La apertura de un bar y un camping en una aldea del municipio oscense de Bielsa ha encendido las alertas en la Fiscalía coordinadora de Medio Ambiente. Porque, según advierte este departamento, ese complejo turístico inició su actividad con la presentación de una simple “declaración responsable” a pesar de estar ubicada dentro de la Red Natura 2000, el sistema europeo de zonas de protección de la naturaleza. Esta fórmula, ideada en un principio para agilizar los permisos ante las administraciones, permite esquivar la evaluación ambiental del proyecto antes de comenzar con la actividad.
Partiendo de este caso, Antonio Vercher, fiscal de sala de Medio Ambiente, ha lanzado una advertencia contra un problema recurrente que se está encontrando el Ministerio Público a la hora de abordar los delitos urbanísticos: “La utilización de fórmulas legales”, pensadas para situaciones al margen de la ordenación del territorio y del urbanismo, que se aplican “con una perspectiva fraudulenta”. Se trata de las conocidas como declaraciones responsables y las comunicaciones previas, concreta Vercher en un escrito que ha enviado a todos los fiscales especializados en medio ambiente del país.
En esa comunicación pide a sus colegas que tengan en cuenta que estas figuras no siempre son interpretadas correctamente por los Ayuntamientos a la hora de tramitar algunos proyectos. “De hecho, se utilizan para evitar formalidades desde el punto de vista procesal que (…) cumplen una función garantista indispensable”, sostiene el escrito al que ha accedido EL PAÍS. “Se trata, por lo tanto, de omisiones que repercuten muy negativamente en un sistema en el que las formalidades resultan esenciales, con los consabidos resultados que, lógicamente, puedan revestir caracteres delictivos”, añade.
Vercher recuerda que el objetivo de estas dos figuras —introducidas por la Comisión Europea en 2006— era eliminar “las intervenciones innecesarias de la Administración, agilizando los procesos”. “Son fórmulas sustitutivas de las solicitudes administrativas tradicionales, que iniciaban procedimientos de autorización, licencias o permisos, para dar comienzo a una actividad”. Pero con la presentación de estas declaraciones y comunicaciones se puede empezar a desarrollar una actividad, “sustituyendo el control anterior por el control posterior”. “Se trata de planteamientos propios de actividades de servicios y en las que desaparece todo tipo de control inicial y que se viene utilizando en el mundo del urbanismo, eliminando las garantías de control que se hacen esenciales”, advierte Vercher.
Este problema se ha abordado en las dos últimas reuniones de la Red de Fiscales de Medio Ambiente y Urbanismo, que se celebraron en Cartagena y en Ávila en 2024 y este 2025. Pero ha sido el caso del camping de Bielsa el que ha motivado finalmente a Vercher a dirigirse a todos sus colegas y, también, a las fuerzas de seguridad. A estas últimas les pide que, cuando se encuentren con un caso de este tipo, “estén en contacto directo, permanente y desde el inicio” con “la Fiscalía correspondiente y en su caso con la Unidad Coordinadora, a fin de recibir una correcta orientación”.
‘Camping’ en Parzán
El caso detectado en el Pirineo aragonés arranca en abril de 2024, cuando un particular presentó una denuncia por la apertura y explotación de un bar y camping en Parzán, una aldea del municipio de Bielsa, ubicada en la Comarca de Sobrarbe. La Fiscalía de Huesca abrió unas diligencias y encargó al Seprona, el servicio de protección de la naturaleza de la Guardia Civil, que elaborara una investigación.
Los agentes acudieron a las instalaciones y el propietario les comunicó que disponía de los permisos para poder desarrollar esa actividad. Y había iniciado esa actividad básicamente con “una declaración responsable de acampada en edificación rural aislada presentada en la Comarca de Sobrarbe el 12 de marzo de 2024″. Se da la circunstancia de que el bar y el camping se ubican en una zona que está protegida por una ZEPA y un LIC, dos figuras que forman parte de la Red Natura 2000.
Tras un informe del Seprona, la Fiscalía de Huesca decretó el archivo el 20 de junio de 2024, “partiendo de la base de la existencia de una declaración responsable previa”, explica Vercher en su escrito.
Pero en noviembre de 2024, se recibió “un nuevo informe policial en el que se ponía de manifiesto que una reciente crecida del río Barrosa se había llevado el puente de hormigón que daba acceso al recinto” del camping. En concreto, afectó “a la zona de terreno en la que se podría haber ejercido la actividad de acampada”. Posteriormente, en febrero de este año, llegó a la Fiscalía de Vercher otro informe clave elaborado por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), que tiene las competencias medioambientales en esta comunidad. Ese documento aclaraba que “esa actividad” no podía “iniciarse mediante declaración responsable”, porque debía someterse a una “evaluación ambiental simplificada” previa.
Tras estos informes, el fiscal Vercher ha instado a la Fiscalía de Huesca a que reabra el expediente contra el propietario de este camping de Bielsa.
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