La traumática explosión en el puerto de Beirut, hace cinco años, vuelve a provocar temblores. La interferencia de políticos y funcionarios dejó la investigación judicial en punto muerto en 2023, pero el juez Tarek Bitar ha retomado el caso y está realizando interrogatorios. Por primera vez desde la detonación, gobernantes que antes se habían querellado en su contra cooperan ahora con él, que está estrechando el cerco sobre dirigentes que sabían de la presencia de nitrato de amonio en la zona portuaria.
La muerte evitable de 218 personas por la voladura de un hangar repleto de este material explosivo simboliza, para muchos, las disfunciones del país y la negligencia de las autoridades. El recorrido del caso dependerá del compromiso de los nuevos líderes libaneses, que deberán evitar futuras injerencias en una causa que podría servir de impulso para reforzar la independencia judicial. Ningún dirigente del país ha sido jamás sentenciado por sus crímenes o delitos financieros.
Bitar, su instructor desde 2020, reanudó el caso en febrero, después de que Líbano nombrase nuevo presidente y primer ministro, poniendo fin a dos años de vacío de poder y puestos interinos por falta de consenso entre los actores políticos. Desde entonces ha llevado a cabo interrogatorios semanales. Por su despacho han pasado distintos líderes de autoridades de seguridad estatales. La semana pasada, un exmiembro del Gobierno se puso a disposición de Bitar por primera vez. Este viernes fue el turno de Hasán Diab, primer ministro durante la detonación. La mayoría de ellos se había querellado anteriormente contra el juez en un intento de torpedearlo, pero ahora fuentes cercanas a los interrogatorios indican a EL PAÍS que los procedimientos avanzan en un ambiente cordial.
El estado actual de la investigación contempla más de 60 acusados de distintos perfiles, incluyendo trabajadores rasos del puerto, responsables de agencias de seguridad públicas y al menos cinco miembros del Ejecutivo. La instrucción apunta de manera especial contra los ministerios de Finanzas —responsables de aduanas, cuyos trabajadores habían enviado hasta seis cartas de advertencia a sus superiores— y de Obras Públicas y Transporte, responsable de haber almacenado durante seis años miles de toneladas de explosivos en el hangar junto con otros materiales inflamables.
Los cuatro ministros y el primer ministro que figuran en la lista habían recibido por escrito advertencias de la presencia de los explosivos y tenían cargos ejecutivos durante la detonación. Durante más de un lustro, distintos responsables no actuaron o se comunicaron indebidamente para evitar la catástrofe final, que llegó la tarde del 4 de agosto de 2020. La magnitud de la onda expansiva hizo que vecinos de múltiples barrios pensaran que su propio edificio había sido atacado. “Esto parece Hiroshima y Nagasaki”, dijo entre lágrimas el entonces gobernador de Beirut, Marwan Abboud, mientras pisaba cristales en la zona cero. La explosión dejó más de 7.000 heridos, colapsó hospitales, damnificó barrios enteros y dejó centenares de miles de personas sin techo de manera provisional. Fue también un golpe psicológico, que llevó a numerosos jóvenes preparados a perder la esperanza en su país y hacer las maletas.
Las 2.750 toneladas de nitrato de amonio habían llegado a Beirut en 2013 a bordo de un buque con bandera de Moldavia, un país sin salida al mar. Quedó abandonado por problemas técnicos y la carga, descargada en los almacenes del puerto. La documentación de la nave indicaba que el destino final del material era Mozambique. Investigaciones posteriores lo refutan, vinculando la empresa propietaria de este material —utilizado como fertilizante pero también para la elaboración de armamento— con empresarios relacionados con el entonces líder sirio, Bachar el Asad, al principio de la guerra en el país vecino concluida el año pasado.
Retraso por el ataque israelí con walkie-talkies
Bitar planeaba reanudar la investigación a mitad de septiembre, pero el ataque israelí mediante la detonación de miles de buscas y walkie-talkies de personas relacionadas con Hezbolá y su posterior guerra abierta con la milicia chií forzó a posponerlo. Ahora, la resurrección del caso coincide con una serie de sucesos favorables. Tras más de dos años sin presidente y con un Gobierno en funciones, Líbano vuelve a tener instituciones funcionales, y lo hace con líderes ajenos a la clase política tradicional que se pronuncian a favor de la separación de poderes.
