MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) –
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha reclamado vías legales y seguras para las personas migrantes, así como alternativas a la «detención» y la no devolución a países «inseguros», entre las medidas que ha propuesto al Gobierno para la elaboración de la nueva Ley de Asilo que se encuentra preparando el Ejecutivo.
CEAR ha presentado sus medidas en un desayuno informativo que ha organizado la ONG en Madrid. En este sentido, ha recordado que la nueva Ley de Asilo se convertirá en la tercera que se apruebe durante el periodo democrático y su objetivo será adaptar el marco normativo español al Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entrará en vigor en junio de 2026.
El presidente de CEAR, Carlos Berzosa, ha señalado que confía en que se tengan en cuenta sus propuestas para la elaboración de la nueva ley, que «puede ser un dique de contención frente a las políticas contrarias a derechos», que ha dicho que se están impulsando en otros países.
Así, la organización ha presentado un decálogo de propuestas con el objetivo de que España «defienda» la Europa de «valores y derechos». «Somos conscientes de todas las situaciones difíciles y de limitaciones que existen, pero nos parece que hay que ser optimistas para reforzar estos derechos que creo que son fundamentales y son básicos», ha apuntado Berzosa.
En primer lugar, la ONG pide garantizar vías legales y seguras para solicitar protección internacional. A juicio de la entidad, la nueva ley debe incluir la posibilidad y el procedimiento para solicitar protección internacional en embajadas y consulados españoles «para evitar que las personas tengan que arriesgar sus vida en rutas cada vez más peligrosas y mortales».
Por otro lado, reclama asegurar el acceso al procedimiento de protección internacional y que se mantengan las garantías existentes. Considera que, tanto en frontera como en el interior del territorio, se debe garantizar la asistencia jurídica gratuita y los derechos a la información, intérprete y a un recurso efectivo. Además, expone que para evitar demoras «injustificadas» se debe establecer el registro de solicitud en un plazo máximo de cinco días desde que la persona exprese su voluntad de solicitar asilo y de 21 días desde el registro para su formalización mediante entrevista. En el caso de superar cualquiera de estos plazos, CEAR apuesta por expedir automáticamente el documento de solicitante de protección internacional.
Entre las medidas propuestas por la ONG, reclama evitar la detención y pide alternativas, ya que «tiene que ser el último recurso y siempre de forma motivada». En esta línea, el director general de CEAR, Mauricio Valiente, ha asegurado que, según las conversaciones que ha mantenido la ONG con el Gobierno, «no va a haber una ampliación del periodo de los procedimientos en el frontera».
Asimismo, quiere que se asegure el respeto al principio de no devolución. En este sentido, solicita que se introduzcan garantías para que los listados europeos de país de origen seguro no supongan «una vulneración del principio de no discriminación por nacionalidad».
También reclama garantizar condiciones de acogida adaptadas a personas en situación de vulnerabilidad, como el nombramiento de un tutor legal para que asista a menores en la tramitación de la solicitud de protección internacional y en el centro de acogida.
PIDE GARANTIZAR AUTORIZACIONES DE TRABAJO
Además, CEAR considera que el papel de ACNUR en el procedimiento de asilo se debe mantener, al ser «un rasgo distintivo del sistema español». Igualmente, quiere que se garantice la autorización de trabajo a las personas solicitantes de asilo a los seis meses desde que registran su solicitud. Finalmente, CEAR propone garantizar el derecho a la vida en familia y establecer el mecanismo independiente de monitoreo de los derechos humanos.
Según ha explicado Valiente, estas propuestas las han elaborado sin tener el texto en el que trabaja el Gobierno para una nueva Ley de Asilo y ha añadido que se trata de medidas que creen que son «fundamentales». «Nosotros no prejuzgamos, simplemente situamos los elementos que nos parecen fundamentales. Pero no tenemos ninguna información, porque no hemos visto un texto. Sabemos que existe, pero no lo hemos visto», ha indicado.
Valiente también ha agregado que el decálogo con estas medidas se las han trasladado ya al Gobierno, pero que ahora su propósito es trabajar con todos los grupos parlamentarios «para que haya un trabajo real».
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