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Las universidades pactan una estructura común del examen de Selectividad y descartan unificar contenidos

Las universidades han dado otro paso para hacer más parecido el formato de los exámenes de Selectividad a partir del curso que viene. En febrero, los campus designaron a 550 especialistas en las diferentes materias para seguir avanzando en la armonización de las pruebas. La Conferencia de Rectores (CRUE) ha presentado este lunes el resultado, que supone al mismo tiempo un progreso y un reconocimiento de los límites del proceso, lo que incluye descartar completamente la posibilidad de que haya unos mismos exámenes en toda España, una idea que en su momento abanderó el PP.

En el lado del avance, las universidades han pactado una estructura “armonizada” de los exámenes, el tipo de preguntas que contendrán y cuánto valdrán (con mayor concreción en unas asignaturas que en otras) a la hora de corregirlos. Pero, al mismo tiempo, el acuerdo no será de obligado cumplimiento, sino que se ofrecerá como marco de referencia.

Aunque la esperanza de los responsables de la CRUE es que sea respetado por la mayoría, ya hay algunos coordinadores autonómicos que han adelantado que no los aplicarán, o que no lo harán, al menos, completamente. Un ejemplo de esto último es el examen de Inglés. En el pacto alcanzado por la CRUE, este incluirá una parte de comprensión de un texto, con pregunta abiertas, cerradas y semiabiertas; una redacción sobre uno de los temas presentados, completar un diálogo, o escribir qué se diría en una determinada situación descrita, y una pregunta centrada en el “repertorio lingüístico”, con preguntas abiertas, cerradas y semiabiertas. Pero Cataluña, por ejemplo, realiza desde hace años una prueba de escucha en inglés, y tiene intención de seguir haciéndola, lo que supone que en su caso la prueba será diferente. Según fuentes conocedoras de las negociaciones, situaciones parecidas pueden repetirse con otros exámenes y territorios.

“Hemos hecho unos mecanismos de armonización, pero no está en nuestra mano obligar a otros a que los apliquen”, ha resumido María Antonia Peña, rectora de Huelva, y responsable del grupo de acceso y admisión de la CRUE que ha llevado a cabo los trabajos. Y Rosa de la Fuente, vicerrectora de estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid, ha añadido: “Cada comisión organizadora (de la PAU en las respectivas comunidades autónomas) tiene su margen y su autonomía para llevar a cabo la prueba como considere. Pero todas las administraciones educativas tienen el mismo reclamo por que la prueba sea cada vez más armonizada, y coinciden en que son las universidades las que tienen los conocimientos técnicos como para avanzar en el desarrollo de esos modelos cada vez más comunes”.

Las universidades compartirán ahora su propuesta de armonización con el resto de instituciones implicadas en la PAU, el Ministerio de Educación y los ejecutivos regionales. De los 35 exámenes que integran la Selectividad, el pacto de armonización ha alcanzado a 32, porque hay tres asignaturas, Portugués, Italiano y Técnicas de expresión Gráfico Plástica, en los que los coordinadores autonómicos de la PAU no han alcanzado un acuerdo (aunque en la última fuentes de la CRUE esperan que pueda acabar cuajando).

Preguntas distintas

Las preguntas de los exámenes seguirán siendo distintas en las diferentes comunidades autónomas porque también lo es una parte significativa de lo que se estudia en Bachillerato en cada territorio ―en Historia de España, por ejemplo, en la mayor parte de las comunidades se estudian los siglos XIX y XX, pero en varias gobernadas por el PP el temario empieza por la prehistoria―.

En la PAU de este año ya se han introducido una serie de elementos comunes, derivados en parte de la regulación aprobada por el Ministerio de Educación. Entre ellos, que las faltas de ortografía penalizarán al menos un 10% en las materias que impliquen desarrollo escrito (como Historia de España o Filosofía), un 15% en los ejercicios de lengua extranjera y hasta un 20% en las de castellano y lengua cooficial (allí donde hay).

