MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) –
Feministas de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres han pedido recusar al magistrado y exministro de Justicia Juan Carlos Campo en la ponencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley Trans.
Para la organización de mujeres, Campo «no es la persona adecuada para elaborar la ponencia que se someterá a debate» y «su participación pone en riesgo la imparcialidad del trámite del recurso de inconstitucionalidad». «El ponente queda contaminado desde el momento en que ha de realizar un pronunciamiento sobre una ley en la que él participó de manera activa siendo ministro de Justicia durante el proceso de negociación de la misma», han defendido.
El Tribunal Constitucional (TC) estudiará en su Pleno de esta semana el recurso del PP contra la llamada Ley Trans, impulsada por la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero, en base a una ponencia que aboga por avalar la parte sustancial aunque realizando modificaciones, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.
Los magistrados analizarán el recurso presentado por el PP contra varios artículos de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.
La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres se ha dirigido a los magistrados que componen el alto Tribunal para que en el debate tomen en consideración los aspectos de la Ley Trans que «colisionan con las protecciones basadas en la categoría jurídica ‘sexo’ y debilitan las medidas antidiscriminatorias por razón del sexo».
Las feministas han recordado que, tal y como expone el reciente fallo del Tribunal Supremo del Reino Unido, las protecciones brindadas a las mujeres en el ordenamiento jurídico «solo tienen sentido si la categoría ‘sexo’ se entiende en un sentido estrictamente biológico». «Cualquier otra interpretación invalidaría las garantías de protección a las víctimas de violencia machista, el derecho de las mujeres a espacios seguros y a categorías deportivas diferenciadas en base al sexo, la fiabilidad de los datos estadísticos, el deber de paridad en instituciones y listas electorales y otros aspectos de similar relevancia», han apuntado.
También han advertido sobre cómo la Ley de Igualdad o tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación de la Mujer (CEDAW) «hacen referencia a la discriminación ‘por razón de sexo’, siendo este el concepto que actúa de clave de bóveda de todas las políticas antidiscriminatorias de las mujeres».
Igualmente, la Alianza contra el Borrado de las Mujeres han recalcado que «una ley que permite cambiar el sexo registral sin exigir diagnóstico de disforia ni ningún otro requisito poniendo en jaque la seguridad jurídica que le es exigible a cualquier norma» no es «garantista».
Además, han denunciado que la aplicación de la Ley Trans «ha hecho evidente que cualquier varón puede autoidentificarse como mujer sin otro requisito que su voluntad y sin modificar siquiera su nombre o aspecto». «Los casos de maltratadores que han eludido la Ley contra la violencia machista, y la desprotección que esto implica para sus víctimas, ponen de relieve las grietas que ha abierto la autodeterminación del sexo registral en la lucha contra la violencia», han subrayado.
Finalmente, han instado al Tribunal Constitucional a priorizar el principio médico «primero no hacer daño» y a imponer la «prudencia» antes de proceder a tratamientos médico-quirúrgicos irreversibles a menores y jóvenes. «Sin diagnóstico de disforia, sin acompañamiento profesional, se abandona a jóvenes y adolescentes vulnerables a decisiones cuyas consecuencias no pueden comprender y que afectarán a toda su vida adulta. Como ha señalado fundamentadamente el informe Cass en Reino Unido, en el 80-85% de los casos los menores superarán los malestares de género una vez pasada la pubertad», han expuesto.
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