El Tribunal Supremo ha abierto este lunes otra causa, la tercera en un mes, al eurodiputado Luis Pérez, conocido como Alvise. La Sala Penal investigará al líder de Se Acabó la Fiesta (SALF) por varios mensajes que dirigió a través de Telegram contra la fiscal delegada de delitos de odio y discriminación de Valencia, Susana Gisbert. El instructor de este caso será, por turno de reparto, el magistrado Juan Ramón Berdugo.
La causa abierta ahora se suma a las otras dos investigaciones que ya tiene en marcha el Supremo contra el agitador ultra: una por la financiación de SALF, su agrupación electoral y otra por difundir una prueba falsa de covid de Salvador Illa. Y la Sala Penal tiene todavía que decidir si abre también causa por sobre, al menos, otras tres denuncias que tiene sobre la mesa.
La investigación abierta ahora se basa en la exposición razonada que envió al alto tribunal un juzgado de Valencia, que había abierto diligencias tras la denuncia de la fiscal Gisbert por un presunto delito de injurias a funcionario público, coacciones y odio. En su denuncia, la fiscal daba cuenta de unos mensajes que se habían divulgado en un chat de Telegram y que habían llevado a que personas que ella no conocía le remitieran mensajes amenazantes o insultantes a través de las redes sociales.
El mensaje que Alvise publicó en Telegram difundía datos personales de Gisbert, a la que el agitador ultra señalaba por perseguir delitos de odio. “Esta gente es la que nos está multando e intentando meter en prisión a miles de españoles por decir que la masiva inmigración ilegal es una INVASIÓN. Están organizados por ciudades. Busquemos sus identidades”, escribió Alvise, que publicó una imagen de la fiscal, a la que definía como “la responsable en Valencia de haber exigido 3 años de prisión y 3.600 euros de multa a quien tuitee la palabra ‘inmigración’ e ‘invasión’ juntas”.
El Supremo, tras estudiar la denuncia de Gisbert, consideran que la actuación de Alvise puede responder a un delito de acoso en redes sociales conocido como stalking “pues una llamada a un grupo cercano a los 40.000 seguidores expresara y desarrollara una animadversión” hacia la fiscal. Los magistrados destacan además el hecho de que Alvise hiciera un segundo llamamiento a movilizarse a sus seguidores después de que muchos de ellos hubieran expresado su intención de actuar contra Gisbert y su familia.
El tribunal advierte de que la actitud del líder de SALF muestra que pudo existir “una intención voluntaria y consciente de comprometer, de manera permanente y profunda, el normal desarrollo de la vida cotidiana de su víctima, a partir de la persecución que pudieran desplegar los centenares de personas que asumieran su reto”.
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