MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) –
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha alertado de que la entrada en vigor, en mayo de 2025, de los nuevos requisitos de acceso al arraigo para los solicitantes de protección internacional «podría abocar a la irregularidad sobrevenida a miles de menores».
Así lo advierte Gabilondo en el informe ‘Niñas y niños extranjeros en España solos o acompañados’, registrado este viernes en las Cortes Generales.
«El objetivo de este informe es contemplar a la infancia extranjera que está entre nosotros en su conjunto, es decir aquella -la gran mayoría– que se encuentra junto a sus progenitores y también aquella otra que ha realizado su periplo migratorio sin referentes adultos», ha señalado el Defensor del Pueblo.
El informe afirma, entre otras conclusiones, que los menores migrantes, acompañados o no, se enfrentan a prácticas administrativas que no ponen en el centro su condición de menores de edad, o que la normativa de extranjería tampoco recoge suficientemente el enfoque de género y de infancia.
«La infancia que, con o sin sus progenitores, se desplaza en contextos migratorios por motivos diversos, se enfrenta con frecuencia a prácticas administrativas o incluso a normas que no ponen en el centro su condición de menores de edad», señala.
Asimismo, el informe apunta que la irregularidad documental de las personas adultas conduce a la «invisibilidad» de los niños y niñas a su cargo, que quedan expuestos «a una situación de triple vulnerabilidad: como menores, como personas migrantes, y como personas indocumentadas».
En este trabajo se considera también que la identificación de todos los menores extranjeros que se encuentran en España en situación irregular constituye «una pieza clave» para el efectivo ejercicio de sus derechos, y reitera la importancia de detectar a posibles solicitantes de asilo y víctimas de trata.
Entre otras recomendaciones, el Defensor del Pueblo pide a la Secretaría de Estado de Seguridad, del Ministerio del Interior, que se facilite, de oficio, el número de identidad de extranjero (NIE) a todos los niños y niñas menores de 18 años, de nacionalidad extranjera, que cursen en España educación primaria, secundaria obligatoria, ciclos formativos de grado básico y educación postobligatoria.
Además, aconseja a la Secretaría de Estado de Migraciones, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que los niños nacidos en España de progenitores titulares de autorización de residencia adquieran automáticamente la condición de residentes legales desde la fecha de su nacimiento o que los menores de 16 años accedan a la residencia de larga duración, reduciendo a dos años el plazo necesario previo de residencia legal.
HABILITACIÓN PARA TRABAJAR A EXTRANJEROS MAYORES DE 16 AÑOS
Igualmente, plantea modificar el procedimiento para la expedición de la tarjeta de identidad de extranjero (TIE) de los menores extranjeros no acompañados, haciendo constar de manera expresa la habilitación para trabajar de los mayores de 16 años.
A la hora de elaborar este informe, la institución también ha tenido en cuenta la opinión de los jóvenes extranjeros, sus experiencias vividas en los centros de protección, en la escuela o en otros ámbitos como el sanitario o, en su caso, en el sistema de justicia juvenil y también sobre su transición a la vida adulta.
En este contexto, recoge que la juventud extranjera que ha sido tutelada por las entidades de protección de menores autonómicas identifica como su mayor preocupación el mantenimiento de la regularidad documental al alcanzar la mayoría de edad y la dificultad de encontrar un puesto de trabajo estable que les permita acceder a una vivienda.
Según la institución, para la elaboración de este trabajo, también se ha pedido información y se han cruzado datos de la Policía Nacional, de otros cuerpos de seguridad y de los servicios de protección de menores de comunidades autónomas, así como de diferentes ministerios.
Tal y como ha precisado Gabilondo, este informe no es «un compendio de soluciones, sino un conjunto de posibles maneras de enfocar cómo dirigirse a ellas» y hace hincapié en que «los niños y las niñas, los jóvenes –tengan el origen que tengan–, son el futuro real y efectivo» de la sociedad. «Y, sobre todo, sus derechos son inherentes e inalienables», zanja.
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