La Generalitat de Cataluña afrontó hace una década el mayor escándalo de violencia sexual que afectaba a menores tutelados: el caso Trinity. La investigación destapó una red de pederastia internacional que nació en Tortosa (Tarragona), con casi un centenar de víctimas, entre ellos siete jóvenes tutelados. El Departamento de Asuntos Sociales anunció entonces la creación de la figura del delegado de protección contra la victimización: un referente en cada centro con menores acogidos, con formación específica, para detectar y prevenir situaciones de riesgo. Una década después, la situación se repite con otra red de pederastia, el caso Damocles, que nace con la captación de una menor de 12 años protegida. “No ha funcionado”, admiten fuentes de la dirección de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) de la época sobre el delegado de protección.
Esta figura se concibió para designar a una persona en cada uno de los centros con menores acogidos por la DGAIA que ayudase a detectar y prevenir los casos en los que se requería una intervención especial. Un referente, similar a los responsables de riesgos laborales en la empresa: un profesional con una formación específica de como mínimo 50 horas, “discreto” y “cercano”, con la capacidad de identificar a niños y adolescentes con necesidades especiales para evitar situaciones de violencia. Un responsable con el que contactar en cualquier momento, un interlocutor “interno y externo”, que velase por cada caso, por el seguimiento de los protocolos y por la comunicación.
“Se hizo una formación a todos porque no era viable que hubiera un responsable en cada centro solamente para este tema”, indican fuentes de la dirección de la DGAIA, que debían implementar la medida que se anunció como una posible solución. Esas mismas fuentes matizan que algunos centros aún cuentan con un delegado, “una persona que intenta coordinar”, pero que son la minoría.
La polémica del caso Trinity, destapado en 2015, siguió el mismo recorrido que el caso Damocles: la consejera entonces de Derechos Sociales, Dolors Bassa (ERC), rindió cuentas ante los medios, en el Parlament se abrió un expediente informativo interno, y el síndic de greuges (defensor del pueblo) abrió una investigación. El caso Damocles, del que se informó por primera vez en junio de 2024, ha forzado una comparecencia parlamentaria (todavía por concretar el día) de la ahora consejera, Mònica Martínez (PSC), se ha anunciado una comisión de investigación, la Generalitat ha abierto un expediente informativo y la actual síndica investiga también lo ocurrido.
En los dos casos, la Generalitat defiende la actuación de los equipos que atienden directamente a los tutelados. En el caso de la menor de 12 años, las denuncias llegaron a los Mossos d’Esquadra por dos vías distintas: un adulto reportó de manera anónima que había visto un perfil en redes sospechoso, y una denuncia conjunta de la educadora que seguía a la adolescente, acompañada de ella y de su familia después de detectar que algo no funcionaba. También en el caso Trinity la voz de alarma a los Mossos la dio una educadora del centro abierto de Tortosa donde vivían los menores tutelados.
“Lo que realmente ha funcionado con la menor de 12 años es el equipo educativo”, considera Albert Font-Tarrés, vicepresidente del colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Cataluña (CEESC), que defiende el trabajo de los educadores que velan por el bienestar de los niños y adolescentes protegidos. Más dudoso se muestra con las decisiones posteriores sobre su protección que haya podido tomar la DGAIA. “Pero tampoco las sabemos exactamente, porque no las han contado”, dice. También cuestiona que se “apliquen novedades” pensado en dar una respuesta “a la opinión pública” en situaciones de crisis concretas.
¿Qué ha pasado para que una década después se repita el mismo debate social sobre menores acogidos por la Generalitat que acaban en redes de pederastia? “Que la mirada a la hora de elaborar los presupuestos no ha cambiado. Es una mirada asistencial, no de red de apoyo”, lamenta Font-Tarrés. “Cada vez que se crea un servicio nuevo, ¿qué opción se escoge? La versión barata: externalizarlo», insiste. Y eso revierte en unas malas condiciones, que impiden la estabilidad en unos equipos que deben guiar a unos niños y jóvenes muchas veces en situaciones de máxima vulnerabilidad.
El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico016-online@igualdad.gob.esy por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.
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