MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) –
La Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) ha solicitado al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, excluir de procesos de negociación los casos que afecten a menores.
En concreto, a través de una carta, ha reclamado la «suspensión inmediata» de la Ley de Eficiencia de la Justicia en, «al menos», aquellos procesos del ámbito del Derecho de Familia que afectan a niños y adolescentes.
En este sentido, la AEAFA ha advertido al Ministerio de los «riesgos» a los que se está exponiendo «innecesariamente» a los menores debido a la obligación de acreditar haber intentado alguno de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) antes de interponer una demanda judicial, «a fin de que se regulen aspectos tan esenciales como la pensión de alimentos, el régimen de custodia y visitas y uso del domicilio familiar».
«La abogacía de Familia es una firme defensora de los métodos alternativos de solución de conflictos, que además constituyen una práctica común y una exigencia en nuestra práctica profesional. No obstante, consideramos que la imposición sistemática de los MASC en estas situaciones, lejos de agilizar la administración de Justicia, está generando, en muchos casos, una desprotección flagrante de los niños, niñas y adolescentes de España y retrasos innecesarios y perjudiciales para su bienestar», han asegurado.
Asimismo, ha indicado que «obligar» a las partes a un proceso de mediación o negociación previo antes de poder garantizar sus derechos más básicos, «no solo dilata innecesariamente la resolución de situaciones de alta conflictividad y vulnerabilidad, exponiendo a los menores a una incertidumbre perjudicial para su desarrollo integral, sino que además la experiencia demuestra que la demora de una pronta respuesta judicial aviva el conflicto».
En esta misma línea, la presidenta de la asociación, Lola López-Muelas, también ha alertado al Ministerio de «la deficitaria cuando no errónea y contradictoria regulación» de algunos artículos de la ley. Además, ha añadido que está generando «un caos y una enorme inseguridad jurídica, debido a la gran disparidad de criterios que se están adoptando tanto por los diferentes Juzgados de Primera Instancia como por los Letrados de la Administración de Justicia o, incluso, los presidentes de las Audiencias Provinciales».
«Esta falta de uniformidad en la interpretación y aplicación de la norma provoca un trato desigual a los ciudadanos y una enorme confusión entre la ciudadanía, afectando negativamente a los derechos de los menores en todo el territorio nacional», ha recalcado.
Finalmente, la AEAFA ha solicitado formalmente una reunión «urgente» a la «mayor brevedad posible» con representantes del Ministerio de Justicia para proponerles soluciones con un objetivo claro: «garantizar la protección efectiva de los derechos de los menores y la correcta aplicación de la justicia en el ámbito del derecho de familia».
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