Hezbolá, el grupo más crítico con la labor del juez, se encuentra ahora concentrado en su propia reconstrucción tras el conflicto con Israel. Su difunto líder, Hasan Nasralá, acusó en 2021 a Bitar de politizar el caso y de parcialidad, al “escoger determinadas personas”, en referencia a sus aliados de Amal, también chiíes. Dos días después, ambos grupos convocaron una concentración en Beirut, exigiendo el remplazo del instructor, que degeneró en combates callejeros. La jornada dejó siete muertos y la sensación de que el caos podía llegar antes que la rendición de cuentas.
Durante su toma de posesión, el presidente Joseph Aoun advirtió que ambiciona un país “sin inmunidades ni favoritismos”, mientras que el primer ministro, Nawaf Salam, presidía hasta enero el Tribunal Internacional de Justicia.
La jubilación de Ghassan Oueidat, el anterior fiscal general, ha supuesto otro cambio clave. Oueidat se había inhibido del caso en 2020 por su relación de parentesco con su cuñado Ghazi Zeaiter, exministro de Finanzas investigado por Bitar. Su inhibición había sido aceptada por las autoridades pertinentes, inhabilitándole para tomar futuras decisiones sobre el caso. En 2023, cuando el actual juez incluyó al propio Oueidat en la lista de sospechosos, el fiscal general emitió una circular a los funcionarios de la Fiscalía para impedirles colaborar con el juez y liberar a las 17 personas que Bitar había detenido hasta ese momento, imposibilitando la continuidad de la investigación.
Ghida Frangieh, abogada e investigadora de Legal Agenda, colectivo legal libanés en favor de la separación de poderes, considera que aquello fue un golpe judicial. “Entre la comunidad legal libanesa existe el consenso que las acciones de Oueidat fueron ilegales”, explica. “El cerco a Bitar”, alega, fue motivado por un conflicto de intereses: “El fiscal general pasó a ser un acusado. No hay que olvidar que Oueidat supervisó una investigación interna, que acabó cerrada, sobre la presencia del nitrato de amonio en el puerto previa a la explosión”. Aquello ocurrió en junio de 2020, dos meses antes del desenlace fatal.
Ahora, el nuevo fiscal general ha revocado la marginalización del juez y ha dado nueva vida al caso después de que Fiscalía y Parlamento se negaran a autorizar el interrogatorio de cargos políticos. Tanto en esta investigación judicial como en otras, lamenta Frangieh, el problema de fondo es la inmunidad de los altos cargos: “El juez Bitar considera que tiene jurisdicción para interrogar a ministros y altos cargos de seguridad, mientras que los partidos políticos consideran que debería limitarse a trabajadores rasos”.
Un paso hacia la independencia judicial
La organización de derechos humanos con sede en EE UU Human Rights Watch (HRW) reclama desde 2020 a la comunidad internacional a lanzar una investigación imparcial sobre la explosión del puerto. Consideran que la justicia nacional tiene problemas “sistémicos” que permiten a los poderosos evitar las consecuencias de sus crímenes y que la determinación de un solo juez no es suficiente. En el Parlamento, recuerda, hay desde hace tiempo proyectos de ley pendientes que deben ser aprobados para que este y otros casos acaben en sentencia.
Ramzi Kais, investigador libanés de HRW, anticipa que el camino de obstáculos no termina aquí: “Aunque el juez emita una acusación, podemos esperar dificultades legales durante el juicio”. Kais recuerda que todavía existen vías en las que se pueden suspender procesos mediante querellas, y afirma que solo el compromiso del Gobierno y del Parlamento podrá proteger la independencia judicial. “Sin la aprobación de ciertas enmiendas, no se podrá conseguir rendición de cuentas en este caso”.
Uno de los elementos de presión hacia las autoridades libanesas era la posible aparición de una investigación internacional. En 2023, tras el llamado “golpe judicial” de Oueidat, tanto el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se pronunciaron en contra de la obstrucción de la justicia en Líbano. Pero las invasiones de Gaza y Líbano cambiaron las prioridades globales y el caso cayó aún más en el olvido.
A Mariana Fodoulian, que lleva el rostro de su hermana fallecida durante la explosión tatuado en el antebrazo, el punto muerto en el que se encuentra la vía internacional no le preocupa. “Un juez extranjero no podrá entender cómo nos sentimos los libaneses”, explica a este diario. “Tenemos que lograr justicia desde aquí. Bitar ya ha recorrido un largo camino y no podemos perderlo. Hay mucha documentación preparada”. Conseguir justicia en Líbano, añade, sería “el inicio del cambio”. “La interferencia política en la justicia tiene que terminar. No nos detendremos”.
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