayuso de sacar “el marxismo cultural” y “la ideología de género” de las aulas: “La universidad es un conjunto de diversidades. Nada tiene que unificar el saber y las formas de aprender. Y para eso se necesita inversión pública. ¿Saben que es verdad que en un lugar puede haber muy buenas universidades y un mal sistema universitario? No digo que esto sea así aquí. Si no se ponen recursos, todo se desvanece”. Los rectores han pasado de puntillas por la ley de educación superior que negocian con la Comunidad y que ya rechazaron categóricamente el pasado julio.
El testigo lo ha tomado Joaquín Goyache, rector de la universidad en peor situación, la Complutense: “Los seis rectores comprendemos que en nuestras comunidades haya preocupación porque el sistema universitario está en claro peligro. La infrafinanciación es un problema que lleva demasiado tiempo. La comunidad tiene la obligación de hacerlo [manifestarse]. No tengo nada que objetar, sino todo lo contrario”. El 28 de abril la huelga contra los recortes triunfó en la UCM, pero el apagón le restó todo el protagonismo. La manifestación, que tuvo que suspenderse, se celebrará este jueves.
“La Comunidad invierte alrededor de 5.000 euros por estudiante, lo que supone un 0,40% del PIB”, se ha quejado la rectora en funciones de la Autónoma, Amaya Mendikoetxea. “Y las familias hacen un gran esfuerzo en la matrícula”. La inversión media española es de casi el 0,7% del PIB y 7.000 euros por matriculado en grado. Las tasas madrileñas son las más altas de España, solo superadas por Navarra. “Hemos tardado 15 años en recuperar la financiación de 2008. Llevamos un retraso de décadas en el modelo financiación”. Aunque la rectora cree que “hay voluntad de las partes para alcanzar el consenso”.
Mendikoetxea, que vuelve a presentarse a las elecciones a rector, ha ofrecido un dato poco conocido: este curso la red pública madrileña ha ofertado tres grados nuevos, frente a los 43 de la privada, y 15 másteres frente a 51. La partida pública no permite más. Óscar García, rector de la Politécnica desde hace cuatro meses, huye de la confrontación pero advierte: “Las universidades públicas no tenemos que ser deficitarias, pero las privadas buscan rentabilidad. Me preocupa que, si deja de ser negocio, se vayan y los estudiantes se queden con un título de una universidad que ya no existe. Me parece peligroso”.
Mientras que Abraham Duarte, que aún no ha tomado posesión del cargo de rector de la Rey Juan Carlos, ha hecho otra petición a la sociedad: “No tenemos el reconocimiento en ciencia que tenemos en la docencia. A los rectores les reconforta saber que en la conferencia de presidentes autonómicos de junio va a hablarse de universidades, algo insólito. Parece que empiezan a estar en el mapa.
“Sin la universidad la democracia tiene los días contados. Me gustaría ver un pacto entre el presidente del Gobierno y la Comunidad de Madrid sobre las universidades públicas de Madrid, porque está en juego el futuro de nuestros hijos y la España del 2050”, ha reclamado Ángel Arias, rector de la Carlos III.
Necesidad de atraer nuevos alumnos
En el pacto ha abundado el de Alcalá, José Vicente Saz: “Las universidades tienen que adaptarse a los cambios sociales, pero necesitamos un pacto de Estado entre los grandes partidos para conseguir ser más competitivos y que seamos capaces de atraer a estudiantes de otros países”. Porque en 20 años, calcula, por la crisis demográfica los campus van a perder el 25% de sus matriculados españoles. Y también Goyache se ha sumado: “Las universidades públicas son el polo atractor verdadero del sistema universitario madrileño. No hay más. Por eso hay que cuidarlas con dinero y con políticas activas y pactos. Si queremos que esta comunidad siga siendo pujante, necesitamos apoyo, no podemos dar un paso atrás”.
El pasado 12 de mayo la presidenta Díaz Ayuso fue protagonista de un desayuno informativo para hablar de su ley de educación superior, pero la redujo a un puñado de minutos. “Somos la región que proporcionalmente más aporta, porque nosotros invertimos el 4% [del presupuesto]. Pero esto, evidentemente, tenemos que llevarlo a más. Hablamos de 1.200 millones de euros en una constante que no ha dejado de crecer desde 2014, un 30% desde entonces”. Efectivamente, han aumentado desde hace una década el gasto, pero había bajado tanto con la crisis económica, que ahora destinan la misma cuantía que en 2009 y hay que descontar la inflación.
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