También se consensuó para este año que para sacar la máxima nota, los estudiantes deberán haberse estudiado todo el temario; es decir, que comparado con los exámenes que ha habido desde que empezó la pandemia, habrá una reducción importante de la optatividad. Y se estableció que el carácter competencial (es decir, más aplicado y basado en ejemplos reales) se extenderá al menos a un 25% de las preguntas de cada ejercicio.

La prueba será más competencial en 2026

El acuerdo presentado este lunes incluye un importante aumento de dicho listón de competencialidad en buena parte de las asignaturas. En Historia de España, por ejemplo, el ejercicio será competencial en al menos la mitad de las preguntas “pero podría llegar al 100%”, según la información proporcionada por la CRUE. En Historia del Arte, oscilará “entre el 80% y el 100%”. En Lengua castellana y literatura será del 70%. El mismo porcentaje que en Historia de la Filosofía y en Alemán. En Geografía, la competencialidad queda fijada en el 50%. Y en Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, en el 40%.

En Inglés o Francés, en cambio, se situará entre el 20%-25% (un porcentaje llamativamente bajo, que plantea la duda de qué entiende cada una de las comisiones de especialistas por competencialidad, ya que precisamente los ejercicios de idioma extranjero se han considerado tradicionalmente, de por sí, bastantes competenciales).

Los coordinadores autonómicos del examen de Historia del Arte han incluido en el documento una observación en la que señalan: “Necesidad de limitar el amplio temario que presenta el currículo, puesto que los saberes básicos (los contenidos) de esta materia son inabarcables”. Cuando empezaron a redactarse los nuevos currículos, publicados en 2022, uno de los objetivos anunciados consistía en reducir los contenidos enciclopédicos de la mayor parte de las asignaturas, que, sin embargo, continuaron en general siendo muy largos.

¿Quién decide los exámenes de Selectividad?

La definición de los exámenes de Selectividad tiene varios pasos. En primer lugar, el Ministerio de Educación fija las condiciones generales de la prueba en un decreto. El actual se aprobó, con cierto retraso, hace un año. Respetando ese marco, cada autónoma fija los ejercicios de Selectividad que se pondrán en su territorio cada año. Lo hacen a través de una comisión en la que participan los gobiernos autonómicos y las universidades públicas. Y en realidad son estas últimas las que llevan la voz cantante.

Instadas por el Ministerio de Educación, las universidades llevan varios años avanzando en la armonización de las pruebas. Mientras, en paralelo, la dirección nacional de PP y las comunidades autónomas que gobierna ―unas haciendo más énfasis que otras― han defendido el planteamiento de una PAU única, es decir, que los exámenes fueran los mismos en todas las autonomías.

Este último planteamiento parece, desde un punto de vista teórico, tener sentido, dado que en España rige un distrito universitario único, que permite a un estudiante que realiza, por ejemplo, la PAU en Galicia competir con la nota que obtiene en la prueba con otro de Aragón para matricularse en una carrera en Zaragoza.

En la práctica, sin embargo, unificar contenidos resulta inviable o, al menos, tan complicado que las universidades lo descartaron de entrada (y así lo han subrayado este lunes) y las propias comunidades del PP, con discreción, han acabado asumiéndolo (y, de hecho, han pasado de proclamar una PAU única a una PAU común). Uno de los motivos que hacen muy difícil que los exámenes sean los mismos es que los contenidos que se estudian en Bachillerato en las 17 comunidades autónomas son distintos.

El ministerio fija las llamadas enseñanzas mínimas ―que equivalen, al menos, 50% de las horas de clase―, las comunidades pueden completar al resto, y todas, independientemente de su color político lo hacen, en base a argumentos educativos, políticos o identitarios.

En ese contexto, poner los mismos ejercicios obligaría a limitar las preguntas que pueden hacerse a la parte del contenido que es común, es decir, a simplificar mucho los exámenes, justo lo contrario que lo que, por otra parte, tanto el Ministerio de Educación como las comunidades autónomas (especialmente las del PP) pretenden hacer.

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