El Gobierno británico comienza a darse cuenta de que es muy difícil desinflar rápidamente, antes de que estalle, un globo demasiado inflado. Este lunes se celebra en Londres la primera cumbre bilateral entre el Reino Unido y la Unión Europea, la del reinicio (reset, en la expresión original en inglés) de unas relaciones agriadas durante los años de las negociaciones del Brexit, según no ha dejado de repetir el primer ministro, Keir Starmer. A medida que se acerca la fecha, Downing Street se ha visto obligada a rebajar las expectativas del encuentro ante un baño de realidad que resultaba fácil de prever.
En primer lugar, las negociaciones sobre temas tan espinosos como la pesca, los controles aduaneros o la movilidad siguen teniendo la misma complejidad técnica y política de siempre, complicada de sortear tan solo con buena voluntad y buenas palabras. En segundo lugar, el sentimiento antieuropeo que ha alimentado durante años a la derecha y a la extrema derecha del país sigue latente, y tanto Nigel Farage, que encabeza Reform UK, como la actual líder de los tories, Kemi Badenoch, huelen en el encuentro del lunes una oportunidad de acorralar a Starmer. La precaución habitual del primer ministro —tibieza, para sus críticos— ha templado la ambición de la cumbre.
“El triunfo de Reform UK ―la reencarnación del Partido del Brexit― en las elecciones locales del 1 de mayo va a aumentar la precaución extrema del Gobierno laborista a la hora de dar pasos que pueden ser vistos como demasiado proeuropeos. Y el ascenso de Reform UK también ha tenido su efecto sobre la visión que la UE tiene del Reino Unido: algunos líderes europeos se muestran reticentes a lograr una reconciliación amplia con Londres, ante el temor de que en cuatro años se acabe asentando en Westminster [como se denomina al Parlamento británico] un Gobierno fuertemente euroescéptico”, han señalado Aslak Berg, Ian Bond y Charles Grant, del influyente Centre for European Reform, en su informe previo a la cumbre.
Defensa, sí; aduanas y movilidad, más adelante
La estrategia de reencuentro con Europa del Gobierno de Starmer se centró desde un primer momento en el asunto más urgente, en el que ponía más fácil tender puentes entre Londres y Bruselas, y el que la guerra de Ucrania hizo más evidente, con la sintonía de respuesta a ambos lados del canal de la Mancha: la seguridad y defensa conjuntas. “Ya tenemos muchos puntos de cooperación. Necesitamos desarrollarlos aún más, y confío en que podamos firmar ese acuerdo en la cumbre que se celebrará la semana que viene”, anunciaba el pasado lunes Kaja Kallas, la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, durante la reunión en Londres del G-5 Plus.
Se da por seguro que la cumbre UE-Reino Unido cerrará un ambicioso acuerdo de defensa, que contemple incluso el acceso de las empresas británicas al fondo de 150.000 millones de euros, el SAFE, propuesto por la Comisión para facilitar el ansiado rearme de Europa.
Otros asuntos requerirán de negociaciones más prolongadas, y probablemente solo obtendrán un respaldo político y diplomático en la cumbre, sin entrar en detalles.
Starmer, sin embargo, ha mostrado en los últimos minutos su voluntad de impulsar un acuerdo con algo de ambición. “Para todo el mundo, para nuestras empresas, para los trabajadores, esta es una oportunidad importante de que nuestro país avance”, ha defendido este viernes en una entrevista al diario The Times.
Como ha ocurrido desde hace décadas en la historia de las negociaciones de la UE, la pesca volverá a ser un escollo que habrá que superar. Con Francia a la cabeza, Bruselas reclama una prolongación del acceso de sus flotas a los caladeros británicos que se negoció durante el Brexit. No se trata de un asunto con gran dimensión económica, pero sí simbólica. El 70% del producto capturado en aguas del mar del Norte se destina a otros países. El Gobierno de Starmer ofrece, de momento, una prórroga de cuatro años. La industria necesita un horizonte mayor, porque determinadas inversiones requieren un largo plazo.
Si Londres se resiste a ampliar su oferta, para retener una baza negociadora, es posible que se encuentre con una limitación similar por parte de Bruselas respecto al objetivo más perseguido por el Gobierno laborista: una eliminación de hasta el 80% de los controles sanitarios y fitosanitarios (SPS, en sus iniciales en inglés) de sus productos agrícolas y ganaderos, que han supuesto un elevado coste para sus empresas. Es posible que la oferta de la UE también esté condicionada a un tiempo limitado, en contra de los deseos de la industria británica.
En esta negociación concreta, además, el Gobierno de Starmer intuye una amenaza política: la reducción de esos controles implica un mayor alineamiento del Reino Unido con la normativa comunitaria, y la aceptación del Tribunal de Justicia de la UE como garante último del respeto a las reglas. “Todo esto es una rendición miserable de Starmer, y algo de lo que se arrepentirá políticamente”, ha dicho el populista Farage al diario The Daily Telegraph, anticipando una línea de ataque que también pretende poner en marcha el Partido Conservador.
El Gobierno británico busca también un acuerdo energético que le permita asegurar, con las conexiones con el continente, el suministro en la isla. Bruselas sabe que, también en este asunto, tiene una baza negociadora importante. Sobre todo para reclamar a Londres algo ante lo que hasta ahora ha sido muy reticente el Ejecutivo de Starmer, con constantes pasos hacia atrás y hacia delante: un esquema de movilidad juvenil que ofrezca a los menores de 30 años, británicos y europeos, volver a poder trabajar y estudiar, por un tiempo limitado, a ambos lados del Canal.
El temor del Gobierno laborista a que la llegada de jóvenes infle aún más las cifras de inmigración ha frenado hasta ahora avances en este asunto.
“Quizá lo renombren ‘oportunidades juveniles’, para evitar el término movilidad, que en el debate político del Reino Unido se asocia a la libertad de movimiento de la UE. Y en negociaciones futuras, Londres reclamará límites en las cifras o en la edad. Pero el mayor punto de contención será sin duda la reclamación de Bruselas de que el precio de la matrícula universitaria para los estudiantes de la UE sea el mismo que para los británicos”, señala Jannike Wachowiak, analista del European Policy Centre.
“Movilidad juvenil no significa libertad de movimiento”, ha dicho Starmer a The Times, al admitir que contempla la posibilidad de visados temporales de hasta dos años, en la línea de los acuerdos que el Reino Unido tiene con otros países como Australia.
Hay una voluntad muy clara por parte de Londres y de Bruselas para transmitir una imagen de éxito en la cumbre del lunes. Ambas partes han apostado con fuerza relanzar la relación, en momentos de gran incertidumbre geopolítica. Pero el Gobierno de Starmer ha podido comprobar en su propia carne que negociar con la UE requiere de algo más que abrazos y sonrisas.
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