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Varios congresistas republicanos proponen cobrar 1.000 dólares por cada solicitud de asilo en EE.UU.

Washington (EFE).- Los congresistas republicanos del Comité Judicial de la Cámara de Representantes evalúan este miércoles implantar un cobro de 1.000 dólares por una solicitud de asilo en EE.UU., entre otros incrementos a los trámites migratorios.

La propuesta, presentada el lunes pasado, hace parte de la estrategia conservadora para apoyar en su agenda migratoria al presidente estadounidense, Donald Trump.

Este miércoles los congresistas convocaron una reunión para evaluar el proyecto de presupuesto que busca fondos para aumentar el financiamiento del Departamento de Seguridad Interna.

De aprobarse el cobro, sería la primera vez en EE.UU. que se impone a un solicitante de asilo un pago de 1.000 dólares por someter su caso. Además deberán pagar 550 dólares cada 6 meses para permisos de trabajo y 100 al año mientras su solicitud esté en trámite.

Fotografía de archivo del Capitolio, sede del Congreso, en Washington (EE.UU.). EFE/EPA/ Shawn Thew

Actualmente, las cortes de inmigración tienen un atasco de más de 3,6 millones de casos.

Además del asilo, los republicanos proponen un cobro de 1.000 dólares a las personas que ingresen a EE.UU. bajo un permiso conocido como ‘parole’.

Los patrocinadores de niños que ingresan a EE.UU. solos deberán pagar 3.500 dólares por el trámite, indica la propuesta.

Además se establece una multa de 2.500 dólares a aquellos patrocinadores que fallen en presentarse con los pequeños en corte.

El Gobierno de EE.UU. respaldaría el cobro al asilo

La propuesta sobre el asilo tiene un largo camino en la Cámara de Representantes y en El Senado de EE.UU. pero contaría con el aval del Gobierno Trump, que ha hecho del control de la inmigración una de sus prioridades.

La Casa Blanca ha dicho que necesita elevar los fondos del DHS para lograr la deportación masiva prometida. El proyecto ofrece 45.000 millones de dólares para construir y ampliar centros de detención de inmigrantes, 1.250 millones para apoyar a los jueces de inmigración y 8.000 millones para contratar personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Defensores de los inmigrantes ya se han manifestado en contra de los cobros porque afectarían a los solicitantes de bajos recursos.